Cuando el avión saca el tren para aterrizar en El Dorado, en los cerros del occidente y del sur se ven grandes los cráteres que han hecho y siguen haciendo las empresas que explotan gravillas, arenas y calizas.
Por ejemplo, el de La Punta en Subachoque, que se tragó entero la empresa Vinco; otros como los de Mondoñedo rompen a muerte el paisaje del occidente que conocimos como Zabriskie Point. Uno de los cerros tutelares más conocidos, El Tablazo, donde se han estrellado varios aviones, está siendo destrozado a punta de dinamita. En Bogotá, de las 107 canteras existentes sólo siete están autorizadas. En Ciudad Bolívar las canteras de arena y piedra que le roban espacio a la vivienda contaminan el aire y destrozan el cauce natural de las aguas. La cantera de San Antonio, una compañía entre la Arquidiócesis de Bogotá, la Escuela de Caballería y las multinacionales Cemex y Holcim, ocupa 319 hectáreas donde hay un hueco de 40 metros de profundidad que ha hecho cambiar de cauce al río Tunjuelito tres veces y expulsado de los alrededores a cientos de pobladores. Entre 1996 y 2005 el Distrito ha tenido que construir obras de estabilización en Ciudad Bolívar por un costo de 7,7 billones de pesos, mientras las regalías mineras son apenas de 1,2 billones. Las canteras de los cerros han destruido el 60% de los bosques y rastrojos nativos que rodean la capital y el 26% de las tierras de uso agropecuario. La situación es grave, al punto de que en 2012 el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá propuso la eliminación de la explotación de canteras, pero luego la norma fue derogada bajo la presión de las empresas que se lucran con materiales de construcción en los cerros de la Sabana.
En Soacha, donde el 15% de la superficie del municipio está siendo destrozada, la mayoría de estas explotaciones son ilegales, sus licencias están vencidas o carecen de un plan de manejo ambiental. Los títulos legales de minas en Soacha abarcan más de 2.500 hectáreas, que son explotadas de manera inmisericorde por siete grandes empresas.
Hacia el norte, en Chía, Tabio, Tocancipá, Zipaquirá, La Calera, hay heridas en las montañas que nunca podrán ser cicatrizadas. En una de ellas, para cumplirle a la CAR, se han sembrado cuatro pinos. En varios municipios de la región el POT está por reformularse legalmente y desde hace ya meses, las empresas mineras han hecho contratos electorales con todos los candidatos a las Alcaldías para reorientar los planes en favor de sus bolsillos. Lo mismo sucede con las empresas urbanizadoras: contribuyen a las campañas políticas para que los elegidos modifiquen todas las normas que puedan afectar sus planes de enriquecimiento. La plata corre a rodos en contra del medio ambiente, que es la vida de la gente.
El inmediato futuro es negro. La construcción de las nuevas autopistas de cuarta generación necesitará 75 millones de toneladas de piedra, arena, gravilla y recebo: no sé cuánto dinero pueda costar semejante volumen, pero, de todos modos, para eso se vende Isagén.
Frente al desastre que impone el progreso, se levanta alborotando ilusiones un grupo de jóvenes de Ciudad Bolívar que ha organizado un movimiento contra la explotación brutal de recursos mineros para la construcción con el sugerente título de No le saque la piedra a la montaña. Ya hay réplicas: No le saque la arena al río Ariari. Y así se puede seguir…
Cuando el avión saca el tren para aterrizar en El Dorado, en los cerros del occidente y del sur se ven grandes los cráteres que han hecho y siguen haciendo las empresas que explotan gravillas, arenas y calizas.
Por ejemplo, el de La Punta en Subachoque, que se tragó entero la empresa Vinco; otros como los de Mondoñedo rompen a muerte el paisaje del occidente que conocimos como Zabriskie Point. Uno de los cerros tutelares más conocidos, El Tablazo, donde se han estrellado varios aviones, está siendo destrozado a punta de dinamita. En Bogotá, de las 107 canteras existentes sólo siete están autorizadas. En Ciudad Bolívar las canteras de arena y piedra que le roban espacio a la vivienda contaminan el aire y destrozan el cauce natural de las aguas. La cantera de San Antonio, una compañía entre la Arquidiócesis de Bogotá, la Escuela de Caballería y las multinacionales Cemex y Holcim, ocupa 319 hectáreas donde hay un hueco de 40 metros de profundidad que ha hecho cambiar de cauce al río Tunjuelito tres veces y expulsado de los alrededores a cientos de pobladores. Entre 1996 y 2005 el Distrito ha tenido que construir obras de estabilización en Ciudad Bolívar por un costo de 7,7 billones de pesos, mientras las regalías mineras son apenas de 1,2 billones. Las canteras de los cerros han destruido el 60% de los bosques y rastrojos nativos que rodean la capital y el 26% de las tierras de uso agropecuario. La situación es grave, al punto de que en 2012 el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá propuso la eliminación de la explotación de canteras, pero luego la norma fue derogada bajo la presión de las empresas que se lucran con materiales de construcción en los cerros de la Sabana.
En Soacha, donde el 15% de la superficie del municipio está siendo destrozada, la mayoría de estas explotaciones son ilegales, sus licencias están vencidas o carecen de un plan de manejo ambiental. Los títulos legales de minas en Soacha abarcan más de 2.500 hectáreas, que son explotadas de manera inmisericorde por siete grandes empresas.
Hacia el norte, en Chía, Tabio, Tocancipá, Zipaquirá, La Calera, hay heridas en las montañas que nunca podrán ser cicatrizadas. En una de ellas, para cumplirle a la CAR, se han sembrado cuatro pinos. En varios municipios de la región el POT está por reformularse legalmente y desde hace ya meses, las empresas mineras han hecho contratos electorales con todos los candidatos a las Alcaldías para reorientar los planes en favor de sus bolsillos. Lo mismo sucede con las empresas urbanizadoras: contribuyen a las campañas políticas para que los elegidos modifiquen todas las normas que puedan afectar sus planes de enriquecimiento. La plata corre a rodos en contra del medio ambiente, que es la vida de la gente.
El inmediato futuro es negro. La construcción de las nuevas autopistas de cuarta generación necesitará 75 millones de toneladas de piedra, arena, gravilla y recebo: no sé cuánto dinero pueda costar semejante volumen, pero, de todos modos, para eso se vende Isagén.
Frente al desastre que impone el progreso, se levanta alborotando ilusiones un grupo de jóvenes de Ciudad Bolívar que ha organizado un movimiento contra la explotación brutal de recursos mineros para la construcción con el sugerente título de No le saque la piedra a la montaña. Ya hay réplicas: No le saque la arena al río Ariari. Y así se puede seguir…