Las cuatro dimensiones de la paz total

La paz total tiene cuatro grandes dimensiones: una política activa de cambios sociales para incorporar los territorios y poblaciones desatendidos por el Estado, que se concretará en el Plan de Desarrollo; una política de seguridad ciudadana, que está en construcción, para proteger a la población del crimen organizado y la delincuencia; una nueva política frente al narcotráfico, que desactive la violencia implícita en la lucha contra las drogas, especialmente la que afecta a los campesinos cultivadores; finalmente, una negociación política o sometimiento judicial pactado con los actores armados que ejercen dominios territoriales.

La violencia es el anverso del poder: donde predomina esta, desaparece el poder del Estado y también de los ciudadanos. La paz, entonces, es una reconstrucción del poder, tanto del Estado como de la población. Pero el poder del Estado tiene unas bases sociales endebles en una sociedad con grandes desigualdades y exclusiones, y el cambio social es devolver el poder a los excluidos para controlar las condiciones de su vida y hacer valer sus derechos.

Una característica distintiva de Colombia es su heterogeneidad regional, pues el país es un archipiélago de territorios diferenciados por su geografía, su cultura y su economía, con relaciones fuertes o débiles con los mercados. Por eso es un acierto el enfoque territorial del próximo Plan de Desarrollo, que profundiza la descentralización al darles poder decisorio a las iniciativas locales, cuyo liderazgo social está sometido al poder de bandidos estacionarios que los amenazan o asesinan para impedir que representen a la población.

El fundamento de la paz total es recuperar el control estatal de la seguridad de la población, que exige una acción de policía muy dinámica para identificar, desmantelar y someter a la justicia a las organizaciones multicrimen que extorsionan y someten a la población, hasta hacerlas irrelevantes. La obligación del Estado de garantizar la seguridad no es un tema negociable con las bandas criminales. Lo único negociable es el modo, individual o colectivo, del sometimiento a la justicia.

Los mercados ilegales crean sus propias reglas de juego para funcionar, incompatibles con las reglas de la democracia y el capitalismo, pues reemplazan el derecho por la violencia, los empresarios por los capos y los consumidores por los adictos. En Colombia el narcotráfico ha hecho simbiosis con la economía y el poder político, con altas dosis de violencia estatal, privada y contraestatal, y por eso la nueva estrategia contra el narcotráfico debe apuntar a quitarles el poder a las mafias, para que se sometan a las reglas de juego y transiten a los mercados legales regulados por el Estado.

La negociación con los rebeldes y el sometimiento de los delincuentes tienen un común denominador, que es el intercambio de reconocimientos: los rebeldes y delincuentes reconocen el poder de jure del Estado y este reconoce los poderes de facto de aquellos y su transformación en poderes subordinados al derecho y la justicia.