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El proceso de paz con las FARC se hizo con la idea de integrar las regiones marginadas al desarrollo nacional con una reforma rural integral, que es mucho más que el reparto de tres millones de hectáreas a campesinos sin tierra, pues implica hacer un ordenamiento ambiental y social de la propiedad, adelantar programas de desarrollo territorial y definir visiones de futuro que aumenten la competitividad de los territorios, con iniciativas que parten de lo local a lo nacional, y no al contrario, como ha sido la tradición. El acuerdo fue profundizar la democracia mediante una descentralización real, pues todos los pobladores locales tienen derecho a tener participación en las decisiones públicas que los afectan.
Lo acordado en el pacto con las FARC debería haber sido el punto de partida para no repetir la agenda de conversaciones y construir sobre lo construido en los siguientes procesos de paz, pero no se hizo así. El Gobierno Petro pensó que bastaban las buenas intenciones de cambio social para que los grupos armados, mezcla de criminalidad y control territorial, renunciaran a sus rentas y su poder local, y se adhirieran a la potencia mundial de la vida, según reza la propaganda política. Con nueve frentes de negociación simultáneos, y en medio de conflictos entre ellos por el control territorial, todos los incentivos se alinean para que expandan sus dominios armados sobre la población, mientras disminuye el uso de la fuerza militar del Estado con los ceses al fuego desordenados e intermitentes.
La reforma rural acordada con las FARC apunta a consolidar la presencia territorial del Estado mediante el control de los derechos de propiedad, que son el núcleo esencial del que se derivan los restantes derechos a la inclusión social y el desarrollo. La propiedad de la tierra es un contrato entre el Estado y los ciudadanos, mediante el cual el primero garantiza un conjunto de derechos sobre una parcela de tierra a los segundos. Cuando el Estado no controla la propiedad, ésta es definida por la fuerza de las armas, para adquirirla a la brava o para defenderla. Ordenar ambiental y socialmente la propiedad es el primer paso para recuperar el control territorial por el Estado.
La única ventaja competitiva seria de Colombia en la economía mundial es su dotación de tierras aptas para la agricultura, que le permitiría ser un exportador de alimentos a gran escala, y su gran limitación es el monopolio rentista de la tierra en manos de los herederos de las viejas élites regionales y de los dueños de las economías emergentes del narcotráfico y la corrupción, sin contribuir a la producción agraria. La reforma agraria acordada con las FARC desbloquea ese potencial, para que la tierra fértil esté en manos de los productores, pequeños y grandes, y su precio no esconda las rentas de los grandes propietarios, que se derivan de su escasez artificial causada por el monopolio. Un mercado transparente y competitivo de tierras es la condición para aprovechar la única ventaja de Colombia en la economía mundial, como lo demuestra el crecimiento de la agricultura en medio de la desaceleración general de la economía, como ocurrió en el primer semestre del año.
