Las rentas del control territorial

Según la economía política clásica, la renta es el ingreso que genera la propiedad al propietario, por el solo hecho de serlo, y la cobra por el uso, como en el arriendo, o por la venta, en el precio.

El salario remunera el trabajo y el interés es el pago al capital, que es trabajo acumulado para producir más riqueza. Las rentas de la propiedad son creadas por la sociedad, al valorizarla con infraestructura y bienes públicos, y son capturadas por los propietarios. Todo esto supone que el Estado garantiza los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos, y lo hace cuando tiene control sobre su territorio y regula los mercados.

El Estado colombiano no ha tenido nunca control sobre todo su territorio. Sus fines esenciales, que son la seguridad, la justicia y la tributación, son disputados en muchos territorios por organizaciones armadas de crimen organizado, que operan como sus propietarios y derivan rentas de su control territorial. La extorsión reemplaza a la tributación, la fuerza sustituye la seguridad y la justicia se ejerce con la intimidación o el asesinato de los infractores. El control territorial privado es el anverso de la ausencia del control estatal de su territorio. Sus rentas son creadas por el vacío de Estado en un territorio determinado y su nivel de exacción depende del grado de vacío o ineficiencia del Estado.

La informalidad es ausencia de regulación del Estado, que aprovechan los captadores de rentas al cobrar tributo por la regulación privada o mafiosa de la actividad. Los vendedores ambulantes pagan a las mafias del comercio informal su derecho a ocupar un punto de venta en el espacio público y además entran a formar el último eslabón de cadenas de distribución tramposas, enlazadas con el lavado de dinero y el negocio extorsivo del paga-diario como financiación. La corrupción en todas sus formas es la apropiación privada del Estado para capturar rentas, que se derivan de la momentánea propiedad de un cargo de ordenador del gasto o del derecho de conceder o negar una licencia o de imponer una multa.

Dos formas muy gruesas de captura de rentas de control territorial han sido el crimen organizado de los paramilitares y las guerrillas, que imponen sus reglas de extorsión como tributo forzoso. Un paro regional exitoso, como el que acaban de realizar los urabeños en el noroccidente, es una afirmación de control territorial que les permite extorsionar los mercados legales y aprovechar los ilegales. Estas organizaciones actúan como bandidos estacionarios o sedentarios, que extraen sólo una parte del excedente económico, pero introducen suficiente incertidumbre para detener la inversión y el crecimiento. Sus autocracias territoriales están sometidas al problema de la sucesión de los jefes y por tanto padecen las rivalidades de facciones por el mando, que renuevan y transforman la organización para seguir generando pobreza a costa del enriquecimiento de minorías.

La paz con las guerrillas plantea a la sociedad colombiana la exigencia de fortalecer no sólo el control espacial del Estado, que es el principio, sino la de aumentar su capacidad regulatoria de la propiedad, los mercados y los contratos, para eliminar la captura de rentas derivadas del control privado de lo público, como la apropiación extensiva de las tierras baldías, los paraísos de la evasión fiscal, los mercados protegidos de los monopolios y la asociación criminal entre políticos y contratistas. De no hacerlo, la reintegración de 50.000 combatientes ilegales puede agravar todas las formas existentes de captura rentística del territorio, los mercados y la propiedad, y deteriorar las posibilidades de inversión y crecimiento a largo plazo. La paz es terminar la creación del Estado democrático que ejerce soberanía sobre el territorio.