La liebre nunca alcanzará a la tortuga

Alejandro Álvarez
21 de enero de 2023 - 05:01 a. m.

La política de educación para jóvenes y adultos

Necesitamos nuevos aires en la política de educación de jóvenes y adultos (EPJA). En primer lugar, porque las pocas e imprecisas cifras que tenemos sobre analfabetismo absoluto y funcional no parecen inquietarnos suficiente. Segundo, porque los modelos flexibles que el MEN avala para desarrollar programas con estas personas en la práctica han in-flexibilizado la posibilidad de trabajar con otras alternativas. Tercero, porque la deserción escolar o el no ingreso a la escuela en las edades que corresponden seguirán produciendo jóvenes y adultos analfabetas.

Los últimos datos que el país tiene sobre esta dolorosa realidad son del censo de 2018. Según eso, la tasa de analfabetismo absoluto es del 5,2 %, es decir que 1`857.000 personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir. Esto suponiendo que todas las personas censadas respondieron con sinceridad la pregunta que les hicieron al respecto. Pero este dato oculta la diferencia entre el campo y la ciudad. Los datos que el MEN publicó en 2017 mostraban que mientras en las grandes ciudades el porcentaje podía estar entre el 2 y el 3 %, en el sector rural estaba entre el 10 y el 14%. Según la edad, las cifras en los adultos mayores eran altas: más del 10 % de las personas entre 60 y 64 años eran analfabetas absolutas, y mayores de 85, el 30,5 %; en las personas con discapacidad es alarmante: 34 %. (Lineamientos para la educación formal de personas jóvenes y adultas, MEN 2017). Los datos sobre el analfabetismo funcional, es decir sobre la cantidad de personas que fueron pocos años a la escuela y tienen una precaria relación con la lectoescritura, son escasos y dispersos. En los estudios que se han hecho en la Universidad Pedagógica Nacional, desde su programa de educación comunitaria, se señala que “en 2021 el 40 % de la PEA (24.135.000 personas) no tiene ningún nivel educativo o apenas completó la básica primaria (quinto grado) (…) son cerca de 9.500.000 personas que se hallan en extraedad absoluta, excluidos del sistema educativo”.

Si hoy fuéramos a buscar todas esas personas, que son más que cifras, no sabemos dónde están, ni quiénes son; no hay un mapa cierto sobre analfabetismo, condición para poder implementar la política.

Tampoco tenemos investigaciones profundas que averigüen por qué hay personas que no saben leer y escribir, ¿la escuela los expulsa?, ¿no tuvieron dinero para ir a la escuela, o tuvieron muchas barreras de acceso?, ¿la guerra les impidió ir?, ¿la economía ilegal les ofreció alternativas más atractivas que la escuela?; seguramente la respuesta sería: todas las anteriores. Pero una política educativa debe saber esto en detalle para actuar de manera pertinente en cada caso, porque no es lo mismo; también se requiere un estudio que incorpore análisis de determinantes sociales diferenciales.

Si se revisan los planes y las realizaciones de los últimos gobiernos, se observa que se han implementado “programas flexibles” en alianzas con la cooperación internacional y el sector privado, algunos de los cuales adolecen de estos enfoques. Los lineamientos de política están llenos de buenas intenciones y parecen conceptualmente claros en la comprensión integral del problema, sin embargo, durante los últimos 30 años, el analfabetismo sólo se ha logrado bajar un punto porcentual por década (La EPJA en Colombia, treinta años después, Jiménez, C, UPN 2022), lo que significa que tardaríamos 50 años o más para erradicarlo. Después de la Ley 115 de 1994, se promulgó el Decreto 3011 (1997), que se convirtió más en un obstáculo que en un estímulo para actuar. Luego, en el Plan de Desarrollo de 2002-2006 se comenzó a hablar de Modelos Educativos Flexibles (MEF) y de Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI) (Orientación Recursos, colección educación formal adultos, PDF, https://www.colombiaaprende.edu.co/).

Varios de estos MEF, como “Tejiendo Saberes”, “A Crecer para la vida”, “Grupos Juveniles Creativos”, entre otros, avalados por el MEN, terminan siendo, más allá de la calidad de su propuesta pedagógica, modelos, es decir, instrumentos que pretenden usarse en cualquier contexto, diferente al que le dio existencia; cualquier otra iniciativa, no registrada y validada por el MEN, queda excluida de la posibilidad de certificar los niveles de estudio cursados. Pero además son modelos que pretenden ser rápidos y económicos, y esto atenta contra la dignidad de las personas que reciben la oferta educativa. En la EPJA hay un consenso, reconocido incluso en los lineamientos de política citados, y es que los procesos educativos se llevan a cabo, no para las personas, sino CON las personas, sujetos de dichos procesos.

Algo no se ha hecho bien, como en otros temas de la política educativa, hay mas intenciones que realizaciones.

Creemos que el Estado colombiano debe tomar cartas en el asunto de una manera más decidida. Primero, invirtiendo los recursos necesarios para su erradicación definitiva; segundo, descentralizando la política; tercero, definiendo lineamientos que superen la idea de modelar los métodos pedagógicos para simplificarlos y abaratar costos; cuarto, permitiendo alternativas territoriales que atiendan de manera integral los procesos, interculturales, articulados al sistema educativo formal; y finalmente, dotando a los departamentos y municipios de los recursos necesarios para ello. La UPN tiene un Programa de educación de personas jóvenes y adultas (Acuerdo 006 de 2017), y hace parte de la Red Pedagógica, Intercultural y Comunitaria de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, desde donde se ha venido trabajando en dicha dirección.

La invitación es a armonizar y articular la política de EPJA con una política educativa que garantice el derecho a la educación a toda la población; no basta con alfabetizar, hay que evitar que haya nuevos analfabetas, para no seguir como la liebre que nunca alcanzará a la tortuga.

* Universidad Pedagógica Nacional, rector.

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