Los campesinos han participado en la negociación de la paz al plantear sus problemas y reclamos legítimos con los lenguajes simbólicos de la minga y la concentración en manifestaciones públicas.
El conjunto de sus propuestas puede inscribirse cómodamente en el acuerdo de realizar una reforma rural integral que el Gobierno firmó el 26 de mayo de 2013, pues ese acuerdo señala los cambios estructurales necesarios para superar el atraso de bienestar de la población rural y encaminar el desarrollo de los campesinos, indígenas y negros con un enfoque territorial y de sostenibilidad ambiental y productiva.
El Gobierno, por su parte, tiene un diagnóstico claro y la propuesta de seis estrategias bien detalladas por la Misión Rural, en un trabajo intenso de Planeación Nacional y un conjunto de especialistas, dirigida por José Antonio Ocampo. Además ha oído a los representantes de las organizaciones rurales durante tres años, desde el paro de septiembre de 2013, y por tanto sabe muy bien lo que falta hacer para cerrar la brecha de derechos de la población rural y resolver los conflictos de tierras y desarrollo que la afectan.
El paro del 2014, en plena campaña de reelección de Santos, fue desactivado a cambio del reconocimiento del movimiento agrario representado por la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, que reune a las principales organizaciones rurales del país. Ahora el Gobierno tiene un interlocutor legitimado para concertar las líneas generales de la reforma rural integral acordada en el proceso de paz y un escenario, aunque no el mejor, para hacerlo.
Los campesinos, en cambio, no tienen un interlocutor que pueda concertar con ellos las políticas que podrían cambiar la situación, sencillamente porque el Gobierno, en los últimos tres años, abandonó el propósito de preparar los instrumentos de política necesarios para hacer la reforma rural. La Cumbre Agraria pide un ordenamiento territorial de la propiedad que proteja el medio ambiente de la minería predatoria, asegure la tenencia campesina, recupere la vocación de los baldíos para sus ocupantes campesinos, cree las zonas de reserva campesina y formalice la pequeña propiedad familiar.
Lo único que tiene el Gobierno para mostrar es la eficiente Unidad de Restitución de Tierras Despojadas, creada en 2011, y la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, UPRA, del Ministerio de Agricultura, del mismo año. Pero no ha dado pasos para hacer un nuevo catastro rural, que permitiría iniciar el ordenamiento del territorio, ni está preparando una nueva ley agraria, no ha puesto a andar la nueva Agencia Nacional de Tierras, que podría recuperar los baldíos ilegalmente apropiados y formalizar la tenencia campesina, ni la Agencia de Desarrollo Rural, creadas solo en el papel para reemplazar al Incoder en liquidación. Este instituto, en su fase terminal, estaba dedicado a sanear las grandes haciendas reclamadas como baldíos por ocupantes campesinos, como Bellacruz y Las Pavas, para congraciarse con sus dueños, dando la espalda a los campesinos.
Sin instrumentos preparados para responder en serio las demandas razonables de la Cumbre Agraria, lo único que puede negociar el Gobierno para levantar los paros campesinos, indígenas y afros es lo que ya hizo en 2013 y 2014, con el liderazgo de Aurelio Iragorri, que es prometer nuevos auxilios para proyectos productivos puntuales, para entretener a los líderes sociales con los trámites de los proyectos, para descubrir al final que las organizaciones sociales no son las instancias adecuadas para planificar, ejecutar ni administrar recursos estatales, ni para suplir las deficiencias estructurales del Estado, y, en conclusión, explicar el incumplimiento de promesas por la incapacidad ejecutiva de los mismos campesinos.
Los campesinos han participado en la negociación de la paz al plantear sus problemas y reclamos legítimos con los lenguajes simbólicos de la minga y la concentración en manifestaciones públicas.
El conjunto de sus propuestas puede inscribirse cómodamente en el acuerdo de realizar una reforma rural integral que el Gobierno firmó el 26 de mayo de 2013, pues ese acuerdo señala los cambios estructurales necesarios para superar el atraso de bienestar de la población rural y encaminar el desarrollo de los campesinos, indígenas y negros con un enfoque territorial y de sostenibilidad ambiental y productiva.
El Gobierno, por su parte, tiene un diagnóstico claro y la propuesta de seis estrategias bien detalladas por la Misión Rural, en un trabajo intenso de Planeación Nacional y un conjunto de especialistas, dirigida por José Antonio Ocampo. Además ha oído a los representantes de las organizaciones rurales durante tres años, desde el paro de septiembre de 2013, y por tanto sabe muy bien lo que falta hacer para cerrar la brecha de derechos de la población rural y resolver los conflictos de tierras y desarrollo que la afectan.
El paro del 2014, en plena campaña de reelección de Santos, fue desactivado a cambio del reconocimiento del movimiento agrario representado por la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, que reune a las principales organizaciones rurales del país. Ahora el Gobierno tiene un interlocutor legitimado para concertar las líneas generales de la reforma rural integral acordada en el proceso de paz y un escenario, aunque no el mejor, para hacerlo.
Los campesinos, en cambio, no tienen un interlocutor que pueda concertar con ellos las políticas que podrían cambiar la situación, sencillamente porque el Gobierno, en los últimos tres años, abandonó el propósito de preparar los instrumentos de política necesarios para hacer la reforma rural. La Cumbre Agraria pide un ordenamiento territorial de la propiedad que proteja el medio ambiente de la minería predatoria, asegure la tenencia campesina, recupere la vocación de los baldíos para sus ocupantes campesinos, cree las zonas de reserva campesina y formalice la pequeña propiedad familiar.
Lo único que tiene el Gobierno para mostrar es la eficiente Unidad de Restitución de Tierras Despojadas, creada en 2011, y la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, UPRA, del Ministerio de Agricultura, del mismo año. Pero no ha dado pasos para hacer un nuevo catastro rural, que permitiría iniciar el ordenamiento del territorio, ni está preparando una nueva ley agraria, no ha puesto a andar la nueva Agencia Nacional de Tierras, que podría recuperar los baldíos ilegalmente apropiados y formalizar la tenencia campesina, ni la Agencia de Desarrollo Rural, creadas solo en el papel para reemplazar al Incoder en liquidación. Este instituto, en su fase terminal, estaba dedicado a sanear las grandes haciendas reclamadas como baldíos por ocupantes campesinos, como Bellacruz y Las Pavas, para congraciarse con sus dueños, dando la espalda a los campesinos.
Sin instrumentos preparados para responder en serio las demandas razonables de la Cumbre Agraria, lo único que puede negociar el Gobierno para levantar los paros campesinos, indígenas y afros es lo que ya hizo en 2013 y 2014, con el liderazgo de Aurelio Iragorri, que es prometer nuevos auxilios para proyectos productivos puntuales, para entretener a los líderes sociales con los trámites de los proyectos, para descubrir al final que las organizaciones sociales no son las instancias adecuadas para planificar, ejecutar ni administrar recursos estatales, ni para suplir las deficiencias estructurales del Estado, y, en conclusión, explicar el incumplimiento de promesas por la incapacidad ejecutiva de los mismos campesinos.