Ruta crítica para la reforma rural

El derecho agrario en Colombia es progresista y reformista, fruto de dos líderes indiscutibles del siglo XX, Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo, que buscaron resolver el problema agrario que hoy sigue arrastrando las consecuencias previstas de su inaplicación, hasta desembocar en la guerra contra el campesinado de la que no hemos salido. Todos los grandes problemas agrarios tienen previstas sus soluciones en el derecho de tierras y solo falta usar las herramientas a disposición del Gobierno, en vez de confiar en la ilusión de que Fedegán los va a solucionar con su oferta de tierras al Estado.

El incumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc ha sido protuberante en el tema rural, pues no se ha acopiado el fondo de tierras modesto de tres millones de hectáreas que se fijó en La Habana. En la mesa de negociaciones se discutió el tema y se acordó usar los recursos legales a disposición del Gobierno: restitución de tierras despojadas, recuperación de baldíos indebidamente apropiados, extinción de las tierras ociosas que almacenan capital para capturar las rentas de la tierra, uso agrario de las tierras extinguidas al narcotráfico, formalización de la pequeña posesión por oferta gubernamental y ordenamiento social de la propiedad rural.

En el acuerdo agrario se adoptó el nuevo paradigma del enfoque territorial y debe usarse para hacer la reforma agraria con inteligencia geográfica. Es necesario focalizar esfuerzos en las áreas donde se sabe que se ha desconocido el derecho agrario en la apropiación ilegal de los baldíos que estaban destinados a los campesinos. Allí debe hacerse la clarificación del dominio, que busca responder si las tierras son privadas o baldíos según el origen de la propiedad, seguida por la recuperación de los baldíos para ser distribuidos equitativamente.

En esta situación hay un gran arco que va de Urabá al sur de Córdoba, Bajo Cauca antioqueño, Magdalena Medio, sur del Cesar y Catatumbo en Norte de Santander. Del otro lado de la cordillera Oriental está el arco que nace en Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, de reciente ocupación y apropiación, muchas veces pasando por encima de la ley de baldíos. El programa de clarificación debe incluir sólo predios extensos, por economía administrativa, y no desgastarse en pequeñas parcelas de colonos, que deben ser objeto de formalización.

En el país hay 500 municipios donde los narcos compraron propiedades extensivas, que se dotaron de fuerzas paramilitares para su defensa. Aunque se han extinguido más de dos millones de hectáreas, los jueces han devuelto un millón y medio, y el resto está en manos de administradores provisionales, muchas veces testaferros, a cargo de la SAE. Debe cambiarse la ley de extinción para que, una vez incautadas, las tierras pasen al fondo para distribución, mientras el litigio continúa sobre la suma de dinero del valor comercial.

La extinción por mantener ociosa la tierra dejó de aplicarse desde el Pacto de Chicoral, en 1972, pero en los 60 permitió al Gobierno conseguir más de cuatro millones de hectáreas. Es el recurso que mejor soluciona el problema agrario, pues la sociedad paga un alto costo de oportunidad al permitir que la tierra no se use con eficiencia para producir alimentos, mientras el 40 % de la población sufre de hambre. El escollo ha sido siempre demostrar que la tierra se mantiene ociosa en espera de valorización. Una fórmula que debe considerarse es comprobar el uso productivo en la declaración de renta de los propietarios, que debe reflejar los ingresos derivados de las cosechas o ganaderías. O son improductivos o evasores de impuestos, o ambas cosas.

Cuando el presidente y la ministra de Agricultura juraron cumplir la ley, no excluyeron las leyes de tierras ni la reforma agraria, favorables a los campesinos.