Nueva energía joven para la reforma rural

La nueva ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica, es la energía joven que el presidente le quiere imprimir a la reforma agraria de nueva generación, con enfoque de desarrollo territorial, como está en el Plan de Desarrollo. Ella formó parte de la Comisión de Reconciliación ayudando a los despojados por la tierra en Urabá, hizo parte de un grupo de expertos que elaboró un proyecto de restitución de tierras, fue asesora del entonces ministro Juan Camilo Restrepo, subgerente de Tierras del Incoder, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas, abogada de la defensa territorial de pueblos étnicos y consultora en temas agrarios. Todo un equipaje de experiencia acumulado por una trabajadora inteligente e incansable, orientada a lograr resultados.

Jhenifer Mojica es una luchadora que no elude las dificultades y afronta los conflictos por lo que son, conflictos entre adversarios sociales. Es una cualidad que va a necesitar si el Gobierno se toma en serio los conflictos agrarios, que necesariamente oponen intereses sobre el mismo espacio limitado por la geografía. Ya sabe que no puede contar con los ilusorios tres millones de hectáreas de los ganaderos y menos tierras buenas bien localizadas donde está la demanda campesina y donde están los conflictos.

El origen de los conflictos agrarios fue la apropiación extensiva de las tierras que fueron ocupando colonos campesinos, en una guerra del hacha contra el papel sellado, primero con la titulación por sentencias de pertenencia otorgadas generosamente a los terratenientes por los jueces civiles en violación de la Ley de Baldíos, que los declaró imprescriptibles y los reservó para titular a campesinos. Luego vino la compra de tierras por narcos, la expansión de las guerrillas y la clonación de paramilitares, hasta desembocar en las actuales empresas criminales que controlan la periferia rural del país y desangran a la población. Colombia está resolviendo el conflicto agrario con la expulsión violenta del campesinado y la excesiva concentración de la propiedad en manos del 2 % de los propietarios.

Desde la Revolución en Marcha de López Pumarejo y el reformismo agrario de Lleras Restrepo, el país cuenta con soluciones de fondo al conflicto agrario, como la recuperación de baldíos indebidamente apropiados, la extinción del dominio sin indemnización a las tierras ociosas, la de las tierras adquiridas con recursos ilícitos, y, por último, como se usa para las obras públicas, la expropiación con indemnización previa, por la prevalencia del bien común sobre el interés particular. Hay algo de hipocresía cuando se dice que el Gobierno quiere expropiar tierras para la reforma agraria, cuando el proceso histórico real ha sido la expropiación sistemática de los baldíos de los campesinos por quienes logran titularlos fraudulentamente, con la anuencia de los jueces.

La jurisdicción agraria es esencial para poner en marcha el derecho agrario y es lamentable que la Corte Suprema, donde solo hay civilistas pero no agraristas, haya decidido que no es necesaria una corte agraria de cierre de la jurisdicción. Es una decisión política de la Corte Suprema para mantener el blindaje del derecho civil a favor de la propiedad registrada y en contra de los poseedores campesinos sin título, que forman el 60 % de los predios rurales del país.

Aun con esta limitación, el nuevo empuje de la reforma rural en cabeza de Jhenifer Mojica es una noticia esperanzadora para la población rural, siempre marginada del desarrollo y la modernidad.