¿Salvar la restitución? ¿De quién?

“Presidente Santos, ¡salve la restitución de tierras!”, clama León Valencia en su columna de Semana.

En la misma edición, como una operación concertada, la Fundación Forjando Futuros, la ONG de Gerardo Vega, publica una separata para criticar la manera como se ha hecho la restitución y proponer sus propias fórmulas para acelerarla.

León Valencia y Gerardo Vega abogan por un modelo de restitución dirigido por los dueños de las víctimas, que incluya grandes procesos colectivos de restitución, compensaciones en dinero para todos los casos donde las condiciones de seguridad no permitan la restitución y el retorno, restitución administrativa y titulación en todos los casos en los cuales no haya opositor, y finalmente, un gran protagonismo de las ONG de víctimas en mover todo el proceso administrativo y judicial de restitución. Como conclusión de su análisis, León Valencia condena a Ricardo Sabogal, el excelente y dinámico director de la Unidad de Restitución, acusándolo de haber escogido “de manera deliberada, el camino más largo, el más lento, el más dispendioso, para impulsar la restitución de tierras” (León Valencia, Semana, ed. 1665).

Ninguna de las propuestas alternativas resiste un análisis serio del problema. La restitución colectiva no exime del recaudo de pruebas de los derechos individuales de cada reclamante y del fallo judicial con derechos individualizados, de manera que no se ahorra tiempo por la vía colectiva, pero sí se abre una ventana ancha de inseguridad jurídica y parálisis de inversión en el campo. La compensación monetaria donde no haya condiciones de seguridad exige, de todas formas, individualizar los derechos despojados, hacer el plano catastral, reunir las pruebas del despojo y obtener una sentencia favorable del juez de restitución. Ninguna de esas tareas puede hacerse sin condiciones de seguridad adecuadas, de manera que volvemos al punto de inicio: sin seguridad no hay restitución ni compensación posibles. La restitución administrativa cuando no haya oposición es más un proceso de formalización de la propiedad, a cargo de otras entidades, pues en las regiones donde se recuperó la seguridad se ha revertido el abandono de tierras y los desplazados han podido retornar o disponer de su tierra, si lo desean, debido precisamente a la seguridad.

La conclusión es que la vía escogida por Ricardo Sabogal es la única factible y segura, que restituye progresivamente la tierra despojada, según la ley, sin permitir que el proceso arrastre con la seguridad jurídica y la inversión agraria, por un flanco, y por otro, que se desborde en una nueva victimización de los despojados, como ocurriría si el conflicto de tierras se planteara como uno entre victimarios y víctimas, y no como realmente es, la obligación del Estado de restablecer los derechos de las víctimas, vencer en juicio a los despojadores y retornar la tierra a sus poseedores legítimos, con la aplicación de la ley.

El presidente Santos sabe todo esto, pues le ha hecho un seguimiento minucioso y constante a la restitución, y por eso no va a cometer el error de cambiar al colombiano que en dos años logró la hazaña, con la dirección y apoyo constante del exministro Juan Camilo Restrepo, de crear casi de la nada una institución joven, comprometida a fondo, bien capacitada y eficiente, blindada contra la corrupción y el clientelismo, para dársela a quienes quisieran entregar a manos rotas el botín de tierras despojadas a sus clientelas para cosechar los dividendos políticos.

* Alejandro Reyes Posada