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El paro nacional del 2019 y el estallido social del 2021 desnudaron un conflicto generacional que se fermentó a fuego lento por décadas en ciudades como Bogotá, Cali e Ibagué. Los jóvenes salieron a las calles con toda la rabia que su desesperanza les permitió. Salieron contra la reforma tributaria del Gobierno Duque, pero protestaban también contra Santos, Uribe, Pastrana, Samper y Gaviria. Protestan contra el Estado en su conjunto, contra una sociedad que los rechaza, los margina y los persigue. Contra una fuerza pública que los ve como carne de cañón, como vándalos o como drogadictos. La juventud colombiana está acosada por un sistema que no les brinda garantías de desarrollo personal, social y económico, y que, más encima, los persigue, los desprecia, los señala.
Y naturalmente que esta criminalización de la juventud se da con mayor fuerza contra los jóvenes urbanos de barrios populares. Los mismos que a finales del 2019 se tomaron las calles de Bogotá y velaron a Dilan Cruz. Los mismos que en medio de la pandemia, enloquecidos por el encierro y el hambre, se lanzaron a quemar los CAI de sus barrios porque la policía había asesinado a Javier Ordóñez; vieron una oportunidad de cobrarles las palizas, las requisas, los putazos, las sacadas de los parques.
Los adultos de estos barrios vieron horrorizados a los pelaos reunidos en los parques, donde escuchaban música, cantaban, fumaban marihuana y pintaban grafitis. Los colectivos que surgieron de esas jornadas de protestas entraron de inmediato en conflicto con las juntas de acción comunal, con los comerciantes barriales, con las viejitas que asisten a misa. Un conflicto que no es por partidos políticos ni por clases sociales, sino entre los jóvenes y el resto del mundo que los quiere ver de corbata, sin hacer ruido, católicos, casados, con hijos: adultos. Pero de esas jornadas quedó un germen en las callejuelas de Bosa, Soacha, Suba, la Usaquén de los pobres y cientos de barrios de toda la ciudad. Los jóvenes habían salido a la calle, volvieron a la calle y la quieren de vuelta.
Así pasa en Bosa Comuneros, donde varios colectivos de jóvenes, entre ellos Golpe Barrio y Distreestyle, que se juntaban a cantar hip hop en el parque, se ganaron un proyecto para hacer un festival de freestyle, una tienda cultural y un disco de hip hop. El proyecto obtuvo una beca de Idartes y un apoyo de la Alcaldía local. Los pelaos decidieron construir una plataforma en guadua a la que llamaron El Bicho. El diseño fue una creación colectiva en colaboración con Arquitectura Expandida, que trabaja desde el urbanismo activista para facilitar la apropiación del espacio público y la generación de espacios de encuentro bajo la premisa de la autoconstrucción. El 3 de abril del 2022 instalaron El Bicho en el parque metropolitano El Porvenir y al terminar el festival lo dejaron allí para sus viernes de freestyle, tal como lo habían propuesto en la beca.
El Bicho se volvió el rey de la colmena. Los pelaos escampaban en él del sol y de la lluvia, se juntaban a charlar, a tomar, a fumar, a cantar, e incluso otros usuarios del parque, como madres comunitarias, empezaron a apropiarse de la estructura. A la institucionalidad los jóvenes le parecieron bichos raros y les echó a la policía para que destruyera la plataforma. Los pelaos se opusieron y empezó un arduo camino de desgaste por la interacción con las entidades distritales, que les insistían a los pelaos que si querían poner algo en el parque tenían que pedir un permiso. El conflicto escaló e Idartes, que les había dado la beca, amenazó declarar el incumplimiento del proyecto; los pelaos quedaron en absoluto desconcierto, pero siguen defendiendo su Bicho. Los jóvenes empezaron a buscar cuál es el permiso, pero nadie sabía. Al final encontraron que no hay permiso que sirva para lo que ellos hacen. Entró la Secretaría de Gobierno a mediar y consiguió un permiso que va hasta el 30 de diciembre de 2022, fecha en que, si nada extraordinario ocurre, todos los bichos raros de Bosa Comuneros se quedarán sin el parque El Porvenir y sin viernes de freestyle.
