Uno de los más viejos anhelos de las clases política y empresarial es regular la consulta y el consentimiento previos, libres e informados que rigen para cualquier decisión o proyecto que afecte a los pueblos étnicos en Colombia. Este derecho, consagrado como una obligación internacional del Estado colombiano, ha sido el david que resiste el embate de un goliat hambriento de convertir en cemento la selva y los esteros. No pocas veces ha sido la letra menuda que los congresistas que legislan a favor de empresas mineras o de agroindustria omiten con la ilusión de brincarse a pueblos indígenas y negros. La consulta ha sido un obstáculo a ese “modelo de desarrollo” —si se le puede llamar así a la ley del embudo que opera en beneficio de pocos y en detrimento de muchos— que todos los gobiernos, desde 1998 hasta hoy, han tratado de socavar.
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Y claro, el gobierno actual, socarrón y malintencionado, ha aprovechado la pandemia para juntar fuerzas contra esta consulta. Por un lado, caramelea a un sector indígena proclive a cambiar espejos por oro, y por el otro, teje un entramado jurídico que, mediante directivas presidenciales y una propuesta de decreto presidencial, apunta a convertir el derecho a decidir de los pueblos étnicos en un procedimiento que puedan controlar el Estado y las empresas.
Para ello, los “doctores” y asesores jurídicos del Ministerio del Interior han cercado con sugerentes propuestas a la Mesa Permanente de Consulta, donde tienen asiento las cinco organizaciones indígenas más fuertes del país, para ver cómo le tuercen el pescuezo al convenio 169 de la OIT. Algunas veces lo hacen con atrevidas y amenazadoras iniciativas —no muy eficaces en estos terrenos— y otras con disuasivos argumentos presentados por abogados respetados por las organizaciones.
El caballo de Troya se esconde tras el título de “Protocolo de coordinación interinstitucional para la consulta previa”. Un documento de cinco páginas atiborradas de numerales que conectan con otros decretos y otras leyes, aludiendo a parágrafos y artículos que son, en realidad, un reguero de cifras separadas por puntos. La propuesta viene alzando vuelo a través de algunos indígenas que, al estilo de la Malinche, que le permitió a Cortés conquistar el imperio azteca, van de resguardo en resguardo pintando riquezas de humo a cambio de su paisaje.
Pero hay un pueblo viejo —que lleva 430 años toreando con colonizadores— que le pilló las orejas al lobo. El Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo-Lomaprieta, ubicado en Caldas, envió recientemente un comunicado a la Mesa Permanente de Concertación expresando sus temores a lo que viene ocurriendo en este espacio de consulta a los pueblos indígenas. La carta, a la que se sumó el CRIC, rechaza tajantemente la propuesta de reglamentación y advierte que en dicha Mesa se adelanta un golpe de Estado al Mandato del Movimiento Indígena de Colombia, reunido en la Cumbre de Pensamiento ocurrida en Chinauta en noviembre de 2020.
“Las empresas mineras, agroindustriales y agentes estatales continúan promoviendo las fracturas organizativas y el debilitamiento de las autonomías a través del abuso del derecho, el uso abusivo de la fuerza y el fomento de estigmatización y discursos de odio racistas”, aseguraron los mayores de Cañamomo y Lomaprieta y dieron algunos datos recientes inquietantes para entender el momento que viven los pueblos indígenas y el riesgo que implica perder en esta Mesa las luchas que han dado: “Entre el año 2016 y febrero de 2020 han asesinado a más de 300 indígenas vinculados con la defensa de derechos territoriales y formas de vida colectivas; más de 85 masacres cometidas en 2020 y seis masacres en lo corrido de 2021 generan terror en todo el mundo rural; más de 35.000 indígenas contagiados de COVID-19 y 1.208 fallecidos, entre ellos autoridades políticas y espirituales (…). Todo, en medio de la ocupación territorial por parte de grupos paramilitares, el Eln, narcotraficantes, disidencias de las Farc y fuerza pública”. Más claro imposible.
