Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La historia de Antioquia y la cultura paisa le deben mucho de lo que son al campesinado de pequeñas parcelas. A ese que se lanzó a la colonización de hacha y mula en busca de tierras para sembrar comida y que en su travesía no solo cultivó la tierra, sino el alma misma de una forma de vivir y ver la vida. Hombres y mujeres —sobre todo mujeres— que le dieron contornos a un sistema económico, social y cultural particular que hoy está bajo amenaza por el “desarrollo”, por la angurria de los grandes capitales, por la hiperurbanización y la megaconectividad.
Campesinos de ladera, de cercanías —como se les conoce—, que alimentan a Medellín y su Feria de las Flores, pero que corren grave riesgo de desaparecer ensanduchados por dos sistemas que avanzan sobre sus tierras. De un lado, las políticas de protección ambiental se han cimentado sobre la tesis purista de que la única manera de proteger es con bosques sin gente o, mejor, sin campesinos, porque a estos los quieren urbanizados, sisbenizados y contratados como guardabosques. Y del otro avanza, a vertiginoso ritmo, la expansión urbana con hambre de tierra para alimentar los intereses inmobiliarios de las constructoras.
Medellín tiene poco más de 38.000 hectáreas de tierras, divididas en cinco corregimientos. La zona urbanizada tiene una tercera parte en la que viven cerca de 2’500.000 personas, otro tercio está dedicado a la conservación de áreas naturales, y poco más de 11.000 hectáreas, a la producción campesina de medias laderas, donde viven unas 50.000 personas campesinas. Es decir, cerca del 70 % de las tierras de Medellín son parte de la ruralidad de los cinco corregimientos: San Sebastián de Palmitas, San Antonio de Prado, San Cristóbal, Altavista y Santa Helena.
Sin embargo, las políticas públicas se concentran en atender los problemas de la zona urbana, de la Medellín de las comunas en que sueñan las constructoras convertir todo el Valle de Aburrá y lo están consiguiendo por dos vías. El avance de la ciudad produce un aumento hiperbólico de los precios de las tierras y el campesino, muchas veces empobrecido por los costos de producción y la usura de los intermediarios, termina por vender sus pequeñas parcelas que se convierten —con más fuerza después de la pandemia— en fincas de descanso o mansiones de los ricos que se cansaron de la polución y los trancones de Medellín.
Y por otro carril, que también aprieta a los campesinos, viene el aumento de los impuestos prediales que están haciendo que la gente que no tiene con qué pagarlos ceda ante la buena oferta de los urbanizadores y deje así de ser campesino, para engordar los cinturones de miseria de las comunas que no quieren atender desde El Poblado, y se convierta así en mano de obra para la industria. Ahora bien, ante el catastrófico panorama, un movimiento de campesinos de ladera, atados a la economía de cercanía, viene tomando fuerza en los corregimientos rurales y tiene visto el salvavidas a su cultura: el Distrito Rural Campesino.
Una figura que se incluyó en el Plan de Ordenamiento Territorial 2014-2026, que contiene disposiciones que constituyen una verdadera salvaguarda a la economía campesina de cercanías. El proyecto, según Héctor Manuel Lugo, coordinador de la Corporación Penca de Sábila —que se ha jugado a fondo en este sueño de tierra—, está planteado en cinco fases que tienen cimientos sólidos en un acuerdo del Concejo y una resolución de la Alcaldía de Medellín en 2019. Se han surtido dos de las cinco fases y solo hace falta la voluntad política que se traduce en asignación directa de recursos para iniciar la implementación de una figura única en el país, que podrá garantizar la pervivencia de la economía campesina, y con ella de la soberanía alimentaria de Medellín y hasta el abastecimiento de la Feria de las Flores, con la que tanto sacan pecho sin siquiera darle garantías a la gente ni meterle plata.
