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25 Sep 2022 - 5:30 a. m.

Invasiones por inseminación artificial

Después de haber sufrido en los 90 un genocidio a manos de paramilitares, que se vengaron de las invasiones a fincas ganaderas en los 70, las organizaciones campesinas no quieren acudir a la acción directa para acceder a la tierra, sino que están esperanzados en el acuerdo agrario que ofreció repartir tres millones de hectáreas y en la ley de restitución de tierras despojadas por violencia, cuyo cumplimiento ralentizó el Gobierno Duque y que Petro prometió acelerar de nuevo. No son ellos, entonces, quienes están invadiendo haciendas en Magdalena, Bolívar, Atlántico, Córdoba y Cesar, cunas del paramilitarismo en la Costa.

Los invasores son precisamente quienes fueron cooptados por los mandos medios herederos del paramilitarismo y su acción está claramente dirigida a sabotear la reforma agraria, el restablecimiento de relaciones con Venezuela —que ven como la entrada del castrochavismo al país— y la política de paz total con las organizaciones armadas del crimen organizado, que los dejaría al descubierto cuando los jefes negocien su sometimiento a la justicia. Sus negocios prosperan en el desorden y la falta de control estatal del territorio, que Petro quiere restablecer.

Quienes los dirigen prefieren desestabilizar las regiones que dominan para sembrar la creencia de que el Gobierno Petro desató la ola de invasiones porque desmanteló la estrategia uribista de la Seguridad Democrática y purgó las Fuerzas Armadas de los personajes más comprometidos con la violación de derechos humanos y las complicidades con el crimen. En los lugares donde se sincronizaron las invasiones en la Costa ganó el No en el plebiscito por la paz, obedeciendo las consignas del Centro Democrático.

El temor de los ganaderos a la invasión de sus tierras le ha servido a José Félix Lafaurie, en bandeja de plata, la oportunidad de reactivar la autodefensa ganadera contra el asalto insolente a la propiedad privada, para mostrarle al Gobierno que tampoco van a permitir la reforma agraria ni la restitución de tierras. A nadie han beneficiado más las invasiones que al dirigente de Fedegán, que se reencaucha como el líder de la Colombia democrática que se opone al castrochavismo invasor y expropiador.

Las invasiones en la Costa son también una incitación para obligar al Gobierno al uso de la fuerza, que abortaría el cambio de política de seguridad hacia la protección de la población campesina víctima de la violencia y la exclusión, y regresaría la seguridad a la defensa de las élites territoriales, como ha sido siempre. Son un sabotaje a la paz, a la reforma agraria pacífica y legal, y a la reingeniería de la seguridad. Igual sucede con las invasiones en el Valle, Antioquia y Huila, regiones aún dominadas por los herederos del paramilitarismo.

Otra cosa son las invasiones indígenas en el norte del Cauca, que se entienden al examinar la historia de larga duración que está en la memoria de sus pueblos. Es una historia de paulatino despojo y arrinconamiento en las zonas altas de la cordillera Central, donde la tierra es menos fértil por las pendientes y tienen que deforestar las montañas para cultivar la subsistencia alimenticia, que está cada vez en mayor riesgo por el crecimiento de la población confinada en los resguardos. La expansión hacia las tierras bajas del norte del Cauca es un imperativo de supervivencia étnica que el Gobierno debe resolver sin desconocer los derechos privados de los dueños de la tierra sembrada en caña.

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