El tercer gobierno de Uribe, en cabeza de Duque, regresa el diagnóstico y la terapia al primero, demostrando que no hay causa perdida. El credo reza que en Colombia no hay conflicto armado sino ataque terrorista contra la democracia, como muy pronto lo va a acreditar el Centro de Memoria Histórica bajo la dirección de Darío Acevedo. La paz de Santos fue una falsa paz que regaló impunidad a cambio de nada y por tanto incentiva el delito. El gobierno anterior descuidó la seguridad y por eso los ganaderos no pueden volver a sus fincas sin peligro. No se puede juzgar a los defensores de la democracia con el mismo rasero de quienes atentan contra ella. Pedirles a los militares y policías que confiesen la verdad para obtener beneficios judiciales es estimular a los delatores para que la justicia izquierdista persiga a quienes salvaron la patria del castrochavismo. La JEP es una farsa que debe desmontarse con una nueva reforma constitucional. La reforma rural es un embeleco de izquierdistas y la movilización popular está infiltrada por los terroristas para ponerle obstáculos al desarrollo de las empresas mineras y los megaproyectos.
La distancia entre esta caricatura y la realidad es enorme, pero eso no le quita fuerza a la simplificación como arma de adoctrinamiento para la secta de los creyentes. El credo, repetido en miles de trinos, explica la reticencia del Gobierno para honrar los compromisos del Acuerdo de Paz con las Farc, la inexistencia de una política de reforma rural, las dudas sobre la conveniencia de sancionar la ley estatutaria de la JEP, la imposibilidad de llegar a un acuerdo de unidad nacional y aun la debilidad del Gobierno para proteger la vida de los líderes sociales, mientras se promueve el porte de armas para autodefensa de los propietarios.
Si Colombia tiene una democracia asediada desde afuera por sus enemigos, no tiene sentido hacer reformas sociales para ampliar la democracia, pues al abrir la puerta se colarían quienes pretenden destruirla. Con ese equipaje mental, el gobierno Duque está condenado a sufrir repetidos choques con la realidad, comenzando con el recrudecimiento del conflicto armado con las milicias del Eln, el rearme y reconstrucción de las Farc, la involución de las bandas criminales en fuerzas paramilitares que de nuevo se alíen clandestinamente con la política antiterrorista y el resurgimiento de la protesta social por la frustración de expectativas que despertó el proceso de paz.
Esos choques de realidad no pueden afrontarse con una visión maniquea de amigos y enemigos, sino que exigen hacer el esfuerzo de tener más y mejor Estado, controlar el territorio con los bienes públicos de la seguridad y la justicia, garantizar los derechos de la población y ganarse el apoyo de las bases sociales de las guerrillas y las organizaciones del crimen organizado con políticas de inclusión social y productiva.
El tercer gobierno de Uribe, en cabeza de Duque, regresa el diagnóstico y la terapia al primero, demostrando que no hay causa perdida. El credo reza que en Colombia no hay conflicto armado sino ataque terrorista contra la democracia, como muy pronto lo va a acreditar el Centro de Memoria Histórica bajo la dirección de Darío Acevedo. La paz de Santos fue una falsa paz que regaló impunidad a cambio de nada y por tanto incentiva el delito. El gobierno anterior descuidó la seguridad y por eso los ganaderos no pueden volver a sus fincas sin peligro. No se puede juzgar a los defensores de la democracia con el mismo rasero de quienes atentan contra ella. Pedirles a los militares y policías que confiesen la verdad para obtener beneficios judiciales es estimular a los delatores para que la justicia izquierdista persiga a quienes salvaron la patria del castrochavismo. La JEP es una farsa que debe desmontarse con una nueva reforma constitucional. La reforma rural es un embeleco de izquierdistas y la movilización popular está infiltrada por los terroristas para ponerle obstáculos al desarrollo de las empresas mineras y los megaproyectos.
La distancia entre esta caricatura y la realidad es enorme, pero eso no le quita fuerza a la simplificación como arma de adoctrinamiento para la secta de los creyentes. El credo, repetido en miles de trinos, explica la reticencia del Gobierno para honrar los compromisos del Acuerdo de Paz con las Farc, la inexistencia de una política de reforma rural, las dudas sobre la conveniencia de sancionar la ley estatutaria de la JEP, la imposibilidad de llegar a un acuerdo de unidad nacional y aun la debilidad del Gobierno para proteger la vida de los líderes sociales, mientras se promueve el porte de armas para autodefensa de los propietarios.
Si Colombia tiene una democracia asediada desde afuera por sus enemigos, no tiene sentido hacer reformas sociales para ampliar la democracia, pues al abrir la puerta se colarían quienes pretenden destruirla. Con ese equipaje mental, el gobierno Duque está condenado a sufrir repetidos choques con la realidad, comenzando con el recrudecimiento del conflicto armado con las milicias del Eln, el rearme y reconstrucción de las Farc, la involución de las bandas criminales en fuerzas paramilitares que de nuevo se alíen clandestinamente con la política antiterrorista y el resurgimiento de la protesta social por la frustración de expectativas que despertó el proceso de paz.
Esos choques de realidad no pueden afrontarse con una visión maniquea de amigos y enemigos, sino que exigen hacer el esfuerzo de tener más y mejor Estado, controlar el territorio con los bienes públicos de la seguridad y la justicia, garantizar los derechos de la población y ganarse el apoyo de las bases sociales de las guerrillas y las organizaciones del crimen organizado con políticas de inclusión social y productiva.