Cuando hice las entrevistas para escribir Los Años del Tropel, Rafael Naranjo, alias el Vampiro, me reveló un secreto de la mecánica política de la violencia de los años 1950: Laureano Gómez escribía los editoriales de El Siglo y los “pájaros” del Valle del Cauca los ejecutaban. Los “pájaros” eran una poderosa organización mandada por el célebre Ángel María Lozano, el Cóndor, con el apoyo de la Iglesia de Tuluá, del Directorio Conservador del Valle y de Rojas Pinilla. Llevaron a cabo varias masacres, entre ellas las de El Dovio, La Primavera, y el incendio, y la destrucción de los pueblos de Ceylán y San Rafael, que costaron 300 muertos. Su autor material fue el Vampiro.
La relación entre las armas y las letras no es inocente y por eso es peligrosísima e incendiaria la tesis proclamada a voz en cuello por Fernando Londoño Hoyos como objetivo del uribismo: Hacer trizas el maldito acuerdo de La Habana. Hacer trizas, según la Real Academia Española, significa: “destruir completamente, hacer pedazos menudos algo” y triza es “un pedazo pequeño de un cuerpo”. Es inevitable que cuando se dice trizas, se piense en la motosierra. Trizas se hacen hoy las selvas con la motosierra como antes con el hacha. Trizas se hacen con una hachuela los cuerpos humanos en las casas de pique en Buenaventura. Hechos trizas quedaron los campesinos que los paramilitares mandaron despresar en El Salado, Montes de María; El Tigre, Putumayo; Arenales, Bolívar. En trizas repartieron el cadáver de José Antonio Galán.
¿Cómo leerán los capos de los Urabeños, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), de las Águilas Negras y demás sociedades el mensaje del ubérrimo doctor Fernando Londoño Hoyos? En su último boletín de mayo, las AGC han declarado objetivo militar a los defensores de derechos humanos, reclamantes de tierra, miembros de la Unión Patriótica y de Marcha. A esos asesinos les caen como anillo al dedo los propósitos políticos del Centro Democrático, cuyo presidente honorario es el ínclito varón doctor Londoño.
De otro lado –para decirlo de alguna manera–, ya ha comenzado el bombardeo contra el acuerdo de tierras de La Habana y el objetivo es el tema de los baldíos, que es en el fondo el verdadero problema agrario desde siempre. Todas las medidas, desde las tomadas por el general Reyes en 1904; pasando por la Prueba Diabólica de Abadía Méndez, que obligaba a los propietarios a mostrar los títulos legalizados sobre sus haciendas; siguiendo con la Ley 200 de 1936, la 135 de 1961 y la 160 de 1994, todas –digo– trataron de regular la distribución de baldíos y todas han fracasado porque ni los partidos tradicionales ni el maridaje de los terratenientes con los empresarios han permitido siquiera el levantamiento de un catastro cierto y confiable. Por tanto, la Nación no sabe lo que tiene ni lo que le roban: el 60 % de los predios ocupados están sin título. El Estado protege ese vacío para permitir la ocupación de hecho y facilitar la usurpación de predios sin registrar, como pretenden hacerlo precisamente las Zidres. Cuando el Centro Democrático y Cambio Radical dicen que el acuerdo de La Habana arrasará con la propiedad privada, están diciendo que no se toquen sus baldíos que están ocupando o han sido titulados irregularmente. Cuando los terratenientes hablan de expropiación no incluyen en el término las parcelas campesinas, que son las que ellos expropian.
Es la misma cantaleta que Juan Lozano y Lozano le montó a López Pumarejo durante la Revolución en marcha con la que justificaron los conservadores la Violencia y que usaron Gómez Hurtado para atacar la Reforma Agraria y Guillermo León Valencia para bombardear a Marquetalia.
Hacer trizas los acuerdos sobre tierras tiene una larga historia y unas obligadas consecuencias.
