López Pumarejo - Siempre hay que volver al viejo López— construyó, en un paraje considerado en su momento un más allá de los extramuros de la melancólica Bogotá de chicha y bombín, la ciudad universitaria en un campus enorme de 90 hectáreas verdes donde se levantaron edificios blancos, cómodos, limpios.
Con el tiempo otras construcciones, con líneas diferentes, fueron apareciendo para las nuevas carreras y necesidades. El conjunto es hoy un museo arquitectónico. Para los que estudiamos, peleamos y vivimos en ella, la Nacho era un gran útero del que no podíamos desprendernos. Hoy es un cementerio de edificios en ruinas. La gloriosa Universidad Nacional se cae a pedazos, se hunde como un gran barco en medio de un mar de indiferencia oficial. La mitad de las edificaciones se vienen de bruces solas; dos han tenido que ser desocupadas y, según estudios, casi todas podrían venirse al suelo con un medio temblor. ¿Cuál es el origen de semejante situación?
Digamos que, en principio, se trata de que la Nación, apoyada en la Ley 30 del 92, sólo aporta lo que la norma considera el aumento presupuestal mínimo, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Desde el 93 ese “mínimo” no ha sido modificado, es decir, la plata que recibe la universidad es la misma en términos relativos, pero en términos absolutos las necesidades han aumentado, sobre todo a partir de la proliferación de posgrados —con chorizo tecnológico incluido: laboratorios, bibliotecas, computadores— que impuso el Acuerdo de Bolonia a finales de los 90. Europa creó un plan de estudios que permitía la homologación de títulos en consonancia con el ritmo tecnológico que demandaba el capital. Fácil: se necesitaba abarrotar el mercado de titulados y de sobretitulados para reducir el costo de la mano de obra megacalificada para un mercado sin fronteras, la tal “aldea global”. Colombia no podía quedarse atrás y aparecieron posgrados como crecen los hongos con la lluvia. Las primeras en afrontar el reto fueron las universidades privadas, por razones obvias. La universidad pública fue arrastrada por la creciente y disparó también posgrados a diestra y siniestra. Pero sin plata. O mejor, con plata sacada del bolsillo de los estudiantes. En la UN un posgrado cuesta siete u ocho millones de pesos semestre. Bien vistas las cosas, es una estrategia de privatización de la educación pública. ¿Cómo pagar profesores estrella y toda la parafernalia pedagógica posmoderna sin nuevos recursos estatales? De ahí que la reforma propuesta por Santos esté dirigida a suplir con inversiones privadas lo que se debería hacer con plata pública. La iniciativa fue rechazada por los estudiantes, pero no ha sido engavetada por el Gobierno. Luis Carlos Sarmiento, Pedro Gómez o Amarilo se frotan las manos. Desde el punto de vista meramente físico —lo que es un fiel indicador—, la ciudad universitaria —la amada— necesita dos billones de pesos sólo para ser restaurada. Sobre el asunto, el rector se limita a pasar el trago amargo y proponer, sentado en su abullonado sillón de plumas de ganso, una estampilla con la imagen de Santos Acosta, el más inepto de los generales de las fieras guerras civiles y fundador de la Universidad Nacional.
La pesadilla está viva. La Nacho, la gloriosa de mil batallas perdidas, puede ser feriada en la bolsa inmobiliaria. Pasa con ella como sucede con las viejas casonas declaradas patrimonio nacional: se dejan derruir calculadamente para regocijo de los urbanizadores. Hoy, con el plan de remodelación del CAN, una ancha cincha que protege la universidad por el occidente, quiere ser vendida para construir “buildings” de vivienda privada. Vender lo que hoy son las residencias Camilo Torres, la Rectoría —para nosotros los viejos todavía es Gorgona— y el predio donde se podría construir el urgente Hospital Universitario —y todo lo que la codicia de los urbanizadores requiera— es el proyecto en ciernes. ¿Será que a la larga la Universidad Nacional terminará siendo reconstruida como Zona de Consolidación en la Serranía de La Macarena, que por ley le pertenece?
