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La ocupación de las selvas con colonizaciones artificialmente subsidiadas por la coca no es sostenible ambiental ni económicamente con otros productos y por esa razón han fracasado los enfoques que descansan en el desarrollo alternativo o la sustitución de cultivos.
La única solución viable es ordenar bien la distribución de la población rural dentro de la frontera agraria, para detener la migración campesina hacia la frontera y drenar las colonizaciones coqueras hacia territorios integrados al mercado, con apoyo estatal en provisión de bienes públicos para hacerlos productivos.
Sin coca, las actuales economías periféricas, reguladas por la fuerza de guerrillas o bandas criminales, deberán reducir su población al mínimo que el ecosistema pueda sostener en actividades de conservación y restauración del bosque, ecoturismo y cosechas de subsistencia.
La mayor parte de los cultivos de coca invaden territorios de las minorías étnicas y parques nacionales, que deberán recuperar sus espacios y sanear los resguardos y territorios colectivos de ocupantes ajenos a sus culturas.
Los cultivos ilícitos son la última fase de la colonización campesina en busca de oportunidades de supervivencia. Cuando penetran la selva a lo largo de los ríos, los campesinos encuentran suelos muy viejos y gastados, que han perdido hace milenios la capacidad productiva, y sus alternativas se reducen a la ganadería extensiva de mínimo rendimiento y alto costo ambiental, que la hace insostenible.
Como el campesino no tiene capital para hacer ganadería, su única opción es vender las mejoras a un especulador de tierras, que acumula extensiones para valorizarlas, mientras él avanza un poco más el desmonte de una nueva parcela de selva para repetir el ciclo.
El enfoque territorial del desarrollo rural es el nuevo paradigma que ofrece un criterio acertado de solución para los problemas de ocupación y distribución de la tierra, pues pone el énfasis en la competitividad de cada territorio, que depende de su fertilidad natural y de la infraestructura que lo conecte a los mercados, y postula que los mejores suelos deben tener uso agrícola más intensivo y estar mejor repartidos, mientras la ganadería extensiva de pastoreo debe reducirse a las áreas cuya vocación natural determine esa actividad.
Las colonizaciones coqueras son la expresión final del problema agrario, cuya solución distributiva de la tierra se ha eludido exitosamente gracias a la frontera abierta, que actúa como válvula de escape para la presión campesina sobre la tierra, que se reemplaza con el espejismo de una futura prosperidad que nunca llega por la pobreza productiva de los ecosistemas selváticos.
Por eso los acuerdos sobre cultivos ilícitos en La Habana están íntimamente relacionados con el acuerdo agrario firmado el 26 de mayo, que fortalece la voluntad política de restituir, formalizar y distribuir la tierra a los campesinos.
*Alejandro Reyes Posada
