Gestionar el territorio para el cambio climático
Colombia se está librando de la maldición de los recursos naturales por el peor camino imaginable: los está destruyendo.
Los bosques andinos, sin los cuales no es posible la recarga de los acuíferos, han sido talados en un 90 por ciento, y la ganadería y la minería avanzan sobre las selvas amazónica y pacífica, transformando el suelo en desierto, sin que el sistema de áreas reservadas tenga el apoyo y los recursos para protegerlas. La erosión afecta ya el 40 por ciento del suelo, los cauces de ríos y humedales se colmatan y su capacidad para regular inundaciones y sequías se debilita, mientras las faldas de montañas deforestadas pierden la estabilidad de los taludes y ocasionan deslizamientos en invierno. Por todo lo anterior Colombia es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático.
La construcción de conocimiento científico sobre los suelos de Colombia se interrumpió al empezar los años noventa, cuando comenzó a perderse la masa crítica de agrólogos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi dirigidos por Abdón Cortés y Dimas Malagón, quienes hicieron el primer mapa de conflictos de uso del suelo, publicado en el Atlas de Colombia de 2002. En otro frente de estudio, el Ideam inició apenas hace poco el inventario geológico de los acuíferos del país, como parte esencial del conocimiento de los recursos hídricos, cuya regulación está a cargo de las CAR, manejadas por los políticos regionales. Estos son los pobres instrumentos con que cuenta el país para hacer una gestión eficaz de los tres recursos básicos para hacer frente al cambio climático: suelos, aguas y bosques.
Detrás de esta destrucción de recursos hay razones de economía política, pues las élites territoriales han ocupado con ganadería extensiva todas las tierras planas y fértiles y han desplazado la ola colonizadora campesina hacia las montañas y las selvas, para abrirles nuevos potreros y repetir el ciclo de valorización y apropiación de los baldíos.
En el acuerdo agrario con las Farc hay herramientas valiosas para hacer frente al cambio climático. Se acordó cerrar la expansión de la frontera agraria y proteger las reservas boscosas. También se definió hacer un nuevo catastro multipropósito en el mundo rural, para definir los derechos de propiedad, los usos adecuados y los impuestos prediales actualizados para financiar a los municipios. Se definió hacer una reforma rural integral para dar acceso a tierra a las más de 250.000 familias de agricultores que carecen de ella y para ello se deben fortalecer los procesos agrarios de clarificación, recuperación de baldíos ilegalmente apropiados, extinción de tierras ociosas y expropiación por razones de utilidad social, que estarán a cargo de la nueva Agencia Nacional de Tierras –ANT– creada en el Ministerio de Agricultura. Ya está en operación la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria –UPRA–, creada en 2013, que inició estudios de distribución de la propiedad, usos del suelo y mercados de tierras rurales.
El nuevo paradigma del enfoque territorial para el desarrollo rural y el concepto de paz territorial prometen abrir las puertas para que los pobladores y agencias de cada territorio asuman la responsabilidad de definir desde lo local el ordenamiento ambiental –protección de servicios ecológicos–, la distribución racional del poblamiento y la propiedad y la visión de desarrollo de su territorio, pues, como demostró la premio Nobel de economía Elinor Ostrom, las comunidades rurales son las más capaces e interesadas en cuidar los bienes comunes del ambiente para el beneficio colectivo.
Colombia se está librando de la maldición de los recursos naturales por el peor camino imaginable: los está destruyendo.
Los bosques andinos, sin los cuales no es posible la recarga de los acuíferos, han sido talados en un 90 por ciento, y la ganadería y la minería avanzan sobre las selvas amazónica y pacífica, transformando el suelo en desierto, sin que el sistema de áreas reservadas tenga el apoyo y los recursos para protegerlas. La erosión afecta ya el 40 por ciento del suelo, los cauces de ríos y humedales se colmatan y su capacidad para regular inundaciones y sequías se debilita, mientras las faldas de montañas deforestadas pierden la estabilidad de los taludes y ocasionan deslizamientos en invierno. Por todo lo anterior Colombia es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático.
La construcción de conocimiento científico sobre los suelos de Colombia se interrumpió al empezar los años noventa, cuando comenzó a perderse la masa crítica de agrólogos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi dirigidos por Abdón Cortés y Dimas Malagón, quienes hicieron el primer mapa de conflictos de uso del suelo, publicado en el Atlas de Colombia de 2002. En otro frente de estudio, el Ideam inició apenas hace poco el inventario geológico de los acuíferos del país, como parte esencial del conocimiento de los recursos hídricos, cuya regulación está a cargo de las CAR, manejadas por los políticos regionales. Estos son los pobres instrumentos con que cuenta el país para hacer una gestión eficaz de los tres recursos básicos para hacer frente al cambio climático: suelos, aguas y bosques.
Detrás de esta destrucción de recursos hay razones de economía política, pues las élites territoriales han ocupado con ganadería extensiva todas las tierras planas y fértiles y han desplazado la ola colonizadora campesina hacia las montañas y las selvas, para abrirles nuevos potreros y repetir el ciclo de valorización y apropiación de los baldíos.
En el acuerdo agrario con las Farc hay herramientas valiosas para hacer frente al cambio climático. Se acordó cerrar la expansión de la frontera agraria y proteger las reservas boscosas. También se definió hacer un nuevo catastro multipropósito en el mundo rural, para definir los derechos de propiedad, los usos adecuados y los impuestos prediales actualizados para financiar a los municipios. Se definió hacer una reforma rural integral para dar acceso a tierra a las más de 250.000 familias de agricultores que carecen de ella y para ello se deben fortalecer los procesos agrarios de clarificación, recuperación de baldíos ilegalmente apropiados, extinción de tierras ociosas y expropiación por razones de utilidad social, que estarán a cargo de la nueva Agencia Nacional de Tierras –ANT– creada en el Ministerio de Agricultura. Ya está en operación la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria –UPRA–, creada en 2013, que inició estudios de distribución de la propiedad, usos del suelo y mercados de tierras rurales.
El nuevo paradigma del enfoque territorial para el desarrollo rural y el concepto de paz territorial prometen abrir las puertas para que los pobladores y agencias de cada territorio asuman la responsabilidad de definir desde lo local el ordenamiento ambiental –protección de servicios ecológicos–, la distribución racional del poblamiento y la propiedad y la visión de desarrollo de su territorio, pues, como demostró la premio Nobel de economía Elinor Ostrom, las comunidades rurales son las más capaces e interesadas en cuidar los bienes comunes del ambiente para el beneficio colectivo.