¿Por qué no despega la reforma rural?

El problema de la mala distribución y peor uso de las tierras pesa como un grillete amarrado a los pies de la economía, en un contexto de globalización que le abre a Colombia un horizonte de modernización fundada en nuestra única ventaja competitiva, los recursos naturales abundantes y el talento para hacerlos productivos. Por eso el Gobierno, al reconocer el problema, acordó, como parte del pacto de paz, hacer una reforma rural integral con enfoque territorial, a la que llamó la paz territorial. El ministro de Agricultura que impulsó ese acuerdo agrario fue Juan Camilo Restrepo, quien además había logrado aprobar la restitución de tierras y había construido en dos años una sólida Unidad de Restitución, liderada por Ricardo Sabogal Urrego, blindada del clientelismo por el apoyo directo del presidente Santos para crear una entidad eficiente y comprometida con los campesinos despojados.

Desde ese momento de avance sustancial, en mayo de 2013, han pasado cinco años casi perdidos para la preparación de la reforma comprometida, y la explicación de ese retraso es política. La renuncia de Restrepo inició una pendiente en caída acelerada que destruyó la institucionalidad del Ministerio de Agricultura, con pocas islas, como Corpoica y la Upra, que mantuvieron su nivel técnico.

Después de haber desactivado los paros agrarios de 2013 y 2014 con promesas incumplidas de mermelada a las cumbres y dignidades agrarias, Aurelio Iragorri Valencia asumió el Ministerio de Agricultura durante los siguientes tres años largos, desde agosto de 2014 hasta octubre de 2017. Pasamos de “el tal paro agrario no existe” a “la tal reforma rural no existe”.

Iragorri había sido el gran distribuidor de puestos y contratos, con contratistas amarrados, para comprar congresistas a favor de los proyectos del Gobierno. Con su paso a Agricultura, Iragorri adaptó la institucionalidad del sector rural al mismo método. Para lograrlo, llevó su cuadrilla personal de asesores y los nombró gerentes de temas, reemplazando a los directores y gerentes técnicos, y eliminando su capacidad de decisión, para concentrar la contratación en manos de los asesores, que desconocían el sector agrario.

A continuación inventó el programa Pares, para distribuir los recursos entre las gobernaciones y contratar a dedo a los operadores, en un festín de rentas de contratación en el que muchos, en cascada, capturaron su participación de las ganancias, diluyendo el impacto de la inversión pública en desarrollo rural y corrompiendo aún más a los operadores privados y las asociaciones campesinas. Mientras hacía esto, poco se ocupó de estructurar el cambio institucional y normativo que se requería para impulsar la reforma rural integral. Sólo a fines de 2015 se dividió el Incoder en las tres agencias que con dificultad dan sus primeros pasos, la de tierras, desarrollo rural y renovación del territorio, diseñadas como superintendencias que subcontratan y sin capacidad operativa real.

El presidente Santos se equivocó al abandonar en manos de Iragorri el cumplimiento del acuerdo agrario y la consecuencia cae sobre los campesinos, indígenas y negros que forjaron grandes esperanzas en que les llegaría la hora de ser tenidos en cuenta para cerrar la brecha con el mundo urbano. Sólo ahora se discute un borrador de decreto para disponer la entrega de tierras a los desmovilizados de las Farc, cuando ya la mayoría ha abandonado los campamentos para ingresar al rebusque, armado o sin armas, y la reintegración socioeconómica hace agua por todas partes. Al fracaso de la construcción de la paz hay que comenzar a ponerle nombres y apellidos.

alejandroreyesposada.wordpress.com