La terminación del conflicto armado con las guerrillas mediante negociación implica un doble reconocimiento: el Gobierno acepta que los desmovilizados sin armas participen del juego democrático y las guerrillas acepten la soberanía del Estado y se sometan al imperio del derecho, que proscribe el uso de la violencia para fines políticos.
El reconocimiento mutuo fortalece la democracia porque implica una doble prohibición: la de perseguir a alguien por sus ideas de cambio —Humberto de la Calle la llama “apertura democrática”— y la de tratar de imponer esas ideas por la fuerza de las armas. Pero, al mismo tiempo, la democracia se amplía y profundiza más allá de los límites impuestos por la guerra, para dar salida a los conflictos sociales acumulados que la guerra misma impidió resolver e incluso agravó, como la mala distribución de la riqueza. Por eso el país cambia el conflicto armado por la tramitación democrática del conflicto social.
El fin del conflicto armado abre el campo de juego para que movimientos sociales y partidos políticos luchen por la representación de intereses colectivos. El sistema político, dividido entre la derecha ideológica y el centro modernizante, con una izquierda débil, perdió su ascendiente sobre amplias bases populares y su capacidad de liderazgo colectivo. Para sobrevivir, los partidos tienen que promover la inclusión de las demandas populares en sus programas de gobierno, cuya representación tratarán de disputarle los nuevos movimientos surgidos de las guerrillas.
El programa de reformas acordado en La Habana cambia las dimensiones de la política, pues la saca del terreno de clientelas amarradas por corrupción para obligar a los partidos y movimientos a disputar el liderazgo de la movilización para el cambio social. Los paros agrarios de agosto y septiembre de 2013 fueron un anticipo de los nuevos actores políticos que reclaman participar en las decisiones que los afectan. El campesinado, como actor colectivo, fue perseguido durante décadas y sus dirigentes sociales fueron diezmados por la represión estatal, los dominios paramilitares y las mismas guerrillas.
Ahora que desapareció el dominio paramilitar y se anuncia el final de las guerrillas, surgen nuevos líderes campesinos que levantan su voz para participar en la política del desarrollo rural. Con ello el Gobierno y el sistema político cuentan ahora, como no ocurría hace décadas, con interlocutores sociales capaces de representar los intereses locales del campesinado y llegar a acuerdos para superar la injusticia y el atraso rural.
El acuerdo para crear circunscripciones electorales especiales en áreas afectadas por el conflicto delimitará las zonas donde las guerrillas desmovilizadas disputarán la representación parlamentaria de su población. Contrario a los temores de la extrema derecha, las guerrillas no la tendrán fácil para convencer a sus víctimas, los campesinos, y tendrán que abandonar sus pretensiones de control hegemónico y competir con otras fuerzas políticas y sociales para conquistar la voluntad de la población. El poder se desplaza hacia las comunidades territoriales y se aleja de los aparatos políticos.
* Alejandro Reyes Posada
