Los fundamentos de la paz que se pactó sufrieron daños estructurales desde el 2 de octubre, cuando ganó el No en el plebiscito. En nombre de la defensa de la Constitución, la Corte decidió que había que negociar de nuevo el acuerdo de paz en el Congreso, al quitarle al Gobierno la iniciativa legislativa y admitir todas las proposiciones de los congresistas, lo que hizo más lento y costoso el proceso de aprobación. Desde entonces se ha venido reduciendo el alcance de la paz con las Farc para hacerla equivalente a la que se pactó con otras guerrillas en los 90, que no cerraron sino que reciclaron el conflicto armado. La coalición política que respaldó el acuerdo de paz se fragmentó con la deserción del partido de Vargas Lleras, cuya principal diferencia con el acuerdo fue el temor al juzgamiento de terceros por la justicia especial de paz, y por la terminación del barril de mermelada con el que se pagaron los votos parlamentarios de implementación de la paz.
Es el mismo temor que tienen todos los aliados de los paramilitares que no quieren confesar la verdad ni reparar a las víctimas devolviendo las ganancias de la guerra. A quienes han ocupado posiciones de poder les cuesta mucho reconocer la responsabilidad de los gobiernos en la reproducción ampliada de la violencia contra la población, pero más les cuesta renunciar al uso de la violencia para mantenerlas. Esa es la razón de fondo para que la derecha no se haya querido sumar a la paz.
Para un adecuado retorno a la realidad hay que redimensionar la paz con las Farc a lo realmente existente, que se reduce a la desmovilización y entrega de las armas, seguida de una esperanza menguante de reconciliación y reincorporación a la sociedad por parte de sus miembros. Habría que sumar a las ganancias de la paz la ilusión de la población campesina afectada por la guerra degradada, que los llevó a renovar sus proyectos productivos y aumentar la siembra de alimentos, con la esperanza de que sus esfuerzos no quedaran en manos de los extorsionistas en nombre de la revolución o la represión.
La reforma rural, primer punto acordado en mayo de 2013, no despegó durante los tres años que estuvo a cargo del actual director del Partido de la U, Aurelio Iragorri, y tampoco la dotación de tierras para los desmovilizados campesinos, indígenas y negros, en un claro sabotaje interno a la paz. La sustitución de cultivos ilícitos sigue el ritmo lento de la burocracia, mientras la erradicación forzosa avanza a ritmo de crucero, sumiendo en mayor pobreza y frustración los territorios marginados del desarrollo. La apertura política a nuevos movimientos de víctimas y comunidades olvidadas se hundió por la defensa de los monopolios políticos de clientelas y contratistas enquistados en el tesoro público y la obtención de rentas del gasto social, que finalmente les quitan a los niños desnutridos el pan de la boca.
Una dirigencia rapaz que desangra las finanzas públicas y monopoliza las rentas generadas por la sociedad es incapaz de reconocer sus propias fallas y de terminar el conflicto armado, que tantos dividendos les ha dado como justificación para no hacer las reformas necesarias, como la agraria, para desplegar el potencial de las nuevas generaciones que heredarán el país. La historia tendrá que demandarles no haber estado a la altura de los tiempos para sacar a Colombia de la barbarie de la guerra sin sentido en que estamos entrampados.
alejandro.reyesposada.wordpress.com
Los fundamentos de la paz que se pactó sufrieron daños estructurales desde el 2 de octubre, cuando ganó el No en el plebiscito. En nombre de la defensa de la Constitución, la Corte decidió que había que negociar de nuevo el acuerdo de paz en el Congreso, al quitarle al Gobierno la iniciativa legislativa y admitir todas las proposiciones de los congresistas, lo que hizo más lento y costoso el proceso de aprobación. Desde entonces se ha venido reduciendo el alcance de la paz con las Farc para hacerla equivalente a la que se pactó con otras guerrillas en los 90, que no cerraron sino que reciclaron el conflicto armado. La coalición política que respaldó el acuerdo de paz se fragmentó con la deserción del partido de Vargas Lleras, cuya principal diferencia con el acuerdo fue el temor al juzgamiento de terceros por la justicia especial de paz, y por la terminación del barril de mermelada con el que se pagaron los votos parlamentarios de implementación de la paz.
Es el mismo temor que tienen todos los aliados de los paramilitares que no quieren confesar la verdad ni reparar a las víctimas devolviendo las ganancias de la guerra. A quienes han ocupado posiciones de poder les cuesta mucho reconocer la responsabilidad de los gobiernos en la reproducción ampliada de la violencia contra la población, pero más les cuesta renunciar al uso de la violencia para mantenerlas. Esa es la razón de fondo para que la derecha no se haya querido sumar a la paz.
Para un adecuado retorno a la realidad hay que redimensionar la paz con las Farc a lo realmente existente, que se reduce a la desmovilización y entrega de las armas, seguida de una esperanza menguante de reconciliación y reincorporación a la sociedad por parte de sus miembros. Habría que sumar a las ganancias de la paz la ilusión de la población campesina afectada por la guerra degradada, que los llevó a renovar sus proyectos productivos y aumentar la siembra de alimentos, con la esperanza de que sus esfuerzos no quedaran en manos de los extorsionistas en nombre de la revolución o la represión.
La reforma rural, primer punto acordado en mayo de 2013, no despegó durante los tres años que estuvo a cargo del actual director del Partido de la U, Aurelio Iragorri, y tampoco la dotación de tierras para los desmovilizados campesinos, indígenas y negros, en un claro sabotaje interno a la paz. La sustitución de cultivos ilícitos sigue el ritmo lento de la burocracia, mientras la erradicación forzosa avanza a ritmo de crucero, sumiendo en mayor pobreza y frustración los territorios marginados del desarrollo. La apertura política a nuevos movimientos de víctimas y comunidades olvidadas se hundió por la defensa de los monopolios políticos de clientelas y contratistas enquistados en el tesoro público y la obtención de rentas del gasto social, que finalmente les quitan a los niños desnutridos el pan de la boca.
Una dirigencia rapaz que desangra las finanzas públicas y monopoliza las rentas generadas por la sociedad es incapaz de reconocer sus propias fallas y de terminar el conflicto armado, que tantos dividendos les ha dado como justificación para no hacer las reformas necesarias, como la agraria, para desplegar el potencial de las nuevas generaciones que heredarán el país. La historia tendrá que demandarles no haber estado a la altura de los tiempos para sacar a Colombia de la barbarie de la guerra sin sentido en que estamos entrampados.
alejandro.reyesposada.wordpress.com