Los cultivos ilícitos sólo se pueden sustituir con desarrollo de los territorios, como quedó pactado en el Acuerdo de Paz. La expansión de la coca es la última fase de la colonización campesina en la periferia selvática, con la diferencia de que es el único producto integrado a cadenas eficientes de comercio, dirigidas al mercado internacional, capaces de crear valor para los campesinos y empresarios del narcotráfico. Salvo los narcos, todos los cultivadores preferirían la economía legal, que es casi inexistente en los territorios periféricos donde reina la ilegal.
Existen dos posibilidades para desarrollar la periferia: la estrategia centrífuga, que corresponde a la colonización como política de acceso a tierras para los campesinos, que consiste en ir creando infraestructura y presencia estatal hasta llegar a la periferia coquera, donde las tierras no son productivas por ser suelos selváticos sin capa orgánica y donde el costo por habitante es demasiado alto frente a la opción de invertir en áreas densamente ocupadas. La segunda forma, la estrategia centrípeta, es recoger las colonizaciones coqueras con la relocalización de los cultivadores hacia territorios con infraestructura y acceso a los mercados, donde tengan una verdadera oportunidad de integrarse a cadenas de valor. Es mucho más equitativo y contribuye mucho más a la distribución del ingreso acercar la población a la infraestructura existente, que llevarla a la población dispersa atravesando grandes distancias.
La segunda es la alternativa contenida en el Acuerdo de Paz, que compromete al Estado a hacer una reforma rural integral con un enfoque territorial, a la que Sergio Jaramillo llamó la paz territorial. En ella se acordó cerrar la expansión de la frontera agraria, dar acceso a tierras a los campesinos que la demanden, formalizar la pequeña posesión, mejorar la competitividad de los territorios con bienes públicos e infraestructura y hacer planes sectoriales nacionales para el mundo rural.
La idea de relocalizar población para acercarla a los buenos suelos integrados a los territorios donde la producción es competitiva sonaría irrealizable si no estuviera empezando a ocurrir ya por el cambio climático, con el pronóstico de que los desplazamientos aumentarán en el futuro próximo por la mayor ocurrencia de los deslizamientos e inundaciones. La adaptación al cambio climático también exige proteger todo el bosque andino, amazónico y pacífico que se conserva y recuperar el 40 % de suelos erosionados que arrastran sus sedimentos a los ríos, causando mayores inundaciones. Es la segunda razón para pensar en ordenar mejor la distribución de población en el territorio.
Lo paradójico es que los campesinos, indígenas y negros saben todo lo anterior más que los gobernantes que toman las decisiones del desarrollo. La minga indígena reclama el cumplimiento de cientos de compromisos incumplidos de los gobiernos y los cultivadores de coca piden que se aplique lo previsto en el Acuerdo de Paz, para ofrecer alternativas a la producción ilícita. En todas las regiones campesinas se pide al Gobierno cumplir su promesa de hacer programas de desarrollo con enfoque territorial y confían que por exigirlos no los confundan con guerrilleros y los repriman con la fuerza pública y luego los escarmienten con asesinatos selectivos de los líderes, como es la tradición.
Los cultivos ilícitos sólo se pueden sustituir con desarrollo de los territorios, como quedó pactado en el Acuerdo de Paz. La expansión de la coca es la última fase de la colonización campesina en la periferia selvática, con la diferencia de que es el único producto integrado a cadenas eficientes de comercio, dirigidas al mercado internacional, capaces de crear valor para los campesinos y empresarios del narcotráfico. Salvo los narcos, todos los cultivadores preferirían la economía legal, que es casi inexistente en los territorios periféricos donde reina la ilegal.
Existen dos posibilidades para desarrollar la periferia: la estrategia centrífuga, que corresponde a la colonización como política de acceso a tierras para los campesinos, que consiste en ir creando infraestructura y presencia estatal hasta llegar a la periferia coquera, donde las tierras no son productivas por ser suelos selváticos sin capa orgánica y donde el costo por habitante es demasiado alto frente a la opción de invertir en áreas densamente ocupadas. La segunda forma, la estrategia centrípeta, es recoger las colonizaciones coqueras con la relocalización de los cultivadores hacia territorios con infraestructura y acceso a los mercados, donde tengan una verdadera oportunidad de integrarse a cadenas de valor. Es mucho más equitativo y contribuye mucho más a la distribución del ingreso acercar la población a la infraestructura existente, que llevarla a la población dispersa atravesando grandes distancias.
La segunda es la alternativa contenida en el Acuerdo de Paz, que compromete al Estado a hacer una reforma rural integral con un enfoque territorial, a la que Sergio Jaramillo llamó la paz territorial. En ella se acordó cerrar la expansión de la frontera agraria, dar acceso a tierras a los campesinos que la demanden, formalizar la pequeña posesión, mejorar la competitividad de los territorios con bienes públicos e infraestructura y hacer planes sectoriales nacionales para el mundo rural.
La idea de relocalizar población para acercarla a los buenos suelos integrados a los territorios donde la producción es competitiva sonaría irrealizable si no estuviera empezando a ocurrir ya por el cambio climático, con el pronóstico de que los desplazamientos aumentarán en el futuro próximo por la mayor ocurrencia de los deslizamientos e inundaciones. La adaptación al cambio climático también exige proteger todo el bosque andino, amazónico y pacífico que se conserva y recuperar el 40 % de suelos erosionados que arrastran sus sedimentos a los ríos, causando mayores inundaciones. Es la segunda razón para pensar en ordenar mejor la distribución de población en el territorio.
Lo paradójico es que los campesinos, indígenas y negros saben todo lo anterior más que los gobernantes que toman las decisiones del desarrollo. La minga indígena reclama el cumplimiento de cientos de compromisos incumplidos de los gobiernos y los cultivadores de coca piden que se aplique lo previsto en el Acuerdo de Paz, para ofrecer alternativas a la producción ilícita. En todas las regiones campesinas se pide al Gobierno cumplir su promesa de hacer programas de desarrollo con enfoque territorial y confían que por exigirlos no los confundan con guerrilleros y los repriman con la fuerza pública y luego los escarmienten con asesinatos selectivos de los líderes, como es la tradición.