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La negociación con las Farc consiste en que aceptan las reglas del juego democrático para participar en política, sin armas, a cambio de la aceptación del régimen para que los excombatientes busquen apoyo para sus propuestas.
Las Farc no renuncian a la lucha por el poder, pero saben que no lo podrán lograr por las armas. Al cesar el cruce de balas, se desplegará el conflicto social enmascarado por la guerra interna, y para darle curso productivo, el Gobierno central y los locales deberán escalar su capacidad de responder a las protestas con diálogo, concertación y solución efectiva de problemas. Vendrá una masiva demanda por derechos y por tanto una demanda por más y mejor Estado al servicio de la población.
El error político de las Farc ha sido combinar una negociación reservada en la mesa y una campaña electoral anticipada, con las armas en la mano, con sus múltiples propuestas mínimas de reformas sociales, que obedecen a su afán de agenciar intereses de sus futuras bases políticas. Curiosamente, el expresidente Uribe no pelea con el texto de los acuerdos efectivos salidos de la mesa, sino con los panfletos de la campaña electoral de las futuras Farc desmovilizadas, a las que ve como el intento de importar la ideología castro-chavista a Colombia. En otras palabras, Uribe busca impedir la llegada de un populismo de izquierda, con su enorme capacidad de autodestrucción de la sociedad, y como muro de contención le opone un populismo de derecha, fundado en el derecho a la seguridad y el diálogo directo entre el gobernante y el pueblo, reunido en consejo comunitario. Las Farc, al jugar el segundo tiempo anticipado, están renovando el capital político de Uribe, que menguaría si termina el conflicto armado.
El país está muy mal preparado para afrontar los conflictos sociales de la paz. El Gobierno no controla todo el territorio e invierte poco en la periferia rural, los partidos políticos sobreviven gracias al clientelismo y la corrupción extendida, y no existen aún los marcos de interlocución con el campesinado recién urbanizado por violencia, ni con los que resistieron a ella y se aferraron a su tierra. Desde abajo, sin embargo, hay un movimiento telúrico de creación de organizaciones sociales, en todas las regiones y actividades, que preparan sus objetivos y están dispuestos a luchar por ellos en la esfera pública, y que se hará más visible al terminar el conflicto armado, pues se levanta la tapa de terror que destruyó el movimiento social durante la guerra.
Abanderar esta nueva ola de movilizaciones sociales es la aspiración y la apuesta política de las Farc, para demostrar que el régimen burgués es incapaz de cumplir los compromisos de cambio social y ganar apoyo para sus propuestas. Las reformas sociales para la paz, por parte del Gobierno, requieren la formación de una coalición política que respalde cambios en la tenencia y uso de la tierra y apoye la dotación de infraestructura y servicios a la población rural y los pobres urbanos. Requiere fortalecer equipos calificados que impulsen las reformas sociales, una estructura equitativa de impuestos y gastos, regulaciones efectivas de los mercados y que mejore la eficiencia económica y la competitividad para hacer sostenibles los cambios.
* Alejandro Reyes Posada
