POR MEDIO DE LA DIRECTIVA PRESIdencial 01 de marzo de 2009, el gobierno de Uribe echó a andar un programa de consolidación de la acción del Estado, sobre el supuesto de que la guerra estaba superada, las guerrillas derrotadas y los paramilitares reinsertados.
Se habían acabado las penas. Los inversionistas podían traer sus capitales con plena confianza y los ríos de leche y miel correr por regiones donde antes el Estado no podía entrar. Pasó un poco de agache la orden, pero con el tiempo y el aval de Naciones Unidas y de Cooperación de EE.UU. y de Holanda, el proyecto se hizo más conocido. Hoy cubre 86 municipios en 11 departamentos con 200.000 kilómetros de extensión y con cuatro millones de habitantes. La tesis consiste en coordinar las agencias del Estado bajo el mando de un consejo compuesto por el consejero presidencial para la Acción Social, el fiscal general de la Nación, el ministro de Defensa Nacional, el comandante de las Fuerzas Militares, el director general de la Policía Nacional y el director del DAS. En otras palabras, cuatro funcionarios civiles –dos con mando militar y uno de inteligencia– y dos militares. Estos señores deciden lo que se debe hacer, quién debe hacerlo y a quién se le dan los contratos para hacerlo. Con el gobierno de Uribe, el nuevo organismo era explicable; al fin y al cabo se trataba de una pata más de la Seguridad Democrática.
Después de la acción de los paramilitares en los últimos 25 años, con 175.000 muertos a sus costillas, se está tentado a concluir que la supuesta consolidación militar institucional necesitó una fase previa de consolidación paramilitar sobre la cual se organiza hoy el nuevo plan, que no es otra cosa que la vieja y clásica estrategia de acción cívico-militar. Desde la vergonzosa participación de Colombia en la Guerra de Corea, los militares están empeñados en institucionalizar la acción cívico-militar. Los generales Puyana y Valencia Tovar fueron los más fervientes defensores de esta estrategia de naturaleza esencialmente castrense. No se trata de subordinar lo militar a lo social, sino todo lo contrario, y por tanto de dirigir, como una fase más de la guerra, la acción civil del Estado.
El resultado del Plan Nacional de Consolidación ha sido francamente desastroso. Las cifras lo dicen. Según el Informe Codhes 2010, una tercera parte de la población desplazada en este año –91.500 personas– lo fue de las zonas de consolidación; la mitad de las masacres registradas en todo el país ocurrieron en zonas de consolidación y costaron 92 vidas, a las que hay que sumar 176 víctimas de homicidios selectivos, todas ultimadas por sicarios. En 62 de los 86 municipios del plan operaron al menos ocho grupos paramilitares, en 30 hubo presencia de las Farc y en cuatro del Eln.
El gobierno de Santos ha sostenido —creo que con dudas por un lado y presiones por otro— el esquema heredado de Uribe. Los Centros de Consolidación y Acción Integral (CCAI) existen y el Plan Nacional de Desarrollo los adoptó con una modificación: serán zonas de restitución y titulación de tierras y de acogida a la población desplazada. El argumento de esta política es simple: hay que proteger a los beneficiarios de las leyes que espera sacar adelante el gobierno en los próximos meses. Se entiende que sobre ellos pende la amenaza de muerte, hecha realidad en 40 campesinos vinculados a la reclamación de sus bienes. La protección es razonable y necesaria. La Fuerza Pública tiene la obligación de defender a todos los ciudadanos y, sobre todo, a los más amenazados. En este punto no hay discusión. Lo que no se entiende y no ha sido justificado es por qué razón los militares forman parte mayoritaria de la gestión de programas sociales. ¿Acaso en esas “zonas verdes”, como las rebautizó el presidente Santos, no reina el orden social? ¿Cómo explicarle a la opinión pública que los militares terminen decidiendo a quién se le da tierra y a quién no? ¿A quién se permite ir a la escuela y a quién al puesto de salud? Porque ellos actuarán con base en sus informes de inteligencia para privilegiar a unos y castigar a otros.
POR MEDIO DE LA DIRECTIVA PRESIdencial 01 de marzo de 2009, el gobierno de Uribe echó a andar un programa de consolidación de la acción del Estado, sobre el supuesto de que la guerra estaba superada, las guerrillas derrotadas y los paramilitares reinsertados.
Se habían acabado las penas. Los inversionistas podían traer sus capitales con plena confianza y los ríos de leche y miel correr por regiones donde antes el Estado no podía entrar. Pasó un poco de agache la orden, pero con el tiempo y el aval de Naciones Unidas y de Cooperación de EE.UU. y de Holanda, el proyecto se hizo más conocido. Hoy cubre 86 municipios en 11 departamentos con 200.000 kilómetros de extensión y con cuatro millones de habitantes. La tesis consiste en coordinar las agencias del Estado bajo el mando de un consejo compuesto por el consejero presidencial para la Acción Social, el fiscal general de la Nación, el ministro de Defensa Nacional, el comandante de las Fuerzas Militares, el director general de la Policía Nacional y el director del DAS. En otras palabras, cuatro funcionarios civiles –dos con mando militar y uno de inteligencia– y dos militares. Estos señores deciden lo que se debe hacer, quién debe hacerlo y a quién se le dan los contratos para hacerlo. Con el gobierno de Uribe, el nuevo organismo era explicable; al fin y al cabo se trataba de una pata más de la Seguridad Democrática.
Después de la acción de los paramilitares en los últimos 25 años, con 175.000 muertos a sus costillas, se está tentado a concluir que la supuesta consolidación militar institucional necesitó una fase previa de consolidación paramilitar sobre la cual se organiza hoy el nuevo plan, que no es otra cosa que la vieja y clásica estrategia de acción cívico-militar. Desde la vergonzosa participación de Colombia en la Guerra de Corea, los militares están empeñados en institucionalizar la acción cívico-militar. Los generales Puyana y Valencia Tovar fueron los más fervientes defensores de esta estrategia de naturaleza esencialmente castrense. No se trata de subordinar lo militar a lo social, sino todo lo contrario, y por tanto de dirigir, como una fase más de la guerra, la acción civil del Estado.
El resultado del Plan Nacional de Consolidación ha sido francamente desastroso. Las cifras lo dicen. Según el Informe Codhes 2010, una tercera parte de la población desplazada en este año –91.500 personas– lo fue de las zonas de consolidación; la mitad de las masacres registradas en todo el país ocurrieron en zonas de consolidación y costaron 92 vidas, a las que hay que sumar 176 víctimas de homicidios selectivos, todas ultimadas por sicarios. En 62 de los 86 municipios del plan operaron al menos ocho grupos paramilitares, en 30 hubo presencia de las Farc y en cuatro del Eln.
El gobierno de Santos ha sostenido —creo que con dudas por un lado y presiones por otro— el esquema heredado de Uribe. Los Centros de Consolidación y Acción Integral (CCAI) existen y el Plan Nacional de Desarrollo los adoptó con una modificación: serán zonas de restitución y titulación de tierras y de acogida a la población desplazada. El argumento de esta política es simple: hay que proteger a los beneficiarios de las leyes que espera sacar adelante el gobierno en los próximos meses. Se entiende que sobre ellos pende la amenaza de muerte, hecha realidad en 40 campesinos vinculados a la reclamación de sus bienes. La protección es razonable y necesaria. La Fuerza Pública tiene la obligación de defender a todos los ciudadanos y, sobre todo, a los más amenazados. En este punto no hay discusión. Lo que no se entiende y no ha sido justificado es por qué razón los militares forman parte mayoritaria de la gestión de programas sociales. ¿Acaso en esas “zonas verdes”, como las rebautizó el presidente Santos, no reina el orden social? ¿Cómo explicarle a la opinión pública que los militares terminen decidiendo a quién se le da tierra y a quién no? ¿A quién se permite ir a la escuela y a quién al puesto de salud? Porque ellos actuarán con base en sus informes de inteligencia para privilegiar a unos y castigar a otros.