Las responsabilidades

El proyecto de retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional (a pesar de las críticas que se puedan hacer a esta institución) y los esfuerzos por bloquear la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) son un claro mensaje del régimen de impunidad que se quiere restablecer en este país en el nuevo gobierno de extrema derecha. Todo el mundo está de acuerdo con la paz, siempre y cuando se imponga un régimen selectivo de responsabilidades consistente en considerar que durante los difíciles años de conflicto hubo un agresor (las guerrillas) y la respuesta de la sociedad y del Estado fue un ejercicio de legítima defensa, a pesar de los horrores cometidos.

Cuando un país ha pasado por un grave conflicto interno o una guerra con el exterior, debe resolver, al menos, tres problemas para recuperar su estabilidad: la reparación de los daños y la atención a las víctimas; la asignación de responsabilidades por las exacciones cometidas; y la elaboración del significado de lo sucedido, es decir, la construcción de una “memoria ejemplar” que permita incluir los acontecimientos en una secuencia histórica con sentido. Del éxito de estas tres tareas depende la posibilidad de consolidar una “paz estable y duradera”, meta de la cual Colombia está bastante lejos.

La lista de países del mundo que han pasado por este proceso es bastante amplia en todos los continentes. Alemania, España y Francia han tenido que vivir un “duelo histórico” por su participación en la Segunda Guerra Mundial, la dictadura de Franco o la Guerra de Argelia, respectivamente. En América Latina tenemos el caso de los países que vivieron dictaduras militares atroces para cuya superación crearon “comisiones de la verdad”. En Colombia, La Violencia de los años 1950 tuvo una precaria salida institucional, porque el Frente Nacional, ideado para ponerle fin, fue un pacto de impunidad y de “perdón y olvido”. La única excepción la constituyó la publicación en 1962 del libro La violencia en Colombia de Germán Guzmán (y otros) que contó con todo detalle “lo que no se podía revelar” y causó gran conmoción.

Hoy en día, las víctimas han ganado gran protagonismo y contamos con un amplio material acerca de las últimas cuatro décadas, construido por el CNMH y la Comisión de la Verdad. El problema esencial está en la segunda tarea: ¿cómo asumir las responsabilidades frente al conflicto? El hecho es que la figura jurídica de la legítima defensa, que prescribe una proporcionalidad entre la agresión y la reacción (Art. 32:6 del Código Penal) no es suficiente. Los grupos guerrilleros tuvieron una enorme responsabilidad en lo sucedido pero la reacción de la sociedad y el Estado no fue simplemente un acto defensivo: los paramilitares comenzaron como grupos “contrainsurgentes”, pero rápidamente se convirtieron en depredadores, igual o peores que sus enemigos; los “falsos positivos”, las masacres indiscriminadas, etc.

Un verdadero juicio de responsabilidades debe incluir a los grupos guerrilleros, a las bandas paramilitares, a sectores civiles que las apoyaron y a sectores de las fuerzas militares. Éste fue el proyecto que se esbozó después de las negociaciones con las FARC y que se cristalizó en la JEP, a pesar de los recortes que sufrió.

La tarea no es fácil en un conflicto que no ha terminado. Colombia ha pagado un elevado precio por no haber podido resolver institucionalmente, como era debido, La Violencia de los años 1950. Actualmente estamos en una situación similar. La salida extrema sería la posibilidad de una “Ley de punto final”, que tendría como prerrequisito el reconocimiento de las responsabilidades por cada uno de los actores comprometidos, tarea casi imposible.