LOS CAMPESINOS HAN RESISTIDO A todas las formas de violencia y exclusión, desde la violencia desatada por pájaros y chulavitas de los años 50 y 60 hasta las contrarreformas agrarias de los 80 y 90. No sin sangre.
Las movilizaciones de los años 70 en la costa y aquellas de las que el país fue testigo hace dos años muestran su fortaleza, pero también las fuerzas que hoy los acosan desatadas con el libre comercio. En los 90 el arroz y el algodón fueron cultivos perseguidos por el contrabando y por los bajos precios. Con los TLC, las amenazas son aún mayores, con el agravante de que ya no hay tierras libres para colonizar.
Acaba de aparecer el texto de Oxfam “Efectos del TLC Colombia-EE. UU. sobre el agro. Cifras y Personajes”, publicación que muestra la realidad económica y social que enfrenta el campesino. El manejo de las cifras —frías, precisas, incontrovertibles— que hace Fernando Barberi evidencia cómo ha sido golpeada la economía campesina desde las firmas de esos tratados que tanto se mendigaron. La balanza comercial con EE.UU. disminuyó en más de US$4.000 millones un año después de la entrada en vigencia del TLC, y en 10.500 dos años después. Mucho de este déficit fue causado por las importaciones baratas de productos agrícolas gringos, y por la elevación de precios de los insumos producidos por los mismos gringos.
Para completar, las deudas con los bancos tienen a miles de parceleros a punto de perder sus tierras. Prácticamente trabajamos —dicen, entrevistados por Aurelio Suárez, en la parte complementaria del libro— para los bancos, para pagar los insumos y los impuestos. Es muy probable que un campesino parcelario o un colono trabajen muy por debajo del salario mínimo.
El panorama es desmoralizador, sobre todo si se mira hacia delante. Es decir, hacia las posibles soluciones agrarias que se pueden desprender de los acuerdos de La Habana. Tal como se deduce del Plan de Desarrollo apupitrado el miércoles, el Gobierno privilegiará el modelo de las Alianzas Productivas. La mayoría de tierras del Fondo Nacional Agrario terminarán en esas diabólicas alianzas —que lo son—, pero no entre “trabajadores rurales” y grupos económicos, sino entre estos y el sistema bancario. El modelo agrario que ya se está echando a andar es hermano gemelo de los de la gran minería y de la gran ganadería: extractivismo pura sangre. A los campesinos les podrán titular algunas tierras que ya trabajan y devolverles otras que les fueron arrebatadas, e incluso, siendo magnánimo, el Gobierno puede tolerar media docena de Reservas Campesinas. Pero ¿qué futuro tienen estas formas de defensa de la economía campesina con los TLC vigentes? El gobierno Santos dejó fuera de la mesa de La Habana la política económica, y mientras ella rija, maniatada con los TLC, el campesino será siempre un personaje que agríe la fiesta.
Punto y coma. La oposición a la fumigación de cultivos ilícitos crece. Una veintena de ONG, entre ellas Wola* y Change**, están recogiendo firmas para apoyar la recomendación del ministro Gaviria antes de que el CNE decida el 14 de mayo si cierra el chorro de veneno. Los precandidatos del uribismo, el ministro de Defensa y el procurador insisten en que sin glifosato nos ahogaríamos en coca. Se niegan a ver que los cultivos ilícitos florecen porque los legales se marchitan. La fumigación con glifosato es una palanca útil para desplazar campesinos, como lo fueron las motosierras.
* hashtag #NOfumigación
** http://goo.gl/vDWnUi
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LOS CAMPESINOS HAN RESISTIDO A todas las formas de violencia y exclusión, desde la violencia desatada por pájaros y chulavitas de los años 50 y 60 hasta las contrarreformas agrarias de los 80 y 90. No sin sangre.
Las movilizaciones de los años 70 en la costa y aquellas de las que el país fue testigo hace dos años muestran su fortaleza, pero también las fuerzas que hoy los acosan desatadas con el libre comercio. En los 90 el arroz y el algodón fueron cultivos perseguidos por el contrabando y por los bajos precios. Con los TLC, las amenazas son aún mayores, con el agravante de que ya no hay tierras libres para colonizar.
Acaba de aparecer el texto de Oxfam “Efectos del TLC Colombia-EE. UU. sobre el agro. Cifras y Personajes”, publicación que muestra la realidad económica y social que enfrenta el campesino. El manejo de las cifras —frías, precisas, incontrovertibles— que hace Fernando Barberi evidencia cómo ha sido golpeada la economía campesina desde las firmas de esos tratados que tanto se mendigaron. La balanza comercial con EE.UU. disminuyó en más de US$4.000 millones un año después de la entrada en vigencia del TLC, y en 10.500 dos años después. Mucho de este déficit fue causado por las importaciones baratas de productos agrícolas gringos, y por la elevación de precios de los insumos producidos por los mismos gringos.
Para completar, las deudas con los bancos tienen a miles de parceleros a punto de perder sus tierras. Prácticamente trabajamos —dicen, entrevistados por Aurelio Suárez, en la parte complementaria del libro— para los bancos, para pagar los insumos y los impuestos. Es muy probable que un campesino parcelario o un colono trabajen muy por debajo del salario mínimo.
El panorama es desmoralizador, sobre todo si se mira hacia delante. Es decir, hacia las posibles soluciones agrarias que se pueden desprender de los acuerdos de La Habana. Tal como se deduce del Plan de Desarrollo apupitrado el miércoles, el Gobierno privilegiará el modelo de las Alianzas Productivas. La mayoría de tierras del Fondo Nacional Agrario terminarán en esas diabólicas alianzas —que lo son—, pero no entre “trabajadores rurales” y grupos económicos, sino entre estos y el sistema bancario. El modelo agrario que ya se está echando a andar es hermano gemelo de los de la gran minería y de la gran ganadería: extractivismo pura sangre. A los campesinos les podrán titular algunas tierras que ya trabajan y devolverles otras que les fueron arrebatadas, e incluso, siendo magnánimo, el Gobierno puede tolerar media docena de Reservas Campesinas. Pero ¿qué futuro tienen estas formas de defensa de la economía campesina con los TLC vigentes? El gobierno Santos dejó fuera de la mesa de La Habana la política económica, y mientras ella rija, maniatada con los TLC, el campesino será siempre un personaje que agríe la fiesta.
Punto y coma. La oposición a la fumigación de cultivos ilícitos crece. Una veintena de ONG, entre ellas Wola* y Change**, están recogiendo firmas para apoyar la recomendación del ministro Gaviria antes de que el CNE decida el 14 de mayo si cierra el chorro de veneno. Los precandidatos del uribismo, el ministro de Defensa y el procurador insisten en que sin glifosato nos ahogaríamos en coca. Se niegan a ver que los cultivos ilícitos florecen porque los legales se marchitan. La fumigación con glifosato es una palanca útil para desplazar campesinos, como lo fueron las motosierras.
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