La única reforma rural de fondo que el Estado acordó para reparar los daños del conflicto armado y prevenir su reproducción fue la reforma rural integral, que Sergio Jaramillo llamó la paz territorial, para significar la urgencia de extender la presencia del Estado a la periferia abandonada. Esa reforma requiere hacer un nuevo catastro y un ordenamiento social de la propiedad, para liberar tres millones de hectáreas para distribución a campesinos y formalizar siete millones a favor de pequeños poseedores, y exige cerrar la expansión de la frontera agraria y adelantar programas de desarrollo con enfoque territorial, para llevar infraestructura y servicios a la Colombia profunda.
Para José Félix Lafaurie, director de Fedegán, la reforma pactada es un intento del Gobierno para entregar las tierras a manos de las Farc y expropiar a los empresarios honestos del campo. Para Álvaro Uribe, la reforma amenaza la confianza inversionista de la gente honorable, como la que compró de buena fe y a precio de remate la tierra de los campesinos aterrorizados de los Montes de María, siguiendo el consejo de su ministro de Agricultura. Gremios como la SAC ven una amenaza a la seguridad jurídica para la inversión agraria y María Fernanda Cabal sostiene que los reclamantes de tierras son testaferros de los narcoterroristas. En este clima intelectual, que prevalece en el Centro Democrático, le queda muy difícil a Iván Duque dar los primeros pasos para llevar la justicia social al campo y superar el rentismo ausentista de los grandes terratenientes. Su propuesta es despolitizar las instituciones del sector agrario y dar más incentivos tributarios a la inversión agraria por diez años.
Gustavo Petro ha repetido que cumplirá los acuerdos de paz y ha propuesto estimular la agricultura productiva y la agroindustria para reemplazar progresivamente la economía extractiva, devolviendo a las comunidades el poder de decisión sobre sus territorios. Se compromete con hacer el nuevo catastro y acoge la recomendación de los expertos de elevar el impuesto predial a las tierras ociosas para inducir a sus dueños a producir, arrendar o vender sus tierras para poder pagar el mayor impuesto y devolver a la sociedad el costo de oportunidad de las tierras. Petro asume el compromiso de proteger el agua amenazada por la explotación de minerales a cielo abierto y prohibir el fracking en la extracción de petróleo.
Esas diferencias entre los dos candidatos explican que en los 576 municipios donde ganó el Sí en el plebiscito de la paz, el 34 % hubiera votado por Petro en primera vuelta y el 32 % por Duque, mientras en los 545 municipios donde ganó el No, el 48 % votó por Duque y sólo el 16 % por Petro.
El resultado tan divergente demuestra que la oposición de Uribe al proceso de paz estuvo profundamente anclada en la defensa del statu quo del campo, que se sintió amenazado por la modesta reforma rural integral que se acordó, mientras la población campesina, indígena y negra se identificó más con Gustavo Petro, a quien la derecha acusa de estimular peligrosamente la lucha de clases.
Resolver el problema agrario es la condición para ampliar la ciudadanía y los derechos a la población relegada al olvido e integrar el territorio nacional bajo control del Estado, pues sin Estado no hay derechos que valgan.
www.alejandroreyesposada.wordpress.com
Le puede interesar:
La única reforma rural de fondo que el Estado acordó para reparar los daños del conflicto armado y prevenir su reproducción fue la reforma rural integral, que Sergio Jaramillo llamó la paz territorial, para significar la urgencia de extender la presencia del Estado a la periferia abandonada. Esa reforma requiere hacer un nuevo catastro y un ordenamiento social de la propiedad, para liberar tres millones de hectáreas para distribución a campesinos y formalizar siete millones a favor de pequeños poseedores, y exige cerrar la expansión de la frontera agraria y adelantar programas de desarrollo con enfoque territorial, para llevar infraestructura y servicios a la Colombia profunda.
Para José Félix Lafaurie, director de Fedegán, la reforma pactada es un intento del Gobierno para entregar las tierras a manos de las Farc y expropiar a los empresarios honestos del campo. Para Álvaro Uribe, la reforma amenaza la confianza inversionista de la gente honorable, como la que compró de buena fe y a precio de remate la tierra de los campesinos aterrorizados de los Montes de María, siguiendo el consejo de su ministro de Agricultura. Gremios como la SAC ven una amenaza a la seguridad jurídica para la inversión agraria y María Fernanda Cabal sostiene que los reclamantes de tierras son testaferros de los narcoterroristas. En este clima intelectual, que prevalece en el Centro Democrático, le queda muy difícil a Iván Duque dar los primeros pasos para llevar la justicia social al campo y superar el rentismo ausentista de los grandes terratenientes. Su propuesta es despolitizar las instituciones del sector agrario y dar más incentivos tributarios a la inversión agraria por diez años.
Gustavo Petro ha repetido que cumplirá los acuerdos de paz y ha propuesto estimular la agricultura productiva y la agroindustria para reemplazar progresivamente la economía extractiva, devolviendo a las comunidades el poder de decisión sobre sus territorios. Se compromete con hacer el nuevo catastro y acoge la recomendación de los expertos de elevar el impuesto predial a las tierras ociosas para inducir a sus dueños a producir, arrendar o vender sus tierras para poder pagar el mayor impuesto y devolver a la sociedad el costo de oportunidad de las tierras. Petro asume el compromiso de proteger el agua amenazada por la explotación de minerales a cielo abierto y prohibir el fracking en la extracción de petróleo.
Esas diferencias entre los dos candidatos explican que en los 576 municipios donde ganó el Sí en el plebiscito de la paz, el 34 % hubiera votado por Petro en primera vuelta y el 32 % por Duque, mientras en los 545 municipios donde ganó el No, el 48 % votó por Duque y sólo el 16 % por Petro.
El resultado tan divergente demuestra que la oposición de Uribe al proceso de paz estuvo profundamente anclada en la defensa del statu quo del campo, que se sintió amenazado por la modesta reforma rural integral que se acordó, mientras la población campesina, indígena y negra se identificó más con Gustavo Petro, a quien la derecha acusa de estimular peligrosamente la lucha de clases.
Resolver el problema agrario es la condición para ampliar la ciudadanía y los derechos a la población relegada al olvido e integrar el territorio nacional bajo control del Estado, pues sin Estado no hay derechos que valgan.
www.alejandroreyesposada.wordpress.com
Le puede interesar: