Es muy probable que la mayor fuente de tierras que el Gobierno puede acopiar para distribuir a familias campesinas sea la recuperación de baldíos ilegalmente apropiados por grandes hacendados tradicionales y emergentes, miembros de clanes regionales poderosos.
Cada apropiación extensiva encierra un conflicto con los pobladores locales, que ocupaban los baldíos y esperaban que su trabajo les mereciera el título de adjudicación por el Gobierno. Como el Incora fue colapsado en el gobierno Uribe, la adjudicación de baldíos, los alinderamientos y reenglobes catastrales se transformaron en la piñata de apropiación ilegal de tierras por parte de grandes finqueros en asocio con abogados, notarios, funcionarios y jueces amigos.
Ese despojo a los campesinos contó con la complicidad de funcionarios venales del Incoder hasta el comienzo del gobierno Santos, cuando Juan Camilo Restrepo asumió el Ministerio de Agricultura y activó los procesos agrarios a favor de los campesinos. Dos mujeres íntegras y luchadoras aceptaron el reto de ser subgerentes de tierras del Incoder: Alexandra Lozano y luego Jhenifer Mojica. La primera rescató del archivo muerto los expedientes y activó los procesos claves en los que se estaba robando la tierra a los campesinos, como el del ganadero sucreño Adalberto José Bula, que pretendía crecer a 914 hectáreas una finca original de 10 hectáreas mediante un alinderamiento del plano catastral sobre playones de las ciénagas Amansaguapo, Caño Viloria y Dividivi, trabajados por 200 familias campesinas.
Los campesinos afectados demandaron ante Incoder y lograron en 2006 que una inspección comprobara que se trataba de baldíos inadjudicables —ciénaga—, a partir de lo cual se inició formalmente el proceso de deslinde, pero otra inspección en 2009, cuando el subgerente de Tierras era José Rodolfo Castro y el gerente de Incoder Rodolfo Campo Soto, falló a favor del hacendado Bula, diciendo que en el predio no existían ciénagas. Cuando Alexandra Lozano intervino, al resolver el recurso de reposición de los campesinos, ordenó una nueva inspección y comprobó que tenían razón, que sí existía la ciénaga, y la deslindó, dejando claro así que se trataba de un baldío inadjudicable que pertenece al Estado colombiano y que no podía ser apropiado por Bula ni por ningún particular. Ella repuso la resolución anterior y ordenó un proceso de deslinde, para establecer los linderos reales del baldío y el derecho de los campesinos a ocuparlo. Fue, como todas las suyas, una decisión apegada al derecho, valerosa, honesta y sensible al clamor de los campesinos.
Ella no podía imaginar por dónde saltaría la liebre del contraataque, esta vez en cabeza de la Fiscalía, que le imputa como cargo penal la deshonestidad que ella reparó con su actuación, al sostener, según se afirma en El Heraldo, El Tiempo y El Espectador, que fue ella quien desconoció la existencia de las ciénagas en el predio, cuando fue justamente lo opuesto. La Fiscalía detuvo preventivamente a Alexandra Lozano y a su equipo de abogados y técnicos, entre los que se cuenta Manuel Cipagauta, y ahora se enfrentan a un proceso penal por haber actuado con honestidad e integridad, llenos de valor civil, en defensa de la tierra de los campesinos.
Merece alabanza que la Fiscalía investigue los actos deshonestos del Gobierno, pero envía un mensaje nefasto a los buenos funcionarios que, en temas administrativos complejos, los fiscales procedan a ciegas y a la ligera, inculpando a los honestos para intimidarlos y de paso exonerando a los culpables. Los falsos positivos judiciales, que les ganan aplausos momentáneos, son muchas veces, como en este caso, un atropello descarado contra personas que, como Alexandra Lozano y sus compañeros, merecen el aplauso de la sociedad por su valor e integridad.
Alejandro Reyes Posada*
