Se debe iniciar la expansión de la frontera forestal
La verdadera política de tierras del país ha sido la deforestación de las selvas y los bosques andinos, para expandir la frontera agropecuaria y alojar la población campesina expulsada de las regiones donde se consolidó la apropiación de la mejor tierra. La colonización reproduce el latifundio especulativo para capturar las rentas de la tierra, representadas en el precio al que los dueños están dispuestos a cederla a quien la necesite para hacerla producir. Esa renta aumenta con la inversión pública, pagada por todos, y es apropiada por los que logran titularla con funcionarios o jueces.
El costo de oportunidad de no usar adecuadamente la tierra está llegando a cifras muy altas y la factura la paga toda la sociedad y el planeta entero, que necesita preservar los bosques como reguladores del ciclo del agua y sumideros de carbono. Es hora de parar la colonización y devolver las avanzadas cocaleras y ganaderas para densificar la ocupación de las regiones incorporadas a los circuitos del mercado, donde hay oferta de bienes públicos.
Ordenar los derechos de propiedad de los territorios ocupados es una condición necesaria para frenar la expansión de la frontera y la responsabilidad operativa para lograrlo cae en la Agencia Nacional de Tierras del Ministerio de Agricultura, que enfrenta obstáculos casi insuperables para hacer la tarea. No hay un catastro confiable y este no armoniza con el registro, pero lo peor es que el Estado no puede distinguir entre tierras privadas y baldías para definir la propiedad en las regiones de colonización.
Se espera una sentencia de tutela de la Corte Constitucional para contar con pautas claras para formalizar la propiedad en regiones de frontera agraria. Ojalá esa sentencia reconozca el anacronismo del concepto de tierras baldías, que originalmente eran las pertenecientes al rey de España por no haberlas asignado a sus súbditos, y lo cambie por el de reserva forestal y territorios étnicos, para proteger su verdadera vocación natural y reconocer a sus verdaderos dueños y protectores con 15.000 años de experiencia acumulada.
Cada territorio tiene un problema de tierras específico y por eso el país adoptó el nuevo paradigma del enfoque territorial para resolverlo de abajo hacia arriba, con iniciativas locales para ordenar los derechos de propiedad y definir los usos de la tierra. Hoy el principal movimiento social colombiano está formado por las organizaciones que defienden territorios de la destrucción ambiental, la minería predatoria y contaminante, los cultivos ilícitos y la captura por poderes armados. Es el resultado de una nueva conciencia ambiental y una nueva comprensión del desarrollo rural, cuya competitividad depende del desarrollo de los territorios y no solo de lo que se haga en las parcelas.
La secuencia sensata de la solución del problema de tierras empieza por una nueva delimitación de la reserva forestal, que incluya los territorios donde se debe restaurar, seguida por el reconocimiento de la propiedad de indígenas y afros, que por tradición protegen los bosques y selvas, y continuada por el ordenamiento de los derechos de propiedad, que tiene dos caras: la extinción del derecho a quienes no la usan adecuadamente y la formalización de quienes la trabajan, incluyendo la distribución a quienes carecen de ella o la tienen en extensiones insuficientes para vivir.
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El costo de oportunidad de no usar adecuadamente la tierra está llegando a cifras muy altas y la factura la paga toda la sociedad y el planeta entero, que necesita preservar los bosques como reguladores del ciclo del agua y sumideros de carbono. Es hora de parar la colonización y devolver las avanzadas cocaleras y ganaderas para densificar la ocupación de las regiones incorporadas a los circuitos del mercado, donde hay oferta de bienes públicos.
Ordenar los derechos de propiedad de los territorios ocupados es una condición necesaria para frenar la expansión de la frontera y la responsabilidad operativa para lograrlo cae en la Agencia Nacional de Tierras del Ministerio de Agricultura, que enfrenta obstáculos casi insuperables para hacer la tarea. No hay un catastro confiable y este no armoniza con el registro, pero lo peor es que el Estado no puede distinguir entre tierras privadas y baldías para definir la propiedad en las regiones de colonización.
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