Mientras en las principales bolsas de valores del mundo se comercializan bonos de carbono como una herramienta contra la deforestación y la crisis climática, en Colombia algunos piratas han visto en ellos un jugoso negocio que incluye despojo de los territorios de comunidades negras e indígenas, y una eficiente técnica para romper a las comunidades y meterles el tractor del “desarrollo” entre sus casas y selvas. Pasa en el Pira-Paraná, a donde los mercachifles de los bonos de oxígeno han llegado con tulas de plata para comprar los liderazgos a cambio de contratos de explotación del bosque a 15 y 30 años. Y también está pasando a lo largo del litoral Pacífico. En Buenaventura, por ejemplo, tres consejos de comunidades negras padecen un calvario desde el día que les abrieron la puerta a estos comerciantes de ilusiones.
La historia del despojo, disfrazado de protección ambiental, ocurre en los consejos comunitarios de Raposo, Mayorquín y Anchicayá, en área rural de Buenaventura. A estos territorios colectivos de comunidades negras, todos con títulos, llegaron en 2019 unos “paisas” con la idea de que iban a trabajar por los menos favorecidos. Dijeron que traían regalos para los niños, talleres para las señoras y comida para los viejitos. La gente, en su nobleza y necesidad, les abrió una puerta. Hoy, cuatro años después, los “generosos empresarios” dicen tener propiedad sobre 14.000 hectáreas, blanden un papel espurio conseguido con un amigo notario y un corrupto de la Oficina de Instrumentos Públicos, y montaron un proyecto de bonos de oxígeno que cobró retroactivamente hasta 2010 el trabajo de conservación de la gente que ha habitado allí.
El caso ya ha sido elevado a la Unidad de Restitución de Tierras, a la Agencia Nacional de Tierras, al Ministerio del Interior, a la Superintentendecia de Notariado y Registro, al Ministerio de Ambiente, al de Hacienda, a la Defensoría, la Procuraduría, mejor dicho, a toda la institucionalidad. El problema es que en este despojo también tienen metida una pata la institucionalidad, los cacaos del Valle del Cauca y los pulpos de los bonos de oxígeno. La empresa dueña del proyecto se llama Tángara y es una de las grandes comercializadoras de aire, bien cabría decir humo, del país. Dicha empresa apareció en el territorio en 2019 diciendo ser ocupante del predio Loma de Auca, cuando el título colectivo Mayorquín fue adjudicado en 1999 sin oposición de terceros y sin registro de que dentro de él hubiera propietarios privados. La comunidad asegura que los títulos exhibidos por la empresa se derivan de una falsa propiedad, aprovechada por el señor Óscar Javier Peláez Gonzales, quien figura como representante legal de la Sociedad Tángara Forest SAS ZOMAC.
El señor Peláez asegura que sus socios en este proyecto son: el Zoológico de Cali, Cotelco, el Jardín Botánico de Cali y la Corporación Regional del Valle del Cauca. Paralelamente al litigio territorial, los empresarios han desarrollado una estrategia perversa: comprar la conciencia de líderes para dividir a las comunidades. También han dispuesto de 50 puestos de trabajo solo para quienes sean aceptados por el dirigente corrompido. El resultado ha sido un cisma comunitario entre quienes defienden a la empresa, porque defienden su lonchera, y quienes se oponen a ellos porque defienden su territorio, su unidad, su integridad. Bien lo explica Evangelista Arangón Cuero: “No es que nos opongamos a que se generen proyectos de desarrollo comunitario, ni que estemos en desacuerdo con los bonos de oxígeno. A lo que nos oponemos es a que lleguen a metérsenos al territorio entrando por el techo y no por la puerta, y que ahora quieran quedarse con un pedazo del jardín. Eso no es desarrollo, eso es despojo”. Casos como el de Buenaventura están ocurriendo en el Amazonas, en el Pacífico y en la Orinoquia, donde las selvas que la gente ha cuidado ahora son vistas como un botín por algunos empresarios cuyo principal recurso para entrar al territorio es dividir a la gente que lo habita y protege.
Fe de errores. En la versión inicial de esta columna se dijo que Tángara era una filial de Biofix, compañía que negó esta aseveración y aclaró que su papel en este proyecto fue “en calidad de consultor, ejecutando labores para el diseño y la formulación de una iniciativa de mitigación”. En razón a esta nota aclaratoria se modificó el texto original de la columna por petición del columnista.