La encrucijada con el Eln

El paro armado del Eln revelará los territorios donde su amenaza es creíble y medirá la capacidad o incapacidad del Gobierno para contener sus efectos de parálisis del transporte y la actividad económica. Sin mesa de conversaciones, la iniciativa está en las decisiones del Eln y el Gobierno sólo puede reaccionar con amenazas y medidas de fuerza. Esa dinámica de acción y reacción puede escalar hasta acabar con el oxígeno de una posible negociación y puede fortalecer los extremos políticos que inoculan polarización y odio criminal como recursos políticos.

Si el Gobierno reinicia conversaciones en Quito, recobra la iniciativa y puede mantener el principio de que los hechos del conflicto no afectan la mesa, mientras que ésta puede conducir a un desescalamiento que ahorra víctimas, hasta acordar un nuevo cese del fuego que permita la participación de las víctimas del conflicto. La ventaja de mantener la negociación es que se juega simultáneamente en dos escenarios, la diplomacia del diálogo y la atención al conflicto armado.

Después de un año de conversaciones, el Gobierno ha debilitado la capacidad negociadora de su delegación oficial al autorizar la mediación de Álvaro Leyva e Iván Cepeda, que representan los intereses de las Farc en la negociación del Eln y por tanto los hacen sentir el trato humillante de parecer los vagones de cola de las Farc, que ellos rechazan para reclamar un reconocimiento de su diferencia. La activación de sabotajes y el asesinato de policías y soldados al terminar el cese del fuego ponen el conflicto armado en el centro de la mesa, como su objeto específico de negociación. Se negocia la paz porque hay un conflicto activo.

Se trata de resolver con un pacto una guerra de medio siglo, intercambiando reconocimientos: el Eln reconoce la soberanía del Estado y éste reconoce al Eln su existencia sin armas como agente de intereses sociales que caben en la democracia. El Eln no va a cambiar el Estado realmente existente como fruto de la negociación y ésta tampoco va a cambiar la mentalidad ni los objetivos políticos del Eln, aunque sí sus instrumentos de lucha, para prohibir la violencia. Los cambios vendrán como resultado de la activación de la democracia desarmada, que permitirá la representación de los sectores populares y sus iniciativas políticas.

La paz es, en sí misma, suficiente ventaja para las dos partes de la mesa de conversaciones y para la sociedad maltratada por la guerra, que reclama participar para exigir a los adversarios que la paren sin más demora. Por eso el Gobierno haría bien en organizar suficientes eventos de participación de la población como acompañamiento a la mesa de negociaciones de Quito, pues esas voces apoyan la terminación del conflicto, que es el mismo objetivo del Gobierno y la sociedad.

Esta ruta sugerida va en contra de la tendencia más fácil, que es la de responder con toda contundencia los ataques y sabotajes del Eln, como gustan decir el presidente y el ministro de Defensa, pero la realidad es que la búsqueda de la paz negociada es el camino difícil y espinoso, pero el único que hace viable a Colombia a largo plazo.