El Gobierno y los futuros jueces agrarios tienen una enorme tarea por delante. A diferencia de otras negociaciones, en esta se acordó una paz con cambio social, que el Gobierno llama paz territorial, para dinamizar una reforma rural integral y cerrar las brechas de bienestar con el mundo urbano.
La tarea de la justicia agraria es extender la protección del derecho al campesinado, para consolidar el control estatal del territorio. La propiedad de la tierra ha sido registrada ventajosamente a favor de grandes acumuladores de rentas y negada históricamente a quienes han ocupado la frontera con su trabajo. Por eso se prolongó por medio siglo la última guerra de colonos del continente, a la que se pone fin con el compromiso de reconocer el derecho del campesinado al territorio y al desarrollo. En el anverso de este apartheid institucional, como lo llama Mauricio García Villegas, poderes de facto han impuesto su ley de apropiación de tierras con plomo o plata y han legalizado a un nombre el monopolio de la tierra.
La tarea de la jurisdicción agraria será clarificar el dominio legítimo y recuperar el ilegítimo para que el Gobierno pueda distribuir a familias campesinas sin tierra o con muy poca. Será formalizar los derechos de propiedad de los poseedores campesinos y resolver los conflictos con los titulares que pretenden tener mejor derecho. No les faltará trabajo a los jueces agrarios. La Superintendencia de Notariado y Registro ha documentado 65 formas de hacerle trampa a la ley para apropiarse de la tierra, hasta llegar a sentencias de pertenencia falsificadas, que ingresan al registro de propietarios bajo la protección de la misma ley.
Para que la justicia pueda hacer esto, el Gobierno debe hacer el trabajo básico para que se puedan establecer y proteger los derechos de propiedad. Un catastro actualizado con valores comerciales de la tierra, un registro fundado en planos catastrales y una gestión eficaz de las tierras a cargo del Estado y del ordenamiento social de la propiedad.
No puede entenderse que con las herramientas técnicas existentes hoy el Estado colombiano haya tardado tanto en tener un sistema legal que proteja a las grandes mayorías rurales. La explicación es histórica, y tiene que ver con la distribución de poderes de las élites regionales y el centro político, que han preservado dominios feudales clientelistas, con capacidad para bloquear cualquier esfuerzo distributivo emanado del centro, como mediación para legitimar el régimen político.
Así se abortó la función social de la propiedad de 1936, la reforma agraria de Lleras Restrepo, la jurisdicción agraria se abandonó y se preservó un sistema anacrónico de notarías y registros disociados de la cartografía catastral, sin planos ni coordenadas geográficas, con un pesado sesgo en contra de quienes trabajan la tierra sin acceso al sistema legal.
Hemos llegado al punto increíble de ver que la guerrilla campesina más longeva del mundo hace la paz para dar paso a un programa de reforma rural que puede calificarse de reformista moderado, apenas para pasar a Colombia a la categoría de países democráticos modernos, con derechos ciudadanos para su población rural más pobre. Tiene razón Sergio Jaramillo cuando dice que en Colombia la revolución, esa transformación profunda de la sociedad, es la paz.