López Pumarejo - Siempre hay que volver al viejo López— construyó, en un paraje considerado en su momento un más allá de los extramuros de la melancólica Bogotá de chicha y bombín, la ciudad universitaria en un campus enorme de 90 hectáreas verdes donde se levantaron edificios blancos, cómodos, limpios.
Con el tiempo otras construcciones, con líneas diferentes, fueron apareciendo para las nuevas carreras y necesidades. El conjunto es hoy un museo arquitectónico. Para los que estudiamos, peleamos y vivimos en ella, la Nacho era un gran útero del que no podíamos desprendernos. Hoy es un cementerio de edificios en ruinas. La gloriosa Universidad Nacional se cae a pedazos, se hunde como un gran barco en medio de un mar de indiferencia oficial. La mitad de las edificaciones se vienen de bruces solas; dos han tenido que ser desocupadas y, según estudios, casi todas podrían venirse al suelo con un medio temblor. ¿Cuál es el origen de semejante situación?
Digamos que, en principio, se trata de que la Nación, apoyada en la Ley 30 del 92, sólo aporta lo que la norma considera el aumento presupuestal mínimo, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Desde el 93 ese “mínimo” no ha sido modificado, es decir, la plata que recibe la universidad es la misma en términos relativos, pero en términos absolutos las necesidades han aumentado, sobre todo a partir de la proliferación de posgrados —con chorizo tecnológico incluido: laboratorios, bibliotecas, computadores— que impuso el Acuerdo de Bolonia a finales de los 90. Europa creó un plan de estudios que permitía la homologación de títulos en consonancia con el ritmo tecnológico que demandaba el capital. Fácil: se necesitaba abarrotar el mercado de titulados y de sobretitulados para reducir el costo de la mano de obra megacalificada para un mercado sin fronteras, la tal “aldea global”. Colombia no podía quedarse atrás y aparecieron posgrados como crecen los hongos con la lluvia. Las primeras en afrontar el reto fueron las universidades privadas, por razones obvias. La universidad pública fue arrastrada por la creciente y disparó también posgrados a diestra y siniestra. Pero sin plata. O mejor, con plata sacada del bolsillo de los estudiantes. En la UN un posgrado cuesta siete u ocho millones de pesos semestre. Bien vistas las cosas, es una estrategia de privatización de la educación pública. ¿Cómo pagar profesores estrella y toda la parafernalia pedagógica posmoderna sin nuevos recursos estatales? De ahí que la reforma propuesta por Santos esté dirigida a suplir con inversiones privadas lo que se debería hacer con plata pública. La iniciativa fue rechazada por los estudiantes, pero no ha sido engavetada por el Gobierno. Luis Carlos Sarmiento, Pedro Gómez o Amarilo se frotan las manos. Desde el punto de vista meramente físico —lo que es un fiel indicador—, la ciudad universitaria —la amada— necesita dos billones de pesos sólo para ser restaurada. Sobre el asunto, el rector se limita a pasar el trago amargo y proponer, sentado en su abullonado sillón de plumas de ganso, una estampilla con la imagen de Santos Acosta, el más inepto de los generales de las fieras guerras civiles y fundador de la Universidad Nacional.
La pesadilla está viva. La Nacho, la gloriosa de mil batallas perdidas, puede ser feriada en la bolsa inmobiliaria. Pasa con ella como sucede con las viejas casonas declaradas patrimonio nacional: se dejan derruir calculadamente para regocijo de los urbanizadores. Hoy, con el plan de remodelación del CAN, una ancha cincha que protege la universidad por el occidente, quiere ser vendida para construir “buildings” de vivienda privada. Vender lo que hoy son las residencias Camilo Torres, la Rectoría —para nosotros los viejos todavía es Gorgona— y el predio donde se podría construir el urgente Hospital Universitario —y todo lo que la codicia de los urbanizadores requiera— es el proyecto en ciernes. ¿Será que a la larga la Universidad Nacional terminará siendo reconstruida como Zona de Consolidación en la Serranía de La Macarena, que por ley le pertenece?