La seguridad, inherente al derecho a la vida, es el primero de los derechos humanos y la razón de ser del Estado, órgano creado por la sociedad para ejercer el monopolio de la fuerza legítima para la protección de los habitantes. Por eso el derecho prohíbe el ejercicio de la violencia privada para garantizar la seguridad y sólo admite una excepción: el derecho a la legítima defensa, que debe ser proporcionada, en caso de peligro inminente contra la vida y la propiedad.
El contexto actual está marcado por dos hechos: la creciente inseguridad rural y urbana, derivada del control territorial ejercido por grupos organizados de...
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