Hace unos meses la Contraloría descubrió que la anterior cúpula de la Policía Nacional compró, “para transportar tropas”, un jet de lujo que costaba máximo US$9 millones, pero que los generosos oficiales tasaron en US$12 millones, y el proceso de adquisición fue más oscuro que las conciencias de quienes dirigieron la entidad en los tiempos del estallido social. Han pasado los días y, mientras el ente de control fiscal define responsabilidades individuales e institucionales, a la actual dirección de la Policía le dio por autorizar el uso del jet, con lo cual le echa tierra a la investigación para taparla y les tira un salvavidas a quienes adelantaron esta llamativa operación comercial, pues reduce el daño fiscal no al precio total de la compra, sino al sobrecosto de la aeronave.
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Un documento de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, fechado el 8 de junio de 2023, informa que el avión Legacy 600 ha realizado tres vuelos este año. El primer registro está por 6,8 horas de vuelo, tuvo una carga de 4.522 libras y transportó 30 pasajeros; el segundo tuvo por misión trasladar a 30 personas VIP con una carga de 1.704 libras y el viaje fue de 3,8 horas, y el tercer vuelo aparece reseñado con el rótulo de “convenios”. Fue de 4,5 horas, tuvo una carga de 1.104 libras y transportó a 33 personas. Con este sencillo oficio la Policía dejó rastro de la manera como contrarió una de las primeras órdenes que dio el recién elegido presidente.
En un trino del 22 de junio de 2022, el presidente electo Petro escribió: “Todo avión que se compre para instituciones públicas en estas semanas se vuelve a vender. Le solicito al presidente Duque suspender esas compras”. Algunos creen que esta instrucción solo aplicaba a aviones de combate, porque el jet fue recibido por la Policía “a satisfacción” el 15 de marzo de 2023. Una decisión polémica por lo que ya se conoce sobre la manera como fue comprado el avión. La Policía tenía, en octubre de 2021, un plan de adquisición de una flota aérea de seis aviones, todos pensados para patrullaje aéreo, transporte logístico y traslados de tropa. Sin embargo, el sábado 1.° de enero de 2022, ocho meses antes de que acabara el gobierno de Iván Duque, el general Hoover Penilla se apareció presuroso en las oficinas de la dirección de la Policía para finiquitar la orden de compra de la nueva flota de aviones de la entidad. Ese mismo día el entonces subdirector de la Ponal decidió ajustar la referencia del Embraer que se iba a adquirir y con el cambio de tres letras y tres números pasó de un avión de briega a un jet de lujo.
Lo peor es que la compra se hizo no mediante la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S. A. (CIAC), sino a través de una unión temporal de tres empresas, dos fundadas en Arauca para asuntos agropecuarios y obras civiles (con serios cuestionamientos), y una minoritaria conocedora del sector, pero con trazas de relaciones con sectores políticos. Además, la Contraloría evidenció que la Policía compró el peor ejemplar posible por el más alto costo, pues existían en el mercado dos modelos más nuevos de aviones de la misma referencia, pero con menos horas de vuelo y varios millones de dólares más baratos. Con estos hallazgos y viniendo del gobierno anterior, todo hacía pensar que la actual administración iría hasta las últimas consecuencias para identificar a los policías responsables de la operación, a los funcionarios de nivel ministerial que acolitaron esta desfachatez, a quienes desde los órganos de control prometieron encubrir el negocio y a los empresarios avaros que se fueron hasta Letonia en busca del jet Legacy 600 más caro del mercado. Pero no fue así. Lo que parece estar ocurriendo es que decidieron blanquear el negociado y ocupar el jet de la Policía con personal VIP, cuando, además, esa función la tiene jurídicamente solo la Fuerza Aérea. Más parece que están haciendo maniobras de alto riesgo para proteger a los “aviones” que compraron el jet.
