En Tumaco, la Policía Nacional se ha comportado como una organización criminal. Por eso, el presidente Santos no puede quedarse como un simple y neutral espectador: tiene que dar una señal contundente frente a hechos de absoluta gravedad.
Sobre la masacre, la Defensoría del Pueblo concluyó que fueron policías antinarcóticos los responsables de ésta, que dejó muertos a seis campesinos y heridos a otros 20. Por su parte, Medicina Legal confirmó que los campesinos fueron asesinados por balas de fusil. Los informes contradicen de forma cruda la versión difundida por la Policía Nacional, que prontamente acusó a las Farc de la masacre.
Pero la Policía al parecer no solamente mató a los campesinos y después, mintiendo, trató de inculpar a las Farc. El pasado lunes los medios reportaron que la Policía intimidó con tiros al aire y lanzando balas aturdidoras a la comisión encargada de verificar la masacre, integrada también por miembros de Naciones Unidas y la OEA. Todos estos graves hechos demuestran que la Policía Nacional ha desatendido su mandato constitucional de mantener “las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas”, como declara el artículo 218. Desafortunadamente este no es un caso aislado.
De hecho, es suficiente traer a la memoria algunos de los escándalos que han involucrado a la Policía Nacional en los últimos años para darse cuenta de que el problema no es de unas cuantas manzanas podridas, sino que se trata de un sistema que permea también a la cultura de esta institución.
Aquí hay algunos ejemplos: en febrero de 2016, el general Palomino tuvo que renunciar al cargo de director nacional acusado de favorecer a redes de prostitución y de ordenar seguimientos ilegales. En el 2007, 12 generales salieron de la institución acusados de haber grabado ilegalmente más de 8.000 horas de conversaciones privadas de funcionarios del Gobierno, miembros de la oposición, fiscales y periodistas. En agosto de 2001, un policía en Bogotá asesinó al grafitero Diego Felipe Becerra, de tan solo 16 años. La Fiscalía reveló que hubo un montaje, que involucra también a altos mandos de la Policía, para presentar al joven como a un criminal. En el 2011, el general Mauricio Santoyo fue extraditado a Estados Unidos porque abusó de su cargo al asesorar, apoyar y hasta suministrar personal a los paramilitares a cambio de millonarios sobornos.
La Policía Nacional no está enferma de gripa sino de cáncer, lo cual no se puede curar con una aspirina. Ahora bien, en el 2011, plagado por una serie de escándalos, el DAS fue liquidado. Como dijo el presidente Santos en aquella ocasión, fue necesario para el bien del país. Por lo tanto, hoy es necesario efectuar una reforma profunda en la doctrina de la Policía Nacional, especialmente en esta difícil fase del posconflicto.
Mientras tanto el presidente Santos tiene que dar una señal inequívoca y pedir la renuncia del general de la Policía Antinarcóticos, José Ángel Mendoza Guzmán. Porque hay que asumir también la responsabilidad política de la masacre de Tumaco.
En Tumaco, la Policía Nacional se ha comportado como una organización criminal. Por eso, el presidente Santos no puede quedarse como un simple y neutral espectador: tiene que dar una señal contundente frente a hechos de absoluta gravedad.
Sobre la masacre, la Defensoría del Pueblo concluyó que fueron policías antinarcóticos los responsables de ésta, que dejó muertos a seis campesinos y heridos a otros 20. Por su parte, Medicina Legal confirmó que los campesinos fueron asesinados por balas de fusil. Los informes contradicen de forma cruda la versión difundida por la Policía Nacional, que prontamente acusó a las Farc de la masacre.
Pero la Policía al parecer no solamente mató a los campesinos y después, mintiendo, trató de inculpar a las Farc. El pasado lunes los medios reportaron que la Policía intimidó con tiros al aire y lanzando balas aturdidoras a la comisión encargada de verificar la masacre, integrada también por miembros de Naciones Unidas y la OEA. Todos estos graves hechos demuestran que la Policía Nacional ha desatendido su mandato constitucional de mantener “las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas”, como declara el artículo 218. Desafortunadamente este no es un caso aislado.
De hecho, es suficiente traer a la memoria algunos de los escándalos que han involucrado a la Policía Nacional en los últimos años para darse cuenta de que el problema no es de unas cuantas manzanas podridas, sino que se trata de un sistema que permea también a la cultura de esta institución.
Aquí hay algunos ejemplos: en febrero de 2016, el general Palomino tuvo que renunciar al cargo de director nacional acusado de favorecer a redes de prostitución y de ordenar seguimientos ilegales. En el 2007, 12 generales salieron de la institución acusados de haber grabado ilegalmente más de 8.000 horas de conversaciones privadas de funcionarios del Gobierno, miembros de la oposición, fiscales y periodistas. En agosto de 2001, un policía en Bogotá asesinó al grafitero Diego Felipe Becerra, de tan solo 16 años. La Fiscalía reveló que hubo un montaje, que involucra también a altos mandos de la Policía, para presentar al joven como a un criminal. En el 2011, el general Mauricio Santoyo fue extraditado a Estados Unidos porque abusó de su cargo al asesorar, apoyar y hasta suministrar personal a los paramilitares a cambio de millonarios sobornos.
La Policía Nacional no está enferma de gripa sino de cáncer, lo cual no se puede curar con una aspirina. Ahora bien, en el 2011, plagado por una serie de escándalos, el DAS fue liquidado. Como dijo el presidente Santos en aquella ocasión, fue necesario para el bien del país. Por lo tanto, hoy es necesario efectuar una reforma profunda en la doctrina de la Policía Nacional, especialmente en esta difícil fase del posconflicto.
Mientras tanto el presidente Santos tiene que dar una señal inequívoca y pedir la renuncia del general de la Policía Antinarcóticos, José Ángel Mendoza Guzmán. Porque hay que asumir también la responsabilidad política de la masacre de Tumaco.