La seguridad, inherente al derecho a la vida, es el primero de los derechos humanos y la razón de ser del Estado, órgano creado por la sociedad para ejercer el monopolio de la fuerza legítima para la protección de los habitantes. Por eso el derecho prohíbe el ejercicio de la violencia privada para garantizar la seguridad y sólo admite una excepción: el derecho a la legítima defensa, que debe ser proporcionada, en caso de peligro inminente contra la vida y la propiedad.
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El contexto actual está marcado por dos hechos: la creciente inseguridad rural y urbana, derivada del control territorial ejercido por grupos organizados de violencia y bandas criminales, y la búsqueda de acuerdos de paz y desmovilización de esos grupos por el gobierno Petro, en su política de paz total.
La política de seguridad está en una transición, pues se abandona el enfoque tradicional de la seguridad privilegiada para las élites, que condujo a la creación del paramilitarismo como expresión de la alianza encubierta de las fuerzas armadas con los grandes propietarios y los narcos contra las guerrillas, y se enfoca en la seguridad para las comunidades populares, que prohíbe a las fuerzas armadas atacar la movilización social que busca presionar cambios estructurales para mejorar sus condiciones de vida. Es la redefinición del enemigo interno, que dejan de ser los movimientos sociales, para pasar a ser las guerrillas y el multicrimen organizado.
Como al mismo tiempo hay una nueva política de paz, que abarca tanto a los adversarios políticos armados del estado, reconocidos como rebeldes, y a los grupos criminales que ejercen controles sobre el territorio, las fuerzas de seguridad oficiales están viviendo una crisis de ineficacia y desmoralización, que facilita el fortalecimiento de los rebeldes y criminales y se traduce en un aumento de la inseguridad, tanto para las élites territoriales como para las comunidades populares.
En este contexto, han surgido iniciativas como la de las guardias indígenas, cimarronas y campesinas para la seguridad de las comunidades, y en él se inscribe la propuesta de José Félix Lafaurie, presidente del gremio de los ganaderos, de crear los Frentes Solidarios de Seguridad para que coordinen con la fuerza pública la protección de sus propiedades ante la amenaza de los violentos.
La propuesta de Fedegán debe analizarse a la luz del nuevo contexto de las políticas de seguridad y paz total, y sus consecuencias en el deterioro de la seguridad. Ante el problema real de la creciente inseguridad general, tanto para las élites como para las comunidades populares, rurales y urbanas, la pregunta de fondo es si se debe optar por la promoción de sistemas privados de seguridad, de arriba y abajo de la pirámide social, o si es el Estado, con sus políticas de seguridad y de paz, quien debe hacerse cargo del problema, para que recupere el control del territorio y someta, con el uso de la fuerza legítima, a quienes afectan la seguridad de la población.
Mi opinión es que corresponde al Estado, y no a los ganaderos, ni tampoco a los indígenas, campesinos o comunidades negras, garantizar su seguridad. Eso exige, a su vez, impulsar una política de paz que a la vez fortalezca el control territorial por las fuerzas armadas, cuya misión es garantizar los derechos de la población y no apaciguar ni convivir con los grupos armados irregulares mientras se llega a una idílica, pero irrealizable paz total. Se requiere un viraje simultáneo de la seguridad y de la paz, para que converjan en la defensa de la vida de todos los miembros de la sociedad, ricos y pobres. La inseguridad asfixia la paz y la seguridad la hace inevitable.
