El monopolio militar frena el desminado

La siembra de minas antipersonales y los francotiradores fueron las dos tácticas usadas por las guerrillas para enfrentar la ofensiva del Ejército.

Los campos minados crean un riesgo indiscriminado contra los pobladores rurales a largo plazo, que cobra sus víctimas paso a paso entre los combatientes y los no combatientes, que en las regiones afectadas por la guerra fueron precisamente quienes se resistieron al desplazamiento forzoso.

Colombia firmó la Convención contra minas de Otawa de 1997 y se comprometió a desminar los perímetros de sus instalaciones militares, cosa que efectivamente hizo, y a hacer todos los esfuerzos para descontaminar el territorio nacional de minas y municiones sin explotar. En 2009, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, invitó a las agencias internacionales de desminado humanitario a venir al país. Desde entonces, atravesaron un penoso calvario burocrático ante la llamada Instancia Intergubernamental, controlada por el Ministerio de Defensa, para acreditarse ante el Gobierno colombiano y poder hacer el desminado. Los mandos militares quieren impedir u obstaculizar el ingreso de competidores civiles, y tras ellos se esconden los contratistas que le venden los equipos de desminado al batallón, cuya acción es más costosa y menos eficiente, precisamente por ser blanco potencial de las guerrillas.

La UNMAS, organización de las Naciones Unidas para el desminado humanitario, nombró como representante en Colombia a Marc Bonnet, un experto francés de alto nivel, quien se esforzó infructuosamente en abrir el espacio de trabajo a las grandes organizaciones internacionales, con experiencia en Camboya, Afganistán, Irak, Líbano, Bosnia y Somalia, para desminar a Colombia conjuntamente y en coordinación con el batallón de desminado del Ejército. Al final de su mandato, sólo se había autorizado a la inglesa Halo Trust y a ésta sólo le autorizaron dos municipios, de los cerca de 700 que tienen minas sembradas. Colombia no es sólo Magia Salvaje, sino también magia explosiva, como lo prueban las más de 10.000 víctimas de minas.

En todos los demás casos de desminado en el posconflicto, cuando terminaron las guerras civiles, predominó el desminado hecho por civiles, en asocio con la población local, pues el orden lógico del desminado inicia con los estudios no técnicos, que son la cartografía social, hecha con pobladores locales y todas las demás fuentes de información, que permiten hacer el mapa detallado de los campos minados o con sospecha de minas, para luego proceder a despejar el territorio.

Declarar a Colombia libre de minas y artefactos explosivos sin estallar será una enorme tarea, que requerirá capacitar a las comunidades para prevenir accidentes, hacer mapas detallados de sospecha de minas, rehabilitar a las víctimas, desactivar las detectadas y recuperar suelos para la producción, la restitución y el retorno de la población campesina y la inversión agroindustrial. Lo inteligente es sumar esfuerzos entre la experiencia de las fuerzas militares y la que se ha acumulado en las guerras civiles del mundo, que puede ser transmitida por las organizaciones civiles, nacionales o internacionales, cuya verdadera tarea será la de capacitar a 50 mil personas, hombres y mujeres, para desminar al país con máximas medidas de seguridad personal al seguir los protocolos detallados que la experiencia ha ayudado a definir.