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¿Qué información requiere el votante para decidir si aprueba la negociación para terminar el conflicto armado con las Farc? Claramente esa información no está en las cláusulas de los acuerdos de los seis puntos negociados.
Muchas son declaraciones de buenos propósitos, como se encuentran en los planes de desarrollo, cuyo cumplimiento dependerá de procesos legislativos, presupuestales y de la capacidad o incapacidad institucional de las regiones, del Gobierno central y los movimientos sociales.
No tendría objeto formarse una opinión sobre si las promesas de cambios de las políticas agrarias, de participación, de lucha contra cultivos ilícitos, de justicia y de desmovilización de combatientes son convenientes o no. Eso significaría someter a cada ciudadano a examinar las dificultades y dilemas de la negociación de cada punto y colocarlo en la tarea imposible de juzgar si él lo hubiera hecho mejor o si aprueba el acuerdo posible que se logró después de acercar posiciones. Mucho menos se trata de que el ciudadano rechace el acuerdo logrado en nombre de un acuerdo ideal que se negocie sin contar con la voluntad de las Farc, como sería un acuerdo de rendición incondicional, porque eso no es la realidad de un acuerdo de paz.
El cumplimiento de los acuerdos por el Gobierno dependerá de quién gane las elecciones de 2018 y del pulso político abierto y pacífico de los partidos y las organizaciones sociales para orientar las políticas del futuro. La lectura del acuerdo sí informará al elector sobre lo que está en juego en la próxima elección presidencial, para que el país decida entonces quién cumplirá el acuerdo de paz y cómo lo hará, pero para eso habrá tiempo más adelante.
Para apoyar el acuerdo basta saber que las promesas fueron acordadas por un equipo serio y responsable, con capacidades demostradas a lo largo de su servicio público, quienes, además, en el caso de los generales Mora y Naranjo, combatieron toda su vida a las Farc. Es suficiente saber que el representante empresarial en la mesa, Luis Carlos Villegas, defensor incansable de la empresa privada, fue quien lideró la discusión del acuerdo agrario, en el que no se afectó la propiedad privada sino que se acordó un programa de desarrollo de los territorios del campo, mirando al futuro.
Para formarse un criterio informado para votar en el plebiscito es suficiente haber confiado la guarda del respeto a las instituciones a Humberto de la Calle, coautor de la Constitución del 91, para saber que la negociación fue en parte el magisterio de un gran jurista que les enseñó a los comandantes rebeldes las reglas de su futura participación en la democracia, que parte de su reconocimiento explícito de la soberanía y las normas del Estado. A mí me basta saber que se unieron la decisión política del presidente Santos de lograr la paz y la visión estratégica de Sergio Jaramillo Caro para hacerla realidad.
Para aprobar la paz basta pensar que ella significa el triunfo para el medio millón de colombianos que portan el uniforme de las fuerzas armadas y de policía, cuyo sacrificio en vidas y miembros amputados supera al de cualquier otra fuerza del hemisferio occidental, y que merecen concentrar su esfuerzo al servicio del país sin tener que soportar a los francotiradores y explosivos de las Farc.
Es suficiente saber que las guerrillas de las Farc han acumulado un pasivo tan grande de resentimiento y rechazo, que les costará tiempo remontar para comenzar a contar en las elecciones. La inmensa mayoría de quienes votaremos Sí en el plebiscito derrotaremos a las Farc en las urnas, como lo harán también los del No, hasta que aprendan a ganarse el derecho de admisión a la democracia al transformarse en un movimiento que lucha sin violencia ni recursos del crimen, para conseguir el respaldo ciudadano en las urnas por la pertinencia y sensatez de sus propuestas. Votar Sí es firmar la partida de defunción de las actuales Farc.