Cuando hice las entrevistas para escribir Los Años del Tropel, Rafael Naranjo, alias el Vampiro, me reveló un secreto de la mecánica política de la violencia de los años 1950: Laureano Gómez escribía los editoriales de El Siglo y los “pájaros” del Valle del Cauca los ejecutaban. Los “pájaros” eran una poderosa organización mandada por el célebre Ángel María Lozano, el Cóndor, con el apoyo de la Iglesia de Tuluá, del Directorio Conservador del Valle y de Rojas Pinilla. Llevaron a cabo varias masacres, entre ellas las de El Dovio, La Primavera, y el incendio, y la destrucción de los pueblos de Ceylán y San Rafael, que costaron 300 muertos. Su autor material fue el Vampiro.
La relación entre las armas y las letras no es inocente y por eso es peligrosísima e incendiaria la tesis proclamada a voz en cuello por Fernando Londoño Hoyos como objetivo del uribismo: Hacer trizas el maldito acuerdo de La Habana. Hacer trizas, según la Real Academia Española, significa: “destruir completamente, hacer pedazos menudos algo” y triza es “un pedazo pequeño de un cuerpo”. Es inevitable que cuando se dice trizas, se piense en la motosierra. Trizas se hacen hoy las selvas con la motosierra como antes con el hacha. Trizas se hacen con una hachuela los cuerpos humanos en las casas de pique en Buenaventura. Hechos trizas quedaron los campesinos que los paramilitares mandaron despresar en El Salado, Montes de María; El Tigre, Putumayo; Arenales, Bolívar. En trizas repartieron el cadáver de José Antonio Galán.
¿Cómo leerán los capos de los Urabeños, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), de las Águilas Negras y demás sociedades el mensaje del ubérrimo doctor Fernando Londoño Hoyos? En su último boletín de mayo, las AGC han declarado objetivo militar a los defensores de derechos humanos, reclamantes de tierra, miembros de la Unión Patriótica y de Marcha. A esos asesinos les caen como anillo al dedo los propósitos políticos del Centro Democrático, cuyo presidente honorario es el ínclito varón doctor Londoño.
De otro lado –para decirlo de alguna manera–, ya ha comenzado el bombardeo contra el acuerdo de tierras de La Habana y el objetivo es el tema de los baldíos, que es en el fondo el verdadero problema agrario desde siempre. Todas las medidas, desde las tomadas por el general Reyes en 1904; pasando por la Prueba Diabólica de Abadía Méndez, que obligaba a los propietarios a mostrar los títulos legalizados sobre sus haciendas; siguiendo con la Ley 200 de 1936, la 135 de 1961 y la 160 de 1994, todas –digo– trataron de regular la distribución de baldíos y todas han fracasado porque ni los partidos tradicionales ni el maridaje de los terratenientes con los empresarios han permitido siquiera el levantamiento de un catastro cierto y confiable. Por tanto, la Nación no sabe lo que tiene ni lo que le roban: el 60 % de los predios ocupados están sin título. El Estado protege ese vacío para permitir la ocupación de hecho y facilitar la usurpación de predios sin registrar, como pretenden hacerlo precisamente las Zidres. Cuando el Centro Democrático y Cambio Radical dicen que el acuerdo de La Habana arrasará con la propiedad privada, están diciendo que no se toquen sus baldíos que están ocupando o han sido titulados irregularmente. Cuando los terratenientes hablan de expropiación no incluyen en el término las parcelas campesinas, que son las que ellos expropian.
Es la misma cantaleta que Juan Lozano y Lozano le montó a López Pumarejo durante la Revolución en marcha con la que justificaron los conservadores la Violencia y que usaron Gómez Hurtado para atacar la Reforma Agraria y Guillermo León Valencia para bombardear a Marquetalia.
Hacer trizas los acuerdos sobre tierras tiene una larga historia y unas obligadas consecuencias.