Reforma agraria: ¿concertada o a la fuerza?

La exministra de Agricultura Cecilia López formuló el dilema en que se encuentra, según ella, la reforma agraria: seguir con la concertación iniciada con Fedegán para la compra voluntaria de tierras ofrecidas por ganaderos o radicalizar la reforma, que “equivaldría a prender la llama que acabaría con la posibilidad de distribuir la tierra, de incentivar el campo, de movernos hacia una economía sostenible y de hacer posible la transición energética” (“Reforma agraria: ¿concertada o a la fuerza?”, El Tiempo, 3 de septiembre de 2023).

La reforma concertada, según la exministra, debía evitar “errores como comprar tierra de origen ilegal o improductiva (que) podían matar la reforma. Por eso siempre se dijo que esta reforma agraria concertada era una tarea de filigrana”. Según ella, el presidente Petro no entendió esa complejidad y perdió la paciencia, cambió a la ministra López por la ministra Mojica y se desechó la reforma concertada por una radical. Las señales que aduce la exministra para sostener que se decidió por la reforma radical son que en algún momento se habló de “expropiación exprés” y de usar la extinción del dominio de tierras ociosas por incumplimiento de la función social de la propiedad, vigente desde 1936, o la posibilidad de que la Agencia de Tierras asuma funciones judiciales en ciertos casos.

La administración Petro no está planteando una reforma agraria radical sino una reforma por la vía del mercado de tierras, con el Gobierno como demandante y comprador de tierras para distribución a campesinos. Esa decisión es acertada en el contexto de violencia del país, frente al temor de que los grandes propietarios repotencien el paramilitarismo como arma contra la reforma agraria, posibilidad siempre vigente en Colombia. No obstante, la intervención en el mercado debe hacerse inteligentemente, porque se trata de uno de los mercados más imperfectos, con precios comerciales de la tierra sobrevaluados muy por encima de su valor productivo y un bajo costo de oportunidad para almacenar capital en tierras ociosas, porque los impuestos prediales se cobran sobre avalúos muy bajos respecto del valor comercial. Al comprar a estos precios distorsionados, el Gobierno transfiere impuestos de los contribuyentes a las rentas de los grandes propietarios.

La mejor manera de reducir los sobreprecios comerciales de la renta de la tierra y de hacer viable financieramente la reforma agraria es acudir al mercado ampliado de la tierra, al comprar no solo propiedades consolidadas con títulos registrados, sino preferentemente tierras informales extensas, simples posesiones y mejoras, incluso sobre baldíos, a precios muy inferiores a los comerciales, pues no incluyen el sobreprecio de las rentas de la tierra derivadas del monopolio de los propietarios. Esa decisión puede bajar los precios del mercado de tierras a la mitad de los actuales, pues reduce el tamaño del monopolio.

El Gobierno, además, está obligado a cumplir las leyes agrarias sobre recuperación de extensos baldíos indebidamente apropiados, obligación reiterada por reciente sentencia de la Corte Constitucional, y a extinguir el dominio de tierras que no cumplen su función social, facultad legal que va a cumplir un siglo de existencia, y puede desistir de esos procesos agrarios si los afectados aceptan vender voluntariamente sus derechos, a precios reducidos por la falta de consolidación de la propiedad. Este desistimiento a favor del Fondo de Tierras operaría como el principio de oportunidad en el sistema penal, para lograr el objetivo de acopiar, a menores costos y tiempos que los del litigio prolongado, los millones de hectáreas que requieren los campesinos sin tierra o con muy poca para salir de la pobreza. Sería una reforma agraria concertada, con la fuerza de la ley como respaldo a la intervención en el mercado de tierras, muy lejos de una reforma a la fuerza.