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El pasado domingo accedí a mi cuenta de TikTok que abrí en Estados Unidos y, en lugar de ver los videos seleccionados por el algoritmo, apareció un mensaje alertándome de que no era posible utilizar la aplicación. “Tenemos la fortuna de que el presidente Trump haya indicado que trabajará con nosotros para encontrar una solución que permita rehabilitar TikTok una vez que se posesione”. Que una ley del Congreso de Estados Unidos, avalada por la Corte Suprema, me impida a mí y a otros 170 millones de usuarios utilizar una red social no solo me frustró, sino que también me parece una señal peligrosa.
El pretexto para la prohibición es la exigencia a TikTok de desvincularse de su matriz china, ByteDance. La justificación radica en las preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con la recopilación de datos de usuarios estadounidenses y la posible influencia china. Como resultado, al momento de escribir esta columna la aplicación ya no está disponible en Apple y Google en Estados Unidos. El presidente Donald Trump, quien asumió el cargo ayer, ha indicado que “probablemente” concederá a TikTok una prórroga de 90 días para evitar su prohibición inmediata. Además, el mandatario ha sugerido la posibilidad de establecer una empresa conjunta 50-50 entre ByteDance y una nueva empresa estadounidense como una solución potencial. ¿Estará Elon Musk interesado en invertir en TikTok? En abril de 2025, Musk expresó públicamente que considera que “TikTok no debería prohibirse en Estados Unidos, aunque tal prohibición pueda beneficiar a la plataforma X”.
Las reacciones de los defensores de la libertad han sido contundentes. La decisión de la Corte Suprema de permitir la prohibición ha sido duramente criticada, ya que otorga al Gobierno un poder sin precedentes para silenciar discursos que no le resulten favorables. Expertos legales argumentan que, bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, el Gobierno debe cumplir con un estándar muy alto para justificar la prohibición de una plataforma de comunicación completa. De hecho, esta medida, adoptada bajo el pretexto de la seguridad nacional, establece un precedente peligroso para futuras restricciones a la libertad de expresión en Internet.
La ley del Congreso efectivamente crea un estado de excepción. De hecho, representa una suspensión parcial del orden jurídico normal, especialmente en lo relacionado con la libertad de expresión y el libre mercado. En la era de las tecnologías exponenciales, las redes sociales están siendo vistas como el nuevo enemigo interno. Esto está llevando a que el sistema liberal, que proclama la libertad de expresión y el libre mercado, suspenda sus propios principios frente a lo que percibe como una amenaza existencial. Por último, la prohibición debilita la posición de Estados Unidos como defensor de la libertad en internet a nivel global y legitima que otros gobiernos censuren plataformas extranjeras bajo pretextos similares. Hoy es un mal día para la libertad.