No es mi tema, pero, por lógica, el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá abre algunas preguntas que no se pueden mirar por el patrioterismo en que andamos.
De entrada, como se ha dicho, Colombia se retira del pacto en retaliación por el fallo de la Corte de La Haya. ¿Busca el presidente mermar la caída libre de su prestigio al perder el país 75.000 kilómetros cuadrados de mar —el doble de la superficie que, decían, se perdía con el despeje del Caguán— y sobre todo quitarle fuerza a la iracundia vesánica de Uribe? El mensaje implícito que me parece peligroso no es sólo el que pueda mandar a otros países, aunque estoy de acuerdo con Laura Gil, que opina que esa decisión podría afectar “130 tratados que contemplan la competencia de la Corte”. Es también la credibilidad con que el Gobierno negocia en La Habana con las Farc y en un futuro cercano con el Eln. Si los alcances de lo que se negocie con la guerrilla dependen de las encuestas de opinión, estamos fritos. ¿Qué solidez pueden tener las garantías que ofrezca el Gobierno si rompe tratados internacionales?
El Pacto de Bogotá se llama “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas”. Lo que implica que es un medio para arreglar sin armas las diferencias con otros países. Y al contrario, retirarse del pacto es darles a las armas un papel, así nos digan que ese retiro no impide suscribir tratados bilaterales. Sí, claro, pero ¿qué le da a un país fuerza para negociar internacionalmente? La fuerza que le den las armas, en primer lugar; la fuerza del respaldo de otras fuerzas políticas, respaldadas también con un potencial bélico sin precedentes, en segundo lugar; y por último, la fuerza económica, que en nuestro caso es menos significativa. En concreto. Supongamos que Nicaragua no pida más mar ni más islotes a la Corte Internacional de Justicia, lo que aún podría hacer puesto que el fallo lo permite, y se avenga a un acuerdo sobre pesca. ¿Cuál puede ser el argumento colombiano diferente al de la equidad, el mismo que usó La Haya? Sólo queda otro: mostrarle los dientes a Nicaragua. Es decir, resolver el diferendo por vías no pacíficas. O amenazar. Quisiera saber qué pasará el día que Colombia saque un par de pesqueros de Nicaragua de las aguas que La Haya le reconoció a este país. No nos digamos otra mentira: el retiro del Pacto de Bogotá pone las armas como palanca de negociación con Nicaragua y con cualquier país con que tengamos problemas. Managua debe tener muy presente el bombardeo al Ecuador ordenado por Uribe y avalado por Santos. ¿Acaso las armas no han sido la norma para arreglar nuestros problemas domésticos? Todas las leyes desde la 200 del 36 han sido birladas por los terratenientes respaldados por las armas oficiales. Difícil citar un caso en que la Fuerza Pública saque a un terrateniente de un predio invadido. Llorar ahora porque el fallo perjudica a los pescadores de Santa Catalina es puro fariseísmo. ¿Cuándo el Gobierno se ha preocupado porque las aguas del Magdalena o del Cauca estén envenenadas con desechos de la industria o de la minería y que están acabando con el bocachico, el bagre y el moncholo? La pesca en el río Magdalena pasó de 80.000 toneladas al año en los 70 a menos de 8.000 hoy. ¿Quién llora por los pescadores? ¿Por qué no cierran la fábrica de armas de Indumil que envenena las aguas del río Bogotá, o le cancelan la licencia a la Gran Colombia Gold en Marmato, que bota mercurio y cianuro al Cauca?
¿Apelar a vías no pacíficas para arreglar diferencias internacionales no justifica de manera indirecta el levantamiento armado contra un tratado como es una Constitución? Hay algo que no cuadra en la lógica diplomática del Gobierno. ¿Será por esto que los tratadistas en derecho internacional han calificado la decisión de Santos de “valiente y arriesgada”? Y contradictoria, digo yo.
No es mi tema, pero, por lógica, el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá abre algunas preguntas que no se pueden mirar por el patrioterismo en que andamos.
De entrada, como se ha dicho, Colombia se retira del pacto en retaliación por el fallo de la Corte de La Haya. ¿Busca el presidente mermar la caída libre de su prestigio al perder el país 75.000 kilómetros cuadrados de mar —el doble de la superficie que, decían, se perdía con el despeje del Caguán— y sobre todo quitarle fuerza a la iracundia vesánica de Uribe? El mensaje implícito que me parece peligroso no es sólo el que pueda mandar a otros países, aunque estoy de acuerdo con Laura Gil, que opina que esa decisión podría afectar “130 tratados que contemplan la competencia de la Corte”. Es también la credibilidad con que el Gobierno negocia en La Habana con las Farc y en un futuro cercano con el Eln. Si los alcances de lo que se negocie con la guerrilla dependen de las encuestas de opinión, estamos fritos. ¿Qué solidez pueden tener las garantías que ofrezca el Gobierno si rompe tratados internacionales?
El Pacto de Bogotá se llama “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas”. Lo que implica que es un medio para arreglar sin armas las diferencias con otros países. Y al contrario, retirarse del pacto es darles a las armas un papel, así nos digan que ese retiro no impide suscribir tratados bilaterales. Sí, claro, pero ¿qué le da a un país fuerza para negociar internacionalmente? La fuerza que le den las armas, en primer lugar; la fuerza del respaldo de otras fuerzas políticas, respaldadas también con un potencial bélico sin precedentes, en segundo lugar; y por último, la fuerza económica, que en nuestro caso es menos significativa. En concreto. Supongamos que Nicaragua no pida más mar ni más islotes a la Corte Internacional de Justicia, lo que aún podría hacer puesto que el fallo lo permite, y se avenga a un acuerdo sobre pesca. ¿Cuál puede ser el argumento colombiano diferente al de la equidad, el mismo que usó La Haya? Sólo queda otro: mostrarle los dientes a Nicaragua. Es decir, resolver el diferendo por vías no pacíficas. O amenazar. Quisiera saber qué pasará el día que Colombia saque un par de pesqueros de Nicaragua de las aguas que La Haya le reconoció a este país. No nos digamos otra mentira: el retiro del Pacto de Bogotá pone las armas como palanca de negociación con Nicaragua y con cualquier país con que tengamos problemas. Managua debe tener muy presente el bombardeo al Ecuador ordenado por Uribe y avalado por Santos. ¿Acaso las armas no han sido la norma para arreglar nuestros problemas domésticos? Todas las leyes desde la 200 del 36 han sido birladas por los terratenientes respaldados por las armas oficiales. Difícil citar un caso en que la Fuerza Pública saque a un terrateniente de un predio invadido. Llorar ahora porque el fallo perjudica a los pescadores de Santa Catalina es puro fariseísmo. ¿Cuándo el Gobierno se ha preocupado porque las aguas del Magdalena o del Cauca estén envenenadas con desechos de la industria o de la minería y que están acabando con el bocachico, el bagre y el moncholo? La pesca en el río Magdalena pasó de 80.000 toneladas al año en los 70 a menos de 8.000 hoy. ¿Quién llora por los pescadores? ¿Por qué no cierran la fábrica de armas de Indumil que envenena las aguas del río Bogotá, o le cancelan la licencia a la Gran Colombia Gold en Marmato, que bota mercurio y cianuro al Cauca?
¿Apelar a vías no pacíficas para arreglar diferencias internacionales no justifica de manera indirecta el levantamiento armado contra un tratado como es una Constitución? Hay algo que no cuadra en la lógica diplomática del Gobierno. ¿Será por esto que los tratadistas en derecho internacional han calificado la decisión de Santos de “valiente y arriesgada”? Y contradictoria, digo yo.