El tema de la reforma rural será el problema más difícil que tendrá que afrontar el nuevo presidente frente a la coalición de derecha que lo llevó al poder, pues tiene el potencial de afectar los intereses patrimoniales de los rentistas de tierras, que se alinean con el uribismo. La reforma rural que se pactó pertenece a la nueva generación de reformas agrarias, pues tiene como paradigma el enfoque territorial, que reconoce las grandes diferencias que tiene el problema de la tierra en los territorios y el papel que cumplen las iniciativas locales, de abajo hacia arriba, para ordenar la propiedad y el uso de la tierra.
El enfoque territorial permite solucionar problemas tan difíciles como el de la destinación de los baldíos que, según la Ley 160 de 1994, sólo pueden ser adjudicados a campesinos sujetos de reforma agraria y que, una vez titulados, no pueden acumularse para adelantar producciones de gran escala. En la ley vigente, el problema de la infertilidad de los suelos de la altillanura del Meta y el Vichada, por ejemplo, se resolvió de la manera más absurda posible, aumentando las extensiones adjudicables hasta las 1.800 hectáreas por familia, mientras la formación de suelos orgánicos de cultivo tiene un costo de diez millones por hectárea y toma cuatro o cinco años. Claramente, el capital y el tiempo requeridos para esos emprendimientos exceden con mucho los que puede disponer una familia campesina, lo cual condenaba a la altillanura a la ganadería extensiva de ínfima productividad.
La Ley de Zidres, que creó las zonas de desarrollo económico y social, soluciona el problema de las economías de escala al permitir unidades productivas de mayor tamaño, con empresarios asociados a campesinos, para grandes desarrollos agroindustriales. Y el Decreto Ley 902 de 2017, que la Corte Constitucional declaró exequible esta semana, le da al Gobierno los instrumentos para crear el fondo de tierras para distribuir a campesinos, formalizar masivamente, hacer planes territoriales de ordenamiento de la propiedad y tramitar en uno solo los procesos agrarios de clarificación, extinción del dominio, recuperación de baldíos ilegalmente apropiados y alinderamiento de tierras colectivas y áreas protegidas.
La contrapartida al hecho de autorizar grandes economías de escala con alto costo de inversión en territorios marginales, como la altillanura, es el acceso a buenas tierras productivas dentro del mercado para campesinos sin tierra o con muy poca, para lo cual, de nuevo, juega su papel el enfoque territorial. Este enfoque dicta que es mucho más eficiente tener bien distribuida la mejor tierra fértil cercana a los centros de consumo y de exportación, donde la inversión pública ha dotado los bienes públicos y sólo hace falta completar la red de vías terciarias, que la alternativa tradicional de enviar a los campesinos a que colonicen la periferia improductiva para que languidezcan víctimas de las economías ilegales del narcotráfico y en medio del abandono estatal.
Si el presidente Duque impulsa el nuevo catastro multipropósito y los planes territoriales de ordenamiento de la propiedad por parte de la Agencia Nacional de Tierras, podrá pasar a la historia como el que logró desactivar las condiciones estructurales de la violencia en el campo y logró prevenir la reproducción de la guerra.
alejandroreyesposada.wordpress.com
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El enfoque territorial permite solucionar problemas tan difíciles como el de la destinación de los baldíos que, según la Ley 160 de 1994, sólo pueden ser adjudicados a campesinos sujetos de reforma agraria y que, una vez titulados, no pueden acumularse para adelantar producciones de gran escala. En la ley vigente, el problema de la infertilidad de los suelos de la altillanura del Meta y el Vichada, por ejemplo, se resolvió de la manera más absurda posible, aumentando las extensiones adjudicables hasta las 1.800 hectáreas por familia, mientras la formación de suelos orgánicos de cultivo tiene un costo de diez millones por hectárea y toma cuatro o cinco años. Claramente, el capital y el tiempo requeridos para esos emprendimientos exceden con mucho los que puede disponer una familia campesina, lo cual condenaba a la altillanura a la ganadería extensiva de ínfima productividad.
La Ley de Zidres, que creó las zonas de desarrollo económico y social, soluciona el problema de las economías de escala al permitir unidades productivas de mayor tamaño, con empresarios asociados a campesinos, para grandes desarrollos agroindustriales. Y el Decreto Ley 902 de 2017, que la Corte Constitucional declaró exequible esta semana, le da al Gobierno los instrumentos para crear el fondo de tierras para distribuir a campesinos, formalizar masivamente, hacer planes territoriales de ordenamiento de la propiedad y tramitar en uno solo los procesos agrarios de clarificación, extinción del dominio, recuperación de baldíos ilegalmente apropiados y alinderamiento de tierras colectivas y áreas protegidas.
La contrapartida al hecho de autorizar grandes economías de escala con alto costo de inversión en territorios marginales, como la altillanura, es el acceso a buenas tierras productivas dentro del mercado para campesinos sin tierra o con muy poca, para lo cual, de nuevo, juega su papel el enfoque territorial. Este enfoque dicta que es mucho más eficiente tener bien distribuida la mejor tierra fértil cercana a los centros de consumo y de exportación, donde la inversión pública ha dotado los bienes públicos y sólo hace falta completar la red de vías terciarias, que la alternativa tradicional de enviar a los campesinos a que colonicen la periferia improductiva para que languidezcan víctimas de las economías ilegales del narcotráfico y en medio del abandono estatal.
Si el presidente Duque impulsa el nuevo catastro multipropósito y los planes territoriales de ordenamiento de la propiedad por parte de la Agencia Nacional de Tierras, podrá pasar a la historia como el que logró desactivar las condiciones estructurales de la violencia en el campo y logró prevenir la reproducción de la guerra.
alejandroreyesposada.wordpress.com
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