El imperio de la ley agraria

El mayor despojo de tierras en la historia colombiana ha sido la apropiación ilegal de los baldíos, cuya destinación era el reparto de tierras a campesinos sujetos de reforma agraria. Despojo agravado cuando las tierras no se usan para la producción sino para la valorización. A comienzos del siglo XX la mayor parte de las tierras eran baldías, con excepción de las estructuras de propiedad consolidadas de las haciendas cercanas a las ciudades —comunicadas por la incipiente red de carreteras— y del minifundio andino heredero de los resguardos indígenas.

La ley de reforma agraria previó que la ocupación de los nuevos territorios se hiciera de manera ordenada, asignando derechos de propiedad por adjudicación a los colonos que las cultivaran; eso explica que en un siglo el Estado hubiera entregado un poco más de 25 millones de hectáreas. Si se hubiera cumplido la ley, no tendríamos un problema de desigualdad tan severo como el que tenemos. El secreto es que en el proceso de ocupación y titulación hubo un cambiazo generalizado, pues antes de la formalización los colonos vendieron sus derechos de ocupación para habilitar a los compradores extensivos como beneficiarios de las adjudicaciones, o, como ocurrió en la costa Caribe, los ganaderos usaron al campesinado, sometido al arriendo y la aparcería, para desmontar las selvas y transformarlas en potreros, y ese campesinado fue expulsado masivamente cuando el Gobierno Lleras hizo aprobar la Ley 1 de 1968, que prometía titularla a los campesinos arrendatarios.

Como resultado de esta historia, el derecho agrario contempla los modos de arreglar el problema de la concentración de la propiedad en manos de los señores de la tierra y de la guerra, que comienzan con el proceso legal de la clarificación del dominio, que distingue la propiedad privada consolidada de la que ha sido titulada fraudulentamente, por ejemplo, con sentencias de pertenencia sobre tierras que no tienen antecedentes de propiedad en el registro, o sea, baldías, que son imprescriptibles. Cuando ese es el caso, procede el proceso de recuperación de los baldíos para conformar el fondo de tierras para campesinos.

Las otras dos fuentes grandes de tierras proceden de la extinción del dominio, por el principio constitucional de la función social de la propiedad, cuando las tierras se mantienen ociosas en espera de capturar las rentas creadas por la infraestructura pública y de la extinción del dominio de tierras adquiridas con recursos ilícitos como el narcotráfico y la corrupción. Pero las tres fuentes para acopiar las tierras de la reforma agraria exigen un serio compromiso del Ministerio de Agricultura, cuya capacidad fue desmantelada durante los gobiernos de Santos, bajo la cartera de Aurelio Iragorri, quien la sustituyó por un sistema de peajes para captar coimas, y durante el gobierno de Duque, quien no tuvo interés en cumplir el primer punto del Acuerdo de Paz, que era la paz con los campesinos.

La oferta de tierras de los ganaderos de Fedegán tenía el costo implícito de renunciar al uso de los instrumentos legales de acopio de tierras y su virtual fracaso explica el reemplazo de la ministra Cecilia López por Jhenifer Mojica, quien, siendo subgerente de Tierras del Incoder cuando lo dirigía Miriam Villegas, se atrevió a encarar a los grandes acaparadores de tierras en el Magdalena Medio y la altillanura del Meta y Vichada, para recuperar los baldíos para campesinos. Es obvio que se enfrentará a intereses poderosos, pero resolver los conflictos agrarios exige que el Gobierno aplique las leyes favorables a los campesinos, aunque tenga que plantar cara a los acaparadores ilegales. Dura es la ley, pero es la ley.