En un editorial de la revista nueva Frontera, Carlos Lleras Restrepo planteó, hace cuatro décadas, el dilema entre “democracia o revolución” al que se enfrentaba el país.
Como Misael Pastrana, Alfonso López y Julio César Turbay abortaron la reforma agraria, y con ella la democracia, hemos tenido casi medio siglo de insurgencia, bandidismo mafioso y contrainsurgencia paramilitar que nos pusieron en un círculo vicioso de autodestrucción.
Belisario Betancur intentó en vano una reforma pactada para hacer la paz con las guerrillas, apertura que logró resultados parciales sólo en los gobiernos siguientes de Virgilio Barco y César Gaviria, con las desmovilizaciones del M-19, el Quintín Lame, el EPL y la CRS.
Álvaro Uribe, en sus dos períodos, consolidó las ganancias territoriales de la gran propiedad —la “nueva colonización antioqueña”— y reemplazó la seguridad paramilitar con el fortalecimiento de la seguridad estatal, con lo cual abrió el camino para regularizar la confrontación armada entre los adversarios principales, las guerrillas y el Gobierno, lo que no es poco mérito.
El problema de fondo, sin embargo, sigue siendo el que planteó Carlos Lleras Restrepo, que ahora podríamos llamar el dilema entre reforma o venezolanización, pues ya no podemos decir revolución.
En Colombia, como en Venezuela, el sistema de partidos entró en crisis profunda de representación de los intereses populares, se corrompieron el poder electoral y la justicia, y asoman la cabeza nuevos líderes populistas, como Gustavo Petro, listos a recoger el descontento y canalizarlo a favor de aspiraciones personales en nombre del pueblo, aunque sea violentando la legalidad.
Este panorama sirve de telón de fondo para apreciar la importancia del viraje que representan las iniciativas de Juan Manuel Santos, dispuesto a reconocer y reparar a las víctimas, restituir las tierras despojadas y hacer una reforma rural integral como compromiso para lograr un acuerdo de paz con las guerrillas.
Se trata del último intento del sistema político para ampliar la democracia mediante una política reformista, incorporar a los sectores tradicionalmente excluidos y fortalecer la participación popular.
Si tiene éxito, esta reforma consolidará el poder del Estado, le dará bases sólidas al desarrollo económico y, sobre todo, evitará la deriva hacia el populismo mafioso y armado para el que están listos los ingredientes, como ocurrió en Venezuela.
La tradición jurídica colombiana, forjada al calor de los grandes conflictos políticos, tiene los instrumentos para hacer justicia social con el campesinado, los indígenas y las comunidades negras. Las herencias reformistas de Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo quedaron plasmadas en la Constitución como la función social de la propiedad y la prevalencia de la posesión material de la tierra sobre la propiedad inscrita, la distribución del latifundio y la formalización de los derechos de los trabajadores rurales.
El instrumento de la reforma rural es la aplicación del derecho agrario y su base esencial es hacer un catastro moderno para formalizar las reservas ambientales y los territorios étnicos, eliminar el latifundio ocioso y repartir la tierra entre campesinos y desplazados.
*Alejandro Reyes Posada
