Transición de legalidades para la paz

La transición hacia la paz es también el paso de una legalidad guerrillera a una legalidad estatal en los territorios donde han tenido una presencia prolongada.

Las guerrillas han impuesto unas normas relacionadas con la propiedad y los usos de la tierra, la justicia entre vecinos, la tributación y la seguridad. Esas normas les aseguran un entorno social favorable, regulan mercados ilegales no regulados por el Estado y aseguran la captación de rentas por extorsión y robo para sostener su organización armada.

La legalidad guerrillera llena el vacío creado por la falta efectiva de acción estatal en los territorios, pues la sociedad prefiere que uno solo mande cuando no hay ley que proteja a unos de otros. Es también un régimen impuesto, autoritario, no democrático, regido por los comandantes de frentes y compañías guerrilleras, con sanciones como la amonestación, la multa, el destierro y la muerte, aplicadas sin apelación ni segunda instancia. La transición del posconflicto significa la liberación de la dominación guerrillera sobre la población.

El problema de la tenencia de la tierra es más complicado. La colonización armada que las Farc emprendieron hace medio siglo desde los valles de los ríos Duda y Guayabero, y más tarde hacia la Macarena, El Caguán y el Guaviare, tuvo un reparto de la tierra regido por las guerrillas, que protegió la tenencia de los colonos cultivadores de coca y excluyó a los grandes ganaderos y empresarios agrarios. Como toda colonización, se hizo sobre baldíos, algunos protegidos en reservas y parques nacionales, y el Estado estuvo muy rezagado en el proceso de adjudicar y titular la tierra.

El resultado es que tenemos un sistema de tenencia informal, talador del bosque, con cultivos de coca como precursores de la ganadería extensiva, que ha despojado territorios indígenas, en el que los mismos colonos, por acción comunal, han construido la infraestructura y han valorizado la tierra, y el problema para el Estado es convertirlo en un sistema de tenencia regulado y formalizado, con obligaciones ambientales y respeto por la vocación natural del ecosistema.

La solución simplista de afirmar que son tierras de las Farc y que se pueden expropiar o recuperar no resuelve el problema de los ocupantes campesinos, los territorios indígenas y la ocupación de las reservas naturales. Debe estudiar en el terreno las ocupaciones campesinas y adjudicar el título de propiedad a quienes cumplan los requisitos legales y carezcan de otra tierra, aunque hayan sido súbditos o colaboradores forzosos de las guerrillas. Debe sanear los resguardos indígenas y los parques nacionales, transformando a sus ocupantes en guardabosques y restauradores del ecosistema. Es posible, incluso, que algunos comandantes, violando las normas internas, se hayan apropiado de tierras, que deben ser devueltas para reparación de las víctimas de la guerrilla o extinguidas por enriquecimiento ilícito a favor del fondo de tierras para la paz.