Defendiendo la democracia, maestro

Iván Duque ha sido un gobernante tan mediocre como peligroso. Dedicó la primera parte de su gobierno a atacar el Acuerdo de Paz y a su antecesor; la segunda, a saquear el erario con contratos, convenios y cuanta prerrogativa encontró a favor de sus amigos, y el remate está siendo la peor desinstitucionalización que hayamos conocido. Lo que han hecho Duque y su banda en estas elecciones raya con lo ilegal. Duque acabó con la moralidad pública mediante una grosera e inconstitucional intervención en política electoral y no le bastó con poner la Presidencia al servicio de una campaña, sino que puso a la Fiscalía y a la Procuraduría a seguirle la cuerda. Sembró tal ambiente de caos, que ocurrió lo que nunca habíamos visto: al comandante del Ejército declarándole la guerra a un candidato.

Lo que hizo Zapateiro la semana pasada es la expresión de lo que ocurre en los cuarteles y en un sector social afecto al totalitarismo que considera que no se puede cuestionar a las Fuerzas Armadas sino solo aplaudirlas. No se les puede hacer preguntas sino venias. Reacciona con violencia, aupado por Duque, quien para la ocasión se disfraza de camuflado y saca los pompones de barrabrava. Así han actuado desde que surgió la duda sobre lo ocurrido en el Alto Remanso, Putumayo. Les molestó que las familias se atrevieran a pedir, en medio de su tragedia, que a su ser querido asesinado no le pusieran botas ni camuflado. Les dio cólera que alguien levantara la mano para decir que a quien asesinaron el 28 de marzo no era un guerrillero sino un civil. A las preguntas han contestado con gritos.

Para ellos, militares y funcionarios de este Gobierno, la sola duda es una ofensa. Quieren demostrar que tienen razón a través de informes de inteligencia que ellos mismos elaboran y manipulan a su antojo. Consideran que quien no vista el uniforme no tiene derecho al buen nombre y al debido proceso. Un discurso que, para mayor desgracia democrática, ha estado apoyado por algunas personalidades públicas y por un sector del periodismo. Me refiero en concreto a Enrique Gómez, el procaz candidato de su abuelo, que consideró que poner en duda la versión oficial me convertía en abanderado del narcotráfico y la guerrilla. Sus palabras me preocupan y me dan lástima. ¿Será que no se ha dado cuenta de que un acto de intolerancia al pensamiento distinto al suyo fue lo mismo que llevó al asesinato de su tío Álvaro Gómez Hurtado? Ningún asesinato tiene justificación.

Lo propio hizo Semana, siguiendo la tesis de que al Ejército no se le pone en duda ni se le hacen preguntas, y que quien lo hace es automáticamente guerrillero o narco. La situación me hizo recordar los seguimientos que le hizo la Policía a Vicky Dávila, con quien tengo irreconciliables diferencias intelectuales, pero que en su momento consideré una víctima de la persecución y la estigmatización por hacer su trabajo. Qué rápido olvidó el día que la graduaron de enemiga de la Fuerza Pública y le metieron micrófonos hasta en su cama para perseguirla desde lo personal y no debatir sus hallazgos periodísticos. Me resisto a creer que para ella es impresentable que un periodista dude de la versión de un funcionario público y acuda al lugar de la noticia para reconstruir lo ocurrido. Y es que si no fuera por quienes dudan de las versiones oficiales, este país no sabría que hubo un tiempo en que soldados asesinaron a 6.402 ciudadanos para pasarlos por guerrilleros, crímenes por los que hoy un general en Ocaña estará asumiendo su responsabilidad y pidiendo perdón a las víctimas.

Tampoco se habría conocido que también el Estado es responsable de los asesinatos de 5.733 militantes de la Unión Patriótica, partido surgido de un acuerdo de paz y que a algunos les pareció que debía desaparecer por ser de izquierda. Es increíble que en un país que ha pagado con tantos muertos la estigmatización haya personas con altas responsabilidades en los medios o el poder a quienes no les importe sino la persecución y el asesinato de quienes sólo portamos un lápiz para expresar pensamientos. Un ambiente enrarecido, alentado por un mal Gobierno y un peor presidente a los que, justificados en la “libertad de expresión”, no les ha importado lanzar por la borda el equilibrio de poderes que sostiene nuestra golpeada democracia.