El proyecto sobre el derecho al voto de las Fuerzas Armadas y de Policía que el senador Roy Barreras presentó ha levantado, con justa razón, una polvareda.
La iniciativa no es nueva. De uno y otro lado se ha oreado la tentación de devolverles facultades ciudadanas a los militares. Olaya Herrera les negó el derecho a untarse el dedo porque la alta oficialidad del Ejército era nombrada por los gobiernos de la Hegemonía Conservadora. Y los generales eran, por tanto, grandes electores. Rojas Pinilla, sin haberles devuelto el derecho a elegir, impulsó el famoso binomio Pueblo-Fuerzas Armadas. Lleras Camargo intuyó el peligro de esa pareja y, después de la intentona golpista del 2 de mayo del 58, sentó una doctrina en su famoso discurso del Teatro Patria: Los militares se ocupan de lo militar y los políticos, de lo político. En otras palabras: los militares obedecen, no deliberan. El poder militar está subordinado al poder civil. La tesis tomó desde entonces fuerza de dogma. Pero ¡cuánta ficción se aloja en el pronunciamiento de Lleras Camargo! Los militares deliberan a puerta cerrada y opinan con sus armas a la luz pública. No obstante, no dejan de pronunciarse cuando las decisiones de los gobiernos no les convienen. Recuérdense los casos de los generales Landazábal y Bedoya. Y ténganse muy en cuenta también las directrices que emiten de tanto en tanto los militares en retiro, que son voz cantante de los militares activos.
Desde el Frente Nacional a las Fuerzas Armadas les ha sido delegada la delicada función de controlar –mejor decir administrar– el orden público: su definición, sus límites, sus amenazas, Y, por tanto, la selección de amigos y de enemigos del orden público. Líneas rojas trazadas por la función que EE. UU. asignó al país en el marco de la Guerra Fría. Una gran ventaja para el establecimiento que endosó en ese poder las soluciones políticas a los problemas planteados por los conflictos sociales. Las armas de la República, como se dice, terminaron siendo usadas a discreción por los militares para blindar el establecimiento, y de alguna manera, convertirlo en rehén. Los esfuerzos que ha hecho Santos para aflojar la atadura han sido valientes y la democracia se lo abonará tarde o temprano.
Los militares opinan con sus armas tal como los magistrados opinan con sus sentencias y la Iglesia con sus encíclicas. En el mundo real, y no en la “república aérea”, los políticos imponen su opinión electoral a las Fuerzas Militares y los militares aceptan esa delegación elevando sus demandas estamentales a los políticos. El binomio pueblo-Fuerzas Armadas fue sustituido por el binomio establecimiento-Fuerzas Armadas y en esa dialéctica los militares han impuesto su propia ley no sólo al Gobierno, sino al país. Devolverles a los militares el derecho de votar podría limitar la facultad de opinar con esas armas que los ciudadanos hemos puesto en sus manos para defender los derechos de todos.
Se argumenta que al existir la obediencia ciega de los inferiores a los superiores en la jerarquía militar, los generales negros imponen su opinión sobre los soldados blancos y que eso les daría a los candidatos negros una ventaja sobre sus rivales. ¿Acaso no sucede lo mismo cuando un escuadrón del Esmad carga contra una manifestación de protesta? ¿Acaso no son los generales los que determinan qué y quién atenta contra el orden público y qué entienden ellos por orden público? Al regresar el Ejército a sus batallones el país debe devolverles el derecho a opinar sin armas, como podrán opinar también los guerrilleros al dejar las suyas. Hay un parentesco político en la sincronía de estos derechos.
Alfredo Rangel cree que devolverles a las Fuerzas Armadas el derecho al voto es un ardid para que los familiares de los militares voten a favor de la paz, una especulación que simplemente delata lo que hizo el Centro Democrático en las pasadas elecciones presidenciales: asustar a los familiares de la Fuerza Pública para que votaran a favor de Uribe: 500.000 militares multiplicados por dos es un millón de votos, que en el plebiscito les van a hacer falta.
El proyecto sobre el derecho al voto de las Fuerzas Armadas y de Policía que el senador Roy Barreras presentó ha levantado, con justa razón, una polvareda.
La iniciativa no es nueva. De uno y otro lado se ha oreado la tentación de devolverles facultades ciudadanas a los militares. Olaya Herrera les negó el derecho a untarse el dedo porque la alta oficialidad del Ejército era nombrada por los gobiernos de la Hegemonía Conservadora. Y los generales eran, por tanto, grandes electores. Rojas Pinilla, sin haberles devuelto el derecho a elegir, impulsó el famoso binomio Pueblo-Fuerzas Armadas. Lleras Camargo intuyó el peligro de esa pareja y, después de la intentona golpista del 2 de mayo del 58, sentó una doctrina en su famoso discurso del Teatro Patria: Los militares se ocupan de lo militar y los políticos, de lo político. En otras palabras: los militares obedecen, no deliberan. El poder militar está subordinado al poder civil. La tesis tomó desde entonces fuerza de dogma. Pero ¡cuánta ficción se aloja en el pronunciamiento de Lleras Camargo! Los militares deliberan a puerta cerrada y opinan con sus armas a la luz pública. No obstante, no dejan de pronunciarse cuando las decisiones de los gobiernos no les convienen. Recuérdense los casos de los generales Landazábal y Bedoya. Y ténganse muy en cuenta también las directrices que emiten de tanto en tanto los militares en retiro, que son voz cantante de los militares activos.
Desde el Frente Nacional a las Fuerzas Armadas les ha sido delegada la delicada función de controlar –mejor decir administrar– el orden público: su definición, sus límites, sus amenazas, Y, por tanto, la selección de amigos y de enemigos del orden público. Líneas rojas trazadas por la función que EE. UU. asignó al país en el marco de la Guerra Fría. Una gran ventaja para el establecimiento que endosó en ese poder las soluciones políticas a los problemas planteados por los conflictos sociales. Las armas de la República, como se dice, terminaron siendo usadas a discreción por los militares para blindar el establecimiento, y de alguna manera, convertirlo en rehén. Los esfuerzos que ha hecho Santos para aflojar la atadura han sido valientes y la democracia se lo abonará tarde o temprano.
Los militares opinan con sus armas tal como los magistrados opinan con sus sentencias y la Iglesia con sus encíclicas. En el mundo real, y no en la “república aérea”, los políticos imponen su opinión electoral a las Fuerzas Militares y los militares aceptan esa delegación elevando sus demandas estamentales a los políticos. El binomio pueblo-Fuerzas Armadas fue sustituido por el binomio establecimiento-Fuerzas Armadas y en esa dialéctica los militares han impuesto su propia ley no sólo al Gobierno, sino al país. Devolverles a los militares el derecho de votar podría limitar la facultad de opinar con esas armas que los ciudadanos hemos puesto en sus manos para defender los derechos de todos.
Se argumenta que al existir la obediencia ciega de los inferiores a los superiores en la jerarquía militar, los generales negros imponen su opinión sobre los soldados blancos y que eso les daría a los candidatos negros una ventaja sobre sus rivales. ¿Acaso no sucede lo mismo cuando un escuadrón del Esmad carga contra una manifestación de protesta? ¿Acaso no son los generales los que determinan qué y quién atenta contra el orden público y qué entienden ellos por orden público? Al regresar el Ejército a sus batallones el país debe devolverles el derecho a opinar sin armas, como podrán opinar también los guerrilleros al dejar las suyas. Hay un parentesco político en la sincronía de estos derechos.
Alfredo Rangel cree que devolverles a las Fuerzas Armadas el derecho al voto es un ardid para que los familiares de los militares voten a favor de la paz, una especulación que simplemente delata lo que hizo el Centro Democrático en las pasadas elecciones presidenciales: asustar a los familiares de la Fuerza Pública para que votaran a favor de Uribe: 500.000 militares multiplicados por dos es un millón de votos, que en el plebiscito les van a hacer falta.