La difusión de los tres acuerdos parciales entre el Gobierno y las Farc muestra cosas importantes.
Primero, señala que la guerrilla reconoce la soberanía estatal y se somete, como el resto de colombianos, al imperio de la ley, y que el Gobierno, a su vez, la reconoce como portadora de un proyecto político que puede impulsarse por medios democráticos, sin armas. Segundo, muestra el amplio margen de convergencia entre Gobierno y guerrilla cuando se trata de buscar soluciones viables a los grandes problemas nacionales, como el agrario y el de drogas ilícitas.
Ambos interlocutores coinciden en que se requiere una reforma rural integral, para hacer justicia con los sectores campesinos excluidos y los territorios atrasados, con gran déficit de los derechos fundamentales de la población. También coinciden en que la política contra las drogas debe ser reformulada para enfatizar la lucha contra el crimen organizado, el lavado de dinero, el enriquecimiento ilícito y los daños a la salud pública, pero que también debe ocuparse de crear oportunidades de desarrollo para los cultivadores y concertar con ellos la erradicación voluntaria de cultivos, mientras se reserva la erradicación forzosa para situaciones excepcionales, hasta dejar de ser país productor.
En el acuerdo agrario aparece explícita una primera discrepancia fundamental: para el Gobierno la reforma rural integral debe reversar los efectos del conflicto y cambiar las condiciones que reproducen la violencia, y para las Farc la reforma debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad de la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales.
El Gobierno tiene razón en este punto. Las causas históricas son parte del pasado, que no puede cambiarse, pero las consecuencias pertenecen al presente y son las que hay que transformar para evitar la reproducción de la violencia en el futuro. Las Farc insisten en las causas históricas porque ellas son la justificación ideológica de su existencia como insurgentes y les permiten afirmar que su lucha sigue en pie mientras existan las causas. Se les olvida que las causas históricas no conducen mecánicamente a consecuencias si antes no media la decisión voluntarista de asumir la lucha armada para actuar sobre esas causas, como ellos decidieron hacer desde mediados de los años sesenta, en vez de la lucha política en democracia.
Si se aplicara ese criterio a las mismas guerrillas como causa de violencia, como de hecho han sido, habría que decir que la insurgencia ha generado tres consecuencias muy negativas: primera, obligó a Colombia a fortalecer sus Fuerzas Militares a costa del gasto social; segunda, generó la reacción defensiva privada de las mafias y los terratenientes, que desembocó en el genocidio paramilitar, y la peor, congeló la tramitación democrática de los conflictos sociales, empezando por la propiedad de la tierra, y frenó la reforma agraria y la atención a las comunidades rurales, cuyas protestas fueron criminalizadas como acciones manipuladas por las guerrillas.
Por todo eso, el fin del conflicto armado nos permite hacer la tan aplazada reforma agraria, destinar la Fuerza Pública a la seguridad ciudadana y la eliminación del crimen organizado y, lo más importante, hacer una apertura democrática para liberar de manera política la presión, cercana a una gran explosión social, de los conflictos sociales no resueltos en razón de la mezcla letal entre política, movilización social y uso de la violencia organizada, que exaspera a la población excluida de Colombia.
* Alejandro Reyes Posada
