LOS CUATRO MUERTOS DE EL POZÓN, un barrio de gente desplazada en Cartagena, no merecieron sino titulares de baranda en los periódicos y una referencia como por no dejar en la radio.
En El Carmen de Bolívar, de donde eran oriundos los muertos, la noticia corrió de corrillo en corrillo y abrió un debate, primero a media voz y, poco a poco, mientras el calor apretaba, la discusión en plaza a grito herido sobre la realidad del posconflicto en Montes de María, una serranía golpeada desde los años cincuenta por la violencia y que ha sufrido las masacres de El Salado, Chengue y Macayepo, llevada a cabo por los paramilitares al mando de alias Cadena y alias El Tigre, protegidos por políticos de la región y con la participación de algún cabo suelto de la Infantería de Marina.
Después de la muerte de Martín Caballero, las Farc no han dejado de sufrir golpes y la Fuerza Pública de avanzar. El balance ha inducido al Gobierno a cantar victoria y a lanzar un plan de consolidación militar llamado Centro de Fusión Acción Integral, que no es otra cosa que una modalidad remozada de la acción cívica militar. La Infantería de Marina dirige a todas las agencias institucionales, desde Acción Social hasta el ICBF, una coordinación que termina siendo dirección autoritaria. Los militares han comenzado a contratar con el sector civil todas las obras de infraestructura carreteras, puentes, escuelas, centros médicos; a realizar brigadas de salud; a organizar asociaciones de campesinos; a divertir a los campesinos con un circo ambulante; y, sorpréndase el país, a dictar talleres sobre Derechos Humanos.
El programa no es otra cosa que la militarización de los programas sociales del Estado. Después de la sangre y el dolor de las masacres, después del aseguramiento militar, ahora se abre camino una operación civil en manos de uniformados. La gente del pueblo mira con escepticismo. Tiene memoria. La Unión Europea, que financia buena parte de las obras sociales, está incomoda con el nuevo socio, pues su cooperación excluye taxativamente la participación de sus programas en planes militares; y para rematar, no son pocos los funcionarios públicos que hacen su oficio a regañadientes.
La aventurada tesis del posconflicto tiene otro bemol: desde hace varios meses, extraños personajes que llegan a los pueblos de los Montes de María a negociar tierras en blindados Hummer. (Los Hummer son carros de combate de la Guerra del Golfo, vendidos hoy comercialmente y odiados por los ambientalistas por la altísima polución que producen). Es decir, llegan a comprar a bajos precios pequeñas propiedades embargadas por los bancos o por los comerciantes. O porque suelen dejar ver sus pistolas y no esconden sus escoltas. Campesinos que lograron salir vivos de la guerra, o que han regresado después de vivir desplazados en las ciudades, son los principales vendedores obligados.
Hay cadenas de intermediarios que proporcionan información comercial confidencial y que pasan por las fincas amenazando con las ‘Águilas Negras’. La cosa no para ahí: grandes y reconocidas compañías de lácteos, de madera y —¡cómo no!— de palma, son las que terminan comprando los predios y formando con ellos respetabilísimas empresas agroindustriales. Todo parecería un plan perfecto si no fuera porque los campesinos se han dado cuenta de por dónde llega el agua al molino y saben, además, contar el terrible camino que han recorrido hasta llegar a las notarías. Tan grave es el asunto que la gobernación de Bolívar ha congelado las ventas de tierra en la región.
Europa, que financia los programas sociales que el Gobierno adelanta en Montes de María y el Macizo Colombiano, entre otras regiones, no puede ser indiferente a este cambiazo institucional. Tampoco el gobierno entrante de EE.UU.: lo que Uribe está haciendo es adelantándose a la reducción de la ayuda militar del Plan Colombia y dándoles a los militares manejo sobre dineros de carácter exclusivamente social. Así, el ministro Santos comenzaría a hacer su campaña electoral y los militares continuarían gozando de las preferencias presupuestales.
