Tierra para la paz

Es una paradoja que el tema más complejo, con mayores raíces en la violencia, con más intereses encontrados, fuera también el primero que acercó las visiones del Gobierno y las Farc para llegar al acuerdo de hacer una reforma rural integral.

La última guerra de colonos en el hemisferio, como la definió Marco Palacios, puede terminar con el compromiso de resolver la cuestión agraria, cuya solución ha sido exitosamente evitada por las élites regionales durante las últimas ocho décadas. Sólo una visión moderna, que reconoce el conflicto armado, atiende a sus víctimas y acepta pagar una deuda de derechos y ciudadanía con los pobladores del campo, es capaz de afrontar el problema agrario y formular su solución de acuerdo con sus adversarios.

Lo que pareció debilidad del Gobierno en la mesa de conversaciones, al aceptar la realidad del problema, se tornó en fortaleza para el resto de temas de negociación, pues definió el carácter democrático y progresista del Gobierno frente a la insurgencia.

Dos razones llevaron al Gobierno a la convicción de que el conflicto armado no puede superarse sin una reforma rural integral: primera, porque la apropiación armada e ilegal de los territorios es el mecanismo que genera violencia contra la población, y debe reemplazarse por un ordenamiento y garantía estatal de los derechos sobre la tierra; y segunda, porque es la población campesina, víctima del terror, la que ha sufrido el mayor daño por la guerra interna. Además, una reforma rural integral es una vía rápida hacia la seguridad alimentaria, la eficiencia económica y la igualdad social. Es la oportunidad política excepcional para realizar la tarea pendiente del desarrollo, sin la cual no estarán seguros los derechos de empresarios ni campesinos ni tendrá una base sólida la economía.

El enfoque territorial es un pilar conceptual y político central en el acuerdo agrario con las Farc. En un país tan abigarrado topográficamente como Colombia, tan diverso en suelos y ecosistemas, el problema de la tierra es distinto en cada territorio, cuyas ventajas o restricciones son determinantes para la competitividad de la economía rural. El enfoque territorial es una profundización de la democracia y la descentralización política y administrativa, pues reconoce derechos de ciudadanía a la población de cada territorio para participar en el ordenamiento ambiental y productivo, en la clarificación y legitimación comunitaria de derechos de propiedad y en la formulación y vigilancia de programas de desarrollo rural, en concertación con las instituciones del Gobierno, los productores y empresarios y demás organizaciones sociales.

Este nuevo escenario institucional para tramitar en paz los conflictos de tierras y territorios no estará libre de oposiciones armadas, empezando con las bandas criminales, y exige el control estatal del territorio, que se amplía a medida que se definen y aseguran los derechos de propiedad de la tierra en sus cuatro vertientes: tierras públicas (baldíos), privadas, reservas ambientales y territorios de minorías étnicas. Es necesario superar la ilegalidad en la apropiación de tierras, la informalidad de la tenencia, el despojo, la falta de acceso de los productores familiares y el monopolio rentístico ineficiente que acapara los recursos a expensas de la sociedad.

*Alejandro Reyes Posada